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Por Pablo Ferreira "Se ha
desatado un estado de incertidumbre social sobre el sistema de salud y sus
usuarios." El duro diagnóstico fue disparado ayer por la Cámara de Instituciones
Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara) y la Asociación de Entidades de
Medicina Prepaga (Ademp). Las cámaras pusieron el grito en el cielo tras recibir de la
Justicia la negativa a tratar durante la actual feria su rechazo a la aplicación del IVA
sobre este servicio. En tanto, los tres millones y medio de beneficiarios afectados, salvo
escasas excepciones que todavía no han paladeado la reforma, están recibiendo en forma
directa en sus facturas el aumento provocado por el impuestazo.Los representantes de este sector, que factura alrededor de 2200 millones de pesos al año, deploraron la decisión de la jueza María José Sarmiento en una conferencia de prensa en la que participaron --entre otros-- Pablo Giordano, titular de Ademp, y el director de Cimara Eduardo Franciosi, del Exxel Group. "No es lógico afirmar que el tema no tiene urgencia", dijeron aludiendo a los argumentos de la magistrada para diferir el reclamo judicial. Sarmiento resolvió anteayer que las razones invocadas por las empresas no permiten suponer "que la decisión del Tribunal que entiende en la causa no pueda ser dictada en el curso normal del trámite de la acción de amparo promovida". Al respecto, Giordano destacó que la aplicación del IVA decidida por la ley de reforma tributaria, e incrementada al 21 por ciento por un veto presidencial de fines de diciembre pasado, genera un "efecto cascada" en los beneficiarios "comparable al de las épocas de inflación". Quienes tienen planes más altos --explicó el ejecutivo-- buscan coberturas de menor precio sacrificando sobre todo los servicios de hotelería (internaciones en sanatorios). En tanto, no pocos de los que tienen planes más bajos no lograrán mantenerse y les quedarán como posibilidades volver a la obra social que mantenían o, en caso contrario, recurrir al hospital público. Al mismo tiempo, ese razonamiento le sirvió al presidente de Ademp para vaticinar la frustración recaudatoria que padecerá el Gobierno con esta medida. "No se logrará la recaudación que se pretende, hay un error conceptual, porque creen que basta con multiplicar los ingresos del sector por el 21 por ciento. No es así y, además, el efecto cascada aumentará los déficit de las obras sociales y los gastos del hospital público", advirtió el directivo. Giordano lamentó que se llegara a la actual situación, no obstante las conversaciones mantenidas desde comienzos de 1998 con el Poder Ejecutivo y los legisladores. Las empresas de medicina prepaga ya han presentado ante la Justicia cerca de un centenar de demandas agrupadas en cinco expedientes. Las demandas comprenden a todas las empresas privadas y beneficiaría, en particular, a las prepagas líderes como AMSA, SPM (Exxel Group), Medicus, Swiss Medical y Docthos. Entre las cinco concentran hoy más del 30 por ciento de los afiliados y el 38 por ciento de la facturación del sector. Una declaración emitida ayer por Cimara y Ademp previene sobre "las graves consecuencias sociales y económicas que ocasiona la demora en resolver el litigio judicial en trámite". El reclamo de las prepagas ante la Justicia apunta a que se declare la inconstitucionalidad de las normas que establecieron el IVA sobre su actividad. Según especificó Gregorio Badeni, asesor legal de estas empresas, la solicitud es concretamente la "exención en forma total del tributo". "Nuestro apuro por una decisión judicial --destacó Badeni-- es que, además del daño irreparable que se produce día a día a empresas y asociados, el fisco nunca devuelve los impuestos recaudados." A propósito, señaló que los usuarios podrán recuperar el aumento, de fallar a favor la Justicia, recién en el 2000 y sin reconocimiento de interés alguno por la demora.
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