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Ariel Garbarz, contratado por el Gobierno, porteño
sostiene que la SIDE está en
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Por Irina Hauser  La Secretaría de
Inteligencia de Estado (SIDE) está en carrera por sacarse de encima cualquier
responsabilidad en las escuchas ilegales al jefe de Gobierno Porteño, Fernando de la
Rúa. Preocupado por tomar distancia, Hugo Anzorreguy le deslizó a “Clarín”
que el organismo recibió una carta del FBI que decía que el aparato utilizado para
pinchar los teléfonos de la jefatura de Gobierno son accesibles a cualquier persona y se
pueden comprar por Internet. Esta teoría pretende descalificar el diagnóstico que
realizó para De la Rúa el ingeniero Ariel Garbarz después de chequear sus líneas
telefónicas. El consultor dice que el espionaje se practicó con un aparato al que sólo
acceden los gobiernos. Y ayer agregó otra prueba que, a su entender, lo respalda:
“un documento obtenido por un técnico de Telefónica de Argentina que muestra que
las líneas de De la Rúa están ‘chupadas’ con el método usado para las
intervenciones oficiales”. Lo cierto es que estos cruces de acusaciones no hubieran
sido necesarios si el juez Alberto Baños, que lleva la causa judicial desde hace un año,
hubiera avanzado en la pesquisa. La primera denuncia sobre pinchaduras telefónicas al jefe de Gobierno Porteño se remonta a un año atrás. La causa, en la que De la Rúa acusaba a Eliseo Roselló (un radical aparentemente resentido) de espionaje quedó a cargo del juez Baños, a quien en Tribunales curiosamente identifican como amigo del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy. A mitad de año, cuando se conocieron las escuchas a los hijos de De la Rúa y se los acusó de utilizar su apellido para aprobar materias, la demanda cobró nuevo impulso. Por entonces, el ahora candidato a presidente, contrató a Garbarz para que fiscalizara sus teléfonos. El ingeniero explica que el aparato con que aún están interferidas siete líneas de la jefatura de Gobierno se llama STG-TDM 9990 y sólo puede obtenerlo y usarlo el Gobierno Nacional. La Side (supuestamente apuntalada por el FBI) hizo trascender entonces que ese artefacto es accesible a cualquier mortal y basta ver, ejemplificaron, la dirección de Internet glassguard.com que exhibe catálogos y permite hacer encargos on line. El secretario de Gobierno porteño, Enrique Mathov, dijo enardecido a este diario: “El Estado es responsable de cualquiera de estos aparatos. Carlos Menem es quien debe aclarar quién espía a cualquier habitante. No esperamos una respuesta de la SIDE sino del Estado”. De este modo, el cruce de acusaciones entre los unos y los otros no hace más que poner de manifiesto a un gran ausente que preocupa a los abogados que cuidan los intereses radicales. “La causa judicial no avanza”, señaló a Página/12 Fernando Díaz Cantón y dio como ejemplo que no se hizo ninguna pericia oficial, la única forma (al margen de los informes hechos por Garbarz) de rastrear a los autores materiales e intelectuales de las escuchas. “Si llegan a aparecer informes que tengan fiabilidad como prueba pero se contradigan ahí sí el juez va a estar obligado a ordenar peritajes. Por lo pronto parece que la SIDE está tratando de evitar desprestigiarse”, planteó el abogado. Días atrás, De la Rúa puso todos los datos recabados por Garbarz en conocimiento del juez. Pero ayer el ingeniero agregó otro que, dijo a Página/12, le suministró un técnico de la empresa Telefónica de Argentina que prefirió el anonimato. “Esta persona rescató de la central telefónica de Telefónica que presta servicio a las líneas de la jefatura de Gobierno, un documento que muestra que la línea 342-3139 está pinchada con el método que se usa para intervenciones provenientes de orden judicial. Encontró el protocolo técnico que lo demuestra: “MONTI: SNB=3423139;:ORDERED :CON; MONITORING ESTABLISHED”. Esa es la clave que evidencia que la línea está siendo monitoreada”, explicó Garbarz. “Se está utilizando la red oficial de cables instalados a partir del decreto 333 del Poder Ejecutivo”, afirmó el ingeniero, también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y profesor de la UBA y la UTN. El técnico de Telefónica aseguró que halló “un cable por el que viajan 32escuchas telefónicas simultáneas desde el edificio de Telefónica de Argentina de Corrientes 707 hacia el de la SIDE de Billinghurst entre Melo y Las Heras. Todo esto confirmaría que el Gobierno Nacional es el autor mediato de las escuchas ilegales”. “¿Está por haber elecciones en Argentina?”, preguntó entre risas un hombre que dijo llamarse Gustavo Troncoso y ser presidente de Glassguard Corporation, con sede en Panamá. Desde la ciudad centroamericana, Troncoso trataba de explicar por qué aumentó en los últimos meses la demanda argentina de máquinas para interferir teléfonos. Dijo que no vende el STG (“que son sólo para Estados Unidos”) pero que ofrece modelos equivalentes que oscilan entre 25 mil y 75 mil dólares que los puede comprar cualquiera, incluso sin revelar su identidad, y promete mandarlo por correo.
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