Página/12

Durante la tarde de ayer, el dictador se comunicó infinidad de veces con su abogado. Desde que vio el aviso en estas páginas sobre la próxima aparición del libro Massera, el genocida no tiene paz. "No hay una imputación concreta de genocidio por parte del fiscal (Eduardo Freiler), ni por parte de los jueces intervinientes. Y lo podrían haber hecho. No queremos restringir la libertad de expresión, pero tampoco podemos permitir que salga una calificación (del delito) que no es cierta", explicó a Página/12 el abogado Miguel Arce Aggeo.

--¿Se quejó por la inclusión en el libro del caso Branca? (Ver reportaje aparte.)

--¿Está el caso Branca? ... No sé, pero está molesto por la diferenciación... siempre se la agarran con él --protestó.

Massera no conoce el contenido del libro en cuestión, pero --por ahora-- lo que más le molestó es el listado de empresas que se le atribuyen en la parte final, como de su propiedad total o parcial. "Se habla de nombres, de una empresa de dos mil personas, se da un domicilio. Es una acusación muy seria y directa, pero el almirante me dice que es todo falso", explicó el letrado.

La idea inicial de Massera era interponer un amparo ante la Cámara del Crimen pidiéndole que designara un juez para que restringiera la distribución del libro. Esa variante, como parecen haber descubierto sus abogados, tenía escasas posibilidades de éxito porque la censura previa ya no es legal en la Argentina. "No le veo mucho destino (al pedido de amparo) porque podría significar la restricción de la libertad de prensa", se sinceró Arce Aggeo. Al cierre de esta edición, el letrado aseguró que entonces Massera iniciará una querella por calumnias contra el responsable legal de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.

Massera fue condenado en el Juicio a las Juntas a cadena perpetua por haber sido declarado culpable de tres homicidios, doce tormentos, 69 privaciones de la libertad y siete robos. Según el libro que se publicará el domingo, esto significa sólo el diez por ciento de sus verdaderos crímenes. Junto a los otros ex comandantes empezó a cumplir su condena en la base militar de Magdalena. Pero el 28 de diciembre de 1990 fue indultado por el presidente Carlos Menem. Sin embargo, el juez español Baltasar Garzón lo imputó por el delito de genocidio y pidió su captura internacional. Massera no puede salir del país, porque podría correr la misma suerte que su par chileno, Augusto Pinochet. En noviembre pasado, los once magistrados de la Audiencia Nacional de España resolvieron que los responsables de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena pueden ser juzgados en Europa por genocidio, en el proceso abierto por la desaparición de ciudadanos españoles.

El año pasado el ex almirante volvió a la cárcel cuando la jueza María Servini de Cubría lo procesó como partícipe necesario de la apropiación de Javier Vildoza, el hijo de los desaparecidos Cecilia Viñas y Hugo Penino. Unos días más tarde