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| Por Daniel Rolando Desde Córdoba  ”La
causa tomará un signo impensado si se llega a la documentación que este país busca
desde hace veinte años. El general Nicolaides dejó inventariada esa información”,
aseguró el abogado del general retirado Cristino Nicolaides, en relación a los archivos
sobre la represión ilegal que el militar ordenó destruir en 1983. Consultado por el
lugar en el que se encontraría la documentación referida a los desaparecidos, el letrado
dijo que “es hora de preguntarle a (Martín) Balza”. El último jefe del
Ejército durante la dictadura declaró durante cuatro horas ante el juez federal Adolfo
Bagnasco y quedó detenido en la delegación cordobesa de la Gendarmería Nacional. El
magistrado podría otorgarle el beneficio del arresto domiciliario. Está acusado de
asociación ilícita, sustracción de menores, supresión de estado civil y sustitución
de identidad, en la causa que investiga la sustracción sistemática de menores durante la
dictadura.Nicolaides estuvo diecisiete horas detenido en la sede de la Delegación Córdoba de Gendarmería Nacional. Ayer fue trasladado desde allí a los tribunales federales cordobeses para la indagatoria. A las 11.30 de ayer, visiblemente preocupado, pisó el despacho del juez Alejandro Sánchez Freytes. Antes del inicio de la audiencia, Bagnasco interrogó –por primera vez en la causa– a una hija de desaparecidos (ver aparte). En las inmediaciones de los tribunales federales de Córdoba un pequeño grupo de militantes de los derechos humanos encabezados por la delegación local de H.I.J.O.S. y de Familiares de Desaparecidos realizó un acto de repudio contra Nicolaides, y denunciaron “intimidaciones” por parte de la policía. “Nos dijeron que si en la protesta arrojábamos huevos nos iban a meter en cana”, dijo a Página/12 un integrante de H.I.J.O.S. “De todos modos nuestro objetivo está cumplido, estamos aquí para repudiar al genocida.” Pasado el mediodía comenzó la indagatoria. En una sala contigua al tribunal aguardaron –con gestos adustos– los hijos de imputado, junto a un grupo de periodistas. Daniel Nicolaides defendió enfáticamente la imagen de su progenitor. “Lo único que puedo decir es que mi padre es un abuelo y un padre ejemplar, y después de tantos años de vivir estas historias para nosotros es muy duro, pero toda la familia confía en la Justicia”, dijo. El médico de la Gendarmería, comandante principal Carlos Ossella, asistió al represor y lo auscultó en un par de oportunidades. “Está en perfecto estado de salud, aunque un poco cansado por el trajín”, dijo a Página/12. Si bien no trascendió el contenido de las respuestas, Sánchez Freytes aseguró que “Nicolaides contestó todas las preguntas del juez porteño y del fiscal Miguel Angel Osorio, y además, presentó un informe”. A las dieciocho concluyó el trámite y el general retirado regresó a su prisión. Según fuentes judiciales cordobesas “es un lugar que reúne las condiciones necesarias acordes a su edad y a las dolencias que sufre”. El abogado Alejandro Zeverín que representa a Nicolaides aseguró ayer que el actual jefe del Ejército sabe dónde están los archivos de la represión, que su defendido inventarió. La Justicia le pedirá a Nicolaides que aporte tal información. En cuanto a Balza, en junio de 1988 reconoció a la prensa que existieron instrucciones para la lucha antisubversiva -heredadas de los Estados Unidos– que mencionaban el proceder que los represores debían adoptar en el caso de los niños. Pero siempre negó que en el seno de la fuerza que él comanda exista documentación alguna. Ahora, un antecesor en el cargo lo señala en sentido contrario. Sánchez Freytes había designado al abogado Luis Eduardo Molina como defensor de oficio, pero cuando el militar fue detenido buscó los servicios de Alejandro Zeverín, un abogado vinculado al Tercer Cuerpo de Ejército, “empleado de los militares hasta 1985”, según un colega del letrado. “Lamentablemente todavía quedan reaccionarios como Zeverín .-dijoa Página/12 Agustín Fino, de H.I.J.O.S.–. Este es el mismo abogado al que desde España llamó desesperado el diputado (Humberto) Roggero cuando casi quedó detenido por el juez Baltasar Garzón, para pedirle asesoramiento”. Zeverín adelantó a este diario la intención de su cliente de presentarse ante el juez español para prestar declaración testimonial. “Quiere contar todo lo que sabe, porque los ilícitos existieron y desea dejar en claro que él no tiene nada que ver”, explicó el abogado, y agregó que “la estrategia de la defensa de Nicolaides pasa por una cuestión “jurídica y no política”. Nicolaides es el octavo militar detenido en la causa por la apropiación de hijos de desaparecidos, junto al dictador Jorge Rafael Videla, su par de la primera Junta Militar, Emilio Eduardo Massera, los almirantes Rubén Franco y Antonio Vañek y los marinos Jorge “Tigre” Acosta, José Suppicich y Héctor Febres.
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