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 La decisión
de la guerrilla de seguir usando al secuestro como arma política puso el primer
obstáculo serio, que puede ser definitivo, al diálogo con el gobierno colombiano que se
desarrolla en el caserío de La Machaca, en las selvas del sur del país. El “Mono
Jojoy” (Jorge Briceño), líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), anunció ayer que no descartan secuestrar políticos para acelerar el
programa de canje de prisioneros. Las agendas de negociación puestas sobre la mesa por
las FARC y por el gobierno demostraron que tienen prioridades diferentes y hasta
contradictorias, e hicieron peligrar, una vez pasadas las primeras oportunidades
fotográficas, el encuentro de paz iniciado el jueves pasado. Desde que se inició la
conferencia de paz en la selva colombiana, los paramilitares derechistas iniciaron una
exitosa caravana de la muerte que ya se cobró casi 200 víctimas.La iniciativa gubernamental fue titulada “Una Política de Paz para el Cambio”, mientras que la guerrilla conservó su tradicional decálogo “Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional” cuya plena vigencia renovó el ya legendario líder “Tirofijo” (Pedro Antonio Marín) en su mensaje del pasado 7 de enero, al inicio del encuentro del diálogo en el corazón de la zona desmilitarizada de 42.000 km2 bajo la supervisión de las FARC. Y la primera discrepancia estuvo ya en el primer punto. Para el gobierno, el punto número uno es el fin de los secuestros; para las FARC, el principal problema son los paramilitares de derecha, están apoyados logísticamente –así lo sospechan– por el ejército. Los paramilitares, bajo las órdenes de su líder Carlos Castaño, no enfrentan directamente a la guerrilla de izquierda: prefieren asesinar a campesinos a los que declaran favorables o bien dispuestos hacia las FARC. “A nosotros nos importan un carajo la Constitución y las leyes, porque estamos fuera de ellas”, manifestó ayer el Mono Jojoy. Y amenazó con secuestrar a políticos para que el Gobierno y el Congreso aprueben una ley que permita el canje permanente de prisioneros con la guerrilla. Las FARC mantienen cautivos desde el año pasado a 350 efectivos gubernamentales, que aspiran a canjear por 450 presos de la organización. “Si esa es la posición pues no habría diálogo”, dijo ayer a los periodistas el presidente colombiano Andrés Pastrana. Quien advirtió, sin embargo, que el Mono Jojoy no es el negociador de las FARC. Los legisladores que deberán tramitar en el Congreso la posible ley de canje denunciaron las amenazas del Mono, y aseguraron que no contribuyen al proceso de paz. “Es como si colocáramos unos tanques de guerra frente al Congreso para empezar a discutir”, definió el senador Juan Martín Caicedo, del Partido Liberal, opositor, dentro del bipartidismo colombiano, al Conservador en el gobierno. En cuanto a la otra prioridad del gobierno de Bogotá, el desarme, no es una posibilidad actual para las FARC, según señaló el Mono. “El fusil es el garante de los acuerdos que se firmen”, concluyó. Las FARC rechazaron que su organización esté involucrada en el narcotráfico, y dicen que invitaron a delegados de Estados Unidos a visitar los cultivos de coca en regiones bajo su dominio. La sombra que la diferencia de agendas arroja sobre el futuro del diálogo de paz fue inmediatamente deplorada por los observadores políticos. El ex consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Armando Borrero, afirmó que pedir de entrada a la guerrilla que suspenda los secuestros significaría “que ya hizo la paz”. Para el politólogo Alejo Vargas, el gobierno se limita a desear condiciones para reformas futuras, mientras que las FARC quieren reformas concretas ya. Fuentes del ex frente guerrillero M-19 coincidieron con muchos analistas en un punto central: la agenda del gobierno excluye a la sociedad civil, que será en definitiva la que deba legitimar los acuerdos.
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