Por Marcelo Justo
Desde Londres
Página/12 |
en
Gran Bretaña |
 En
vísperas de la nueva apelación ante los lores, pinochetistas y antipinochetistas
convergen en Londres y afinan su campaña ante la opinión pública británica. La capital
inglesa será escenario hoy de una manifestación convocada por el Comité Chileno por la
Justicia, que cuenta con el apoyo de los sindicatos británicos, la izquierda laborista y
las organizaciones de derechos humanos. Ayer unos 400 exiliados chilenos de Inglaterra,
Holanda, Francia, Suiza y Suecia se concentraron afuera de la mansión donde se aloja el
general en Surrey, al sur de Londres, desgañitándose con gritos de “Pinocho,
asesino, la cárcel es tu destino”. Por su parte unos 250 pinochetistas llegaron
entre el jueves y el sábado procedentes de Chile, y el grupo que los coordina en Londres
lanzó una campaña denominada “Reconciliación, no recriminación” que enviará
10 mil postales a distintos “formadores de opinión” británicos.
La batalla promete ser larga. El lunes y el martes un nuevo panel de siete lores
escuchará los alegatos del Servicio Fiscal de la Corona, en representación del gobierno
español, y de la defensa de Pinochet, a los que se sumarán como partes intervinientes
Amnesty International y el gobierno chileno. Si esta vez los lores se inclinan por
conceder la inmunidad soberana a Pinochet, el general deberá abandonar “al
tiro” su lujosísima mansión en Surrey, para tomar el avión que la Fuerza Aérea
chilena pondrá a su disposición, antes de que el Servicio Fiscal de la Corona y Amnesty
presenten un recurso especial para la revisión judicial del fallo.
En caso de que los lores vuelvan a pronunciarse en su contra, los pinochetistas tienen una
estrategia a largo plazo. “Queremos que la gente acá sepa qué fue lo que pasó con
el gobierno de Salvador Allende y cómo la guerrilla apareció en Chile a partir de
1964”, indicó a Página/12 Christian Berstein de la campaña “Reconciliación
no recriminación”. Para ello los pinochetistas han abierto una página en Internet
(www.ReconcileChile.CO.UK) y ya enviaron dos postales a periodistas, políticos y en
general “formadores de opinión” en Gran Bretaña con imágenes que pretenden
pintar el apocalipsis del que Pinochet salvó a Chile. “La gente no sabe nada de
Chile. No sabe que sectores del gobierno de Allende se ofrecieron a matar a la Corte
Suprema de Justicia chilena, o que cuando se dio el golpe, el país estaba tomado por las
FF.AA. cubanas”, se apasiona Berstein.
Con similar respeto por la “objetividad”, los conservadores británicos han
brindado su apoyo indirecto a esta campaña, liderados por Margaret Thatcher, que cada
tanto baja de su olimpo para manifestar su amor por el general y, sobre todo, por Norman
Lamont, el ex ministro de Economía conservador que no se cansa de asegurar que bajo
Allende no había libertad de prensa ni se respetaban los derechos humanos, a pesar de que
la censura era virtualmente inexistente y que Amnesty no registró ni un caso de
violación de derechos humanos durante su gobierno.
Por el momento las simpatías británicas se inclinan por los antipinochetistas. A pesar
de que la cuenta por el proceso podría costar al contribuyente británico la friolera de
unas 30 millones de libras (50 millones de dólares), las últimas encuestas indican que
los británicos siguen apoyando el actual proceso aunque un 30 por ciento piensa que es un
asunto chileno “que debería ser juzgado en Chile”. Según Vicente Alegría, uno
de los organizadores del piquete de ayer frente a la mansión donde el general reside
custodiado por un fuerte dispositivo policial, el público británico ha dado numerosas
muestras de solidaridad.
El caso ha desatado una secuencia de acontecimientos sin precedentes en Gran Bretaña y en
especial en su sistema judicial. La Cámara de los Lores, última instancia judicial del
reino, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, rompió tres veces con todo precedente.
Primero cuando permitió a Amnesty participar en la apelación, a pesar de que no había
formado parte del caso hasta ese momento. Luego, cuando aceptó que su propio dictamen del
25 de noviembre en contra de Pinochet fuera cuestionado por la presunta parcialidad de
Lord Hoffmann. Y, finalmente, cuando decidió anular el fallo del 25 de noviembre debido a
la “apariencia de parcialidad” que producían los vínculos de Hoffmann con
Amnesty.
