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Por Irina Hauser  A sus 76 años,
Concepción Esmeralda Caparra habita una casa humilde en el barrio de Flores y deposita su
fe a diario en una iglesia evangélica. Nunca se lo hubiera imaginado: mientras luchaba
contra la falta de dinero y jubilación estuvo dos años y dos meses nombrada como
directora del ex Concejo Deliberante. Se enteró el día que la citó la Justicia. Alguien
había usado su nombre para cobrar un sueldo de 2447 pesos. Su testimonio comprometió al
ex concejal de la UCR Norberto Larrosa pero, junto con otros, fue anulado el 22 de
diciembre por orden del juez Alberto Baños. Sin embargo, las extrañas disposiciones del
magistrado no quedaron ahí: también decidió que tomará indagatoria a 697 personas
relacionadas con la famosa causa de los “ñoquis” de la vieja institución
legislativa. A esa instancia se llega cuando hay serias sospechas de que alguien cometió
un delito. Por eso sorprende que la lista de citaciones incluya a Caparra, quien pasó de
testigo clave a sospechosa. Pero no es el único caso así en el fárrago de nombres. Y
las preguntas se multiplican al no figurar ex concejales y directivos que sí habían sido
imputados por la fiscalía. La historia de Concepción se hizo pública y resultó una de las más emblemáticas de la investigación judicial sobre los nombramientos truchos en el ex Concejo Deliberante. Se trata de una causa iniciada en 1996, que resume los inusitados alcances de la financiación ilegal de la política, y en la que un equipo de fiscales comandado por Norberto Quantín y formado por Augusto Troncoso, Horacio Amelotti, Mónica Cuñarro, Marcelo Roma y Joaquín Gaset, juntó evidencias sobre la responsabilidad de funcionarios de varios partidos en designaciones de personas a las que engañaban y las hacían figurar en cargos altos o de familiares y amigos que cobraban sin trabajar. La nueva orden de Baños de indagar a casi 700 personas es peculiar. De la lista, a la que tuvo acceso Página/12, se desprende que obvió citar a los ex concejales y autoridades claves del desaparecido Concejo cuya indagatoria había sido solicitada por los fiscales en base a pruebas obtenidas. Pero además, sin elementos incriminatorios ni pedido de los investigadores, Baños citó como sospechosas a muchas de las personas que habían aportado pruebas contra ex concejales. Estarán exentos de indagatoria, por ejemplo, Rubén Gabriele, actual vicepresidente del bloque radical de la Legislatura porteña, Gustavo Posada (UCR), hoy director de Participación y Gestión y Héctor Cantilo (UCR), empleado en la Legislatura, pese a que los fiscales aseguran que cobraron unos 150 sueldos a nombre de personas que nunca trabajaron en el organismo. Larrosa, viejo puntero del radicalismo, corre igual suerte aunque le atribuyan más de 100 ñoquis, incluido otro ejemplo famoso, el de Artemio Silvestre Martínez. Habitante de una villa en Lugano, mientras lograba rebusques en el Club Atlético Sacachispas, Martínez (que no sabe leer ni escribir) le pidió a Larrosa, titular de entidad deportiva, que sus cuatro chicos accedan a las vacunas. Pero sin saberlo puso su huella dactilar como firma en un nombramiento, también de director del Concejo. Baños tampoco llamó a Jorge Pirra, ex concejal por la UCeDé, ya procesado por enriquecimiento ilícito, quien percibió sueldos a nombre del peluquero Raúl García, de Ana María Gómez y de Graciela de Genaro. También se salvaron el ex concejal del PJ Juan Carlos Suardi y su secretaria, Graciela Wybrecht, quienes hicieron aparecer como empleada a Graciela Sábado y el ex concejal justicialista Domingo Sandá que habría cobrado sueldos con los nombres de Teresa de Jesús Grasso y de Adolfo Hugo Gómez. Este último declaró que siempre fue taxista, que jamás estuvo afiliado a un partido y que sólo alguna vez la unidad básica del PJ de San Telmo le pagó 80 pesos para que llevara y trajera gente para votar en una interna. Por estos y más motivos los fiscales habían culpado a los ex concejales de los delitos de peculado (desvío de fondos en provecho propio), que tiene penas de hasta 10 años de prisión, y de estafa, que acarrea hasta 6 años de cárcel. Inclusive especificaron que la estafa al Estado sería de 1.120.000 pesos comprobables (creen que como mínimo serían 3 millones). Cuñarro llegó a pedir que se indagara al jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, porque habría tenido como jardinero en su quinta a un empleado del Concejo. Finalmente los que irán al banquillo serán el changarín, la señora Sábado, el taxista, el peluquero y la evangelista, entre otros. “Sólo se ataca a los que están quemados”, interpretó un allegado a la causa. De los más de veinte funcionarios que la fiscalía quería indagar pocos serán interrogados: Luis Alberto Sánchez (UCR), Humberto Bonanata (UCR) ex presidente de bloque y actual puntero de De la Rúa, José Manuel Pico (PJ) está en la cárcel por otros delitos, Claudia Cabezón, Braulio Feliú (UCR) y a los radicalísimos Juan y Eduardo Trilla. Para funcionarios judiciales, este desenlace fue, en parte, la reacción del juez ante un durísimo recurso de “queja por retardo de justicia” (ver aparte) presentado por Cuñarro y Amelotti a mediados de noviembre. En la presentación reclamaban que avanzara la acción judicial, estancada durante más de un año. La respuesta de Baños, al cabo de un semana, fue anular el valor de casi 100 testimonios tomados por los fiscales, medida que fue apelada. Al enterarse a través de este diario que su declaración había sido anulada, Norberto Guerra, de 32 años, creyó enloquecer. En marzo de 1997 descubrió en un archivo del comité radical de Flores, donde colaboraba, que había recibos de sueldo del ex Concejo con su nombre pero firmados por Gabriele. “Yo jamás trabajé en ese lugar –aseguró–, encontré dos recibos falsos y en los allanamientos aparecí en otros.” Guerra no está citado a indagatoria y, curiosamente, no lo está ninguno de los otros supuestos damnificados por Gabriele. A Julio César Salvadores, de 66 años, lo habían “nombrado” director, pero lo desconocía. “Trabajé en el Concejo con Gabriele en tareas barriales de verificación de baches y esas cosas. A los tres meses me dijo que no me necesitaba más”, relató. Salvadores siguió colaborando igual con la UCR, pero enfureció al empezar a recibir resúmenes de una AFJP a su nombre y con el número de CUIT del Concejo. Baños, un hombre a quien varios allegados vinculan al titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, prometió que empezará las 697 indagatorias en febrero. Pero la pregunta del millón es cuándo y cómo las terminará. “Nunca”, respondió una fuente irreprochable que sabe que este juez ya pidió al menos en 20 ocasiones la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal que amplía la potestad investigativa de los fiscales. Así las cosas, suponiendo de muy buena fe, sugirió el mismo funcionario, “que el juez quiera sacar pruebas de las indagatorias para después pasar a indagar a los personajes importantes, no terminará nunca y logrará infundir miedo a las personas citadas. El caso del ex concejal Posadas, por ejemplo, pronto prescribirá y así seguirá la cadena”.
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Norberto Guerra, un
ñoqui involuntario.
Rubén Gabriele, concejal imputado.