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 @La
atmósfera política empezaba a calentarse ayer en Londres y Santiago de Chile en
vísperas del inicio el lunes de un nuevo proceso en la Cámara de los Lores sobre la
inmunidad del ex dictador Augusto Pinochet, quien permanece recluido en un lujoso country
del sur londinense a la espera de una decisión sobre el pedido de extradición cursado
por España contra él. Mientras chilenos anti y pro Pinochet empezaban a llegar a la
capital británica para presionar por sus respectivas causas, el ejército chileno sostuvo
que el dinero que le está enviando a su ex comandante se ajusta a disposiciones
estrictamente establecidas por las leyes y el gobierno. Mientras tanto, miembros de la
Coordinadora contra la Impunidad en Chile y Argentina entregaron ayer a la embajada de
Gran Bretaña en Madrid cerca de 91.000 firmas en respaldo a la extradición de Pinochet.La controversia por el financiamiento a Pinochet nació por declaraciones hechas el jueves a un canal local de TV por Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet, quien dijo no haber vuelto a su país para recaudar fondos ya que “el ejército nos está dando financiamiento”. La afirmación de Hiriart -quien ayer volvió a Londres para ser sucesivamente abucheada y vitoreada por pinochetistas y antipinochetistas en el aeropuerto de Heathrow– dio origen a demandas de parlamentarios de la coalición de gobierno –como el senador democristiano Sergio Pizarro– para investigar la procedencia de los recursos que el ex dictador ha recibido desde Chile. Posteriormente, fuentes de la Comandancia en Jefe informaron a Radio Cooperativa de Santiago que los fondos que se hicieron llegar a su ex líder fueron en virtud de un decreto firmado por el presidente Eduardo Frei para militares de alto grado en retiro. Los items descritos por la Comandancia incluyen guardias de seguridad, enfermeras, médicos y otros elementos logísticos, considerados por el presupuesto anual de la Nación para ex jefes de Estado y ex comandantes en jefe. Lo dicho por el ejército fue confirmado por el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, quien precisó que los recursos aportados por el Estado no cubren gastos personales como abogados y alquiler de viviendas. Esto es importante, porque en Santiago ya se manejan cifras de endeudamiento de Pinochet con la firma británica Kingsley Napley de más de 1,1 millón de dólares, ya que se trata de uno de los estudios de abogados más caros de Londres. A esto hay que sumar los gastos extras que debió cancelar en la Clínica de Londres y el hospital Grovelands Priory, donde fue detenido en primera instancia hasta las audiencias de su causa en la Corte Suprema. Posteriormente el militar se trasladó a una exclusiva mansión de nueve habitaciones en el exclusivo suburbio londinense de Surrey. Nadie sabe muy claramente quién está pagando todos estos gastos, aunque en Chile los seguidores del ex militar han implementado una intensa campaña de recolección de fondos que incluye llamados personales para enviar dinero y la venta de un compact disc con canciones dedicadas tanto a Pinochet como a las fuerzas armadas. Entretanto, las organizaciones de derechos humanos empezaban a preparar sus presiones. La Coordinadora, integrada por 42 organizaciones, entre ellas el Partido Socialista Español (PSOE), Izquierda Unida, los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, así como Amnesty International y la Asociación Pro Derechos Humanos, entregó su petitorio al jefe de la sección política de la embajada británica en Madrid, afirmando que “somos respetuosos de la voluntad de los jueces, pero consideramos que es conveniente que lleguen estas firmas, para que se sepa que hay una voluntad de la gente para que esa extradición se produzca”. Paralelamente, en una acción similar, la Asociación de Apoyo a las Organizaciones Populares Chilenas-Plataforma Argentina contra la Impunidad entregó al Consulado británico en Barcelona 2000 firmas recogidas en Cataluña a favor de la extradición. El proceso que se inicia el lunes en la Cámara de los Lores es el segundo de su tipo, ya que el primero, que se realizó en noviembre, y que concluyó con el retiro de la inmunidad al ex dictador, fue posteriormenteinvalidado por otro panel cuando se hizo público que uno de los jueceslores que fallaron en la causa, lord Hoffmann, estaba vinculado a Amnesty International, que era parte en el caso, y por lo tanto no podía ser considerado imparcial. Ayer, el panel que revió el veredicto publicó los fundamentos de su decisión, afirmando que “la confianza pública en la integridad de la administración de justicia se vería sacudida si se permite que esa decisión se mantenga”. No obstante, el panel excusó a Lord Hoffmann de cualquier conducta impropia en el procedimiento.
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