FABIOLA LETELIER HABLA SOBRE CHILE
“El gobierno no cambió nada”
Por M.J.
Hermana del asesinado ex
canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, abogada y presidenta de la
organización de derechos humanos Codepu, Fabiola Letelier es una de las figuras
emblemáticas de la actual encrucijada chilena. Recientemente, como si el tiempo no
hubiera pasado, o como si hubiera un eterno retorno en juego, Letelier recibió amenazas
de muerte por las que inició hace diez días una querella contra uno de los principales
instigadores del golpe de 1973: el grupo de ultraderecha Patria y Libertad. En entrevista
con Página/12, Letelier fustigó duramente la posición del gobierno chileno y cifró su
esperanza en el gobierno español y los lores.
–¿Cuál es el objetivo de su presencia en Londres?
–Mi presencia acá no cumple una función específica. No vengo a presentar un
testimonio o a traer un documento específico. He venido en mi condición de presidenta de
la organización de derechos humanos Codepu, como hermana y querellante del caso Letelier
que ha sido una de las bases del proceso judicial español, para explicar a la opinión
pública británica en qué se basa este proceso.
–¿Qué opinión le merece que el gobierno chileno forme parte ahora de la apelación
en defensa del general Pinochet?
–Esta ha sido la posición del gobierno chileno desde el comienzo de la crisis. Esto,
para las ONG y para la mayoría de los chilenos es una actitud inaceptable. Hay una gran
frustración frente a esta actitud del gobierno. Porque siempre pensamos que a pesar de
sus limitaciones este gobierno iba a llevar adelante el proceso democratizador. Pero no lo
ha hecho. No ha cambiado la Constitución, no ha eliminado la ley de amnistía o la pena
de muerte. El gobierno ha optado por adherirse completamente a la posición de los
militares, y de los partidos de derecha. Esto lleva a preguntarse cuáles son los acuerdos
que ha hecho el gobierno con los partidos de la derecha que impide que haya un actitud de
adhesión a los derechos humanos y al cambio.
–El gobierno chileno dice que España y Gran Bretaña no tienen jurisdicción sobre
Pinochet.
–El canciller Insulza se cuida muy bien de decir que la misma Constitución que
promulgó el general Pinochet reconoce que Chile tiene jurisdicción sobre lo que les
ocurra a ciudadanos chilenos fuera de su territorio. Esa misma jurisdiccionalidad la tiene
el gobierno español sobre los ciudadanos españoles desaparecidos en Chile. Por supuesto
que en este caso la Justicia española ha ido más allá y ha aplicado el principio de la
universalidad contra la violación de los derechos humanos.
–El gobierno dice que hay doce causas abiertas contra Pinochet. ¿No es posible
resolver el caso por la vía legal en Chile mismo?
–En Chile hay una ley de amnistía de 1978 y una inmunidad parlamentaria que protegen
totalmente a Pinochet de la posibilidad de que sea enjuiciado en Chile. Si Pinochet
regresa a Chile, para ser juzgado tendría que perder sus fueros parlamentarios, que
consiguió gracias a la Constitución que él mismo promulgó, que le permite ahora ser
senador vitalicio. Si bien es cierto que tanto la Constitución como el Código de
procedimiento penal chilenos prevé la posibilidad de levantar esta inmunidad, esto es
imposible en la actual coyuntura política. De hecho en las doce causas que ya hace un
año se iniciaron contra el general Pinochet, el general no fue todavía llamado a
declarar. Y aun suponiendo que se levantara la inmunidad parlamentaria de Augusto
Pinochet, la legislación chilena estipula que debería ser juzgado por la Justicia
Militar, es decir por todos los que fueron sus subordinados.
–¿Qué espera del juicio que se inicia este lunes?
–Que se inicie un proceso de justicia que en Chile no tiene lugar. Que los lores
nieguen la inmunidad soberana a Pinochet y que se pueda realizar el proceso de
extradición para que sea juzgado en España.
MATTHEW HAPPOLD, ESPECIALISTA BRITANICO EN
DERECHO
“Esta es una situación muy compleja”
Por M.J.
