|
|
|
|
|
|
|
|
|
 El general
retirado Cristino Nicolaides quedó detenido ayer en Córdoba por orden del juez Adolfo
Bagnasco, quien le tomará declaración hoy en las instalaciones del Juzgado Federal Nº 2
de esa ciudad. El magistrado tomó esa medida para garantizar la presencia del represor,
dado que "en las últimas horas empezó a poner una serie de excusas para no
comparecer", aseguró a Página/12 una fuente judicial. Nicolaides había
solicitado que el jefe del Ejército, Martín Balza, se haga presente hoy en la audiencia
para relevarlo del "secreto militar" y así permitirle declarar.Nicolaides había presentado ayer un escrito ante el juez Alejandro Sánchez Freytes, mediante el cual invocó ese compromiso castrense para no declarar, salvo que Balza lo relevara en persona del mismo y le indicara qué podía decir y qué no "ya que lo que iba a contar durante la declaración son secretos militares". El magistrado cordobés remitió el escrito a Bagnasco, vía fax. En los tribunales federales porteños la apelación al "secreto militar" fue interpretada como una "mera chicana" sin posibilidades de prosperar. Una alta fuente judicial consultada por Página/12 recordó que Nicolaides había manifestado su voluntad de ser interrogado, cuando le hizo saber a Bagnasco que reconocía la legitimidad de la investigación en la que está imputado, por lo cual sorprendió un poco esta actitud, "pero es evidente que está poniendo excusas para no presentarse". Por tal motivo, el juez habría preferido asegurarse que hoy lo tendrá ante sí y ordenó su detención. Nicolaides pasó la noche en dependencias de Gendarmería de Córdoba. El último jefe del Ejército durante la dictadura desplegó una estrategia defensiva que habría irritado al juez. Había sido convocado inicialmente a declarar el 21 de diciembre y no concurrió alegando problemas de salud, que luego certificaron los médicos forenses. Volvió a faltar el 5 de enero, pero esta vez envió al juzgado un certificado médico y un escrito en el que consignó que "es saludable que se investigue el tráfico de niños". Nicolaides se puso en la vereda opuesta de sus ex camaradas --también imputados-- al expresar que "esos delitos nunca fueron juzgados". El argumento de la "cosa juzgada" es el preferido de los militares involucrados en ésta y otras causas similares. Pese a sus dolencias, otorgó una entrevista al noticiero de Canal 13. Ayer el militar sostuvo que su delicado estado de salud no le permitía trasladarse desde su casa hasta el juzgado de Sánchez Freytes, y le pidió a Bagnasco que lo interrogue en su domicilio, ubicado en el exclusivo barrio Cerro de Las Rosas, en la capital mediterránea. Pero esto también fue rechazado. La comitiva integrada por Bagnasco, el fiscal Miguel Angel Osorio, la secretaria federal Adriana Scoccia y el prosecretario Gustavo Russo partirá a Córdoba desde el aeroparque Jorge Newbery, a bordo de un avión del Ejército Argentino. Nicolaides había sido intimado para que designara un abogado que lo represente, y ayer rechazó la asistencia del defensor oficial, Luis Molina. Se presume que Alejandro Zeverín, representante legal de la familia y amigo del ex comandante, será nombrado para patrocinar al acusado. Los delitos que se le imputan --asociación ilícita, sustracción de menores, supresión de estado civil y sustitución de identidad-- no son excarcelables, pero Bagnasco podría beneficiar a Nicolaides otorgándole el arresto domiciliario, dado que el represor tiene 73 años. Los abogados, que representan a seis Abuelas de Plaza de Mayo, explicaron en su escrito de querella que Nicolaides es uno de los responsables de haber otorgado impunidad al plan sistemático de apropiación de los hijos de los detenidos nacidos en cautiverio. El ex jefe del Ejército fue uno de los firmantes del "Documento Final sobre la Lucha Antisubversiva", que dio por muertos a todos los desaparecidos. Pero además, en 1983 ordenó la destrucción de todos los documentos que podían haber servido de prueba para incriminar a los responsables de la represión ilegal desplegada por los sucesivos gobiernos militares, desde 1976 hasta 1983. Nicolaides estuvo procesado por la masacre de Margarita Belén, pero se benefició con la Ley de Obediencia Debida, lo cual no impidió que --por las dudas-- el presidente Carlos Menem lo incluyera en los indultos dictados en 1989.
|