En una entrevista con Página/12,
Matthew Happold, del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, analizó
esta nueva instancia de la ya larga estadía del ex dictador en Gran Bretaña.
–¿Qué está en juego en esta apelación?
–En octubre la Alta Corte de Justicia falló que Pinochet tenía inmunidad, pero
autorizó la apelación ante la máxima instancia del sistema judicial británico, la
Cámara de los Lores. Dado que el subsiguiente dictamen de los lores que revocó ese fallo
el 25 de noviembre fue anulado por la presunta parcialidad de Lord Hoffmann, nos
encontramos nuevamente en la situación del pasado 28 de octubre: los lores tienen que
decidir sobre la apelación. Lo que se añade ahora es la participación del gobierno
chileno, que antes no había formado parte del proceso. Ahora bien, aunque el primer
dictamen fue anulado, los lores van a tener en cuenta los alegatos que se presentaron y el
dictamen al que se llegó. En ese fallo predominó la idea de que Gran Bretaña tenía
jurisdicción en el caso Pinochet no en base a lo que decía el derecho nacional sino a lo
que estipulaba el derecho internacional: que ciertos crímenes son tan abominables que un
ex jefe de Estado no puede tener inmunidad. Según la defensa de Pinochet, sin embargo, la
ley inglesa es clara: los ex jefes de Estado tiene inmunidad para los actos que hayan
realizado en funciones oficiales. Frente a esto el argumento del Servicio Fiscal de la
Corona, que actúa en representación del gobierno de España, y el de las ONG como
Amnesty, es que no se puede decir que la tortura y el secuestro de personas sean actos
oficiales. A este mosaico más bien complejo se añade ahora el gobierno chileno que dice
que sólo Chile tiene jurisdicción sobre estas alegaciones.
–¿Cree usted que después de lo ocurrido con Lord Hoffmann el prestigio de los lores
está en juego?
–Esta apelación tiene una importancia simbólica para los lores porque lo que está
en tela de juicio es su capacidad de adaptación a los tiempos modernos. Primero porque ha
habido bastante polémica debido a que en las apelaciones no participan los 12 jueces
lores sino un grupo de cinco con lo que crece la naturaleza azarosa del proceso: el fallo
al que se llega depende de los jueces que se expidan sobre el caso. Hay que recordar que,
en otros países, todos los miembros de lo que suele llamarse Corte Suprema se expiden en
casos de apelaciones. Segundo, porque se debate si los lores son la instancia apropiada
para la Justicia británica del siglo XXI, especialmente ahora que se acaba de incorporar
la Convención Europea de Derechos Humanos al derecho británico. Tercero, porque, como
usted dice, tras lo ocurrido con Lord Hoffmann, los lores tendrán que demostrar a los
británicos y al mundo que son imparciales. De hecho ha habido claras indicaciones de la
importancia que los lores atribuyen a este último factor. La revocación del fallo del 25
de noviembre por la apariencia de parcialidad de Lord Hoffmann es un intento de afirmar la
absoluta imparcialidad de la Justicia británica.
—¿No hay sin embargo un conflicto entre los factores que usted nombra? Por un lado
tienen que demostrar imparcialidad pero, por el otro, si llegan a un fallo distinto al del
25 de noviembre, confirman la idea de que el actual sistema produce una justicia azarosa.
–Por eso esto es tan importante. Personalmente pienso que no se van a preocupar tanto
por la integridad institucional: es decir por el futuro de los lores como instancia
judicial. Creo que en situaciones como ésta la única alternativa que tienen es guiarse
exclusivamente por los argumentos legales que se presenten. Espero que así lo hagan:
será la única manera genuina de servir a los intereses de la Justicia británica. Pero
es una situación indudablemente compleja para los siete jueces lores.
–¿Cómo interpreta la composición ideológica del panel?
–Hace mucho que no tenemos siete jueces en un panel de apelación. La última vez fue
en un caso en 1992. Estuvo el problema de Lord Woolf que no pudo formar parte del panel
por sus vínculos con Amnesty. Preferiría no especular sobre sus opiniones políticas. La
mayoría es moderada. Lord Hutton es un conservador moderado. Y Lord Millet es un masón,
pero esto no va a influir en su dictamen.
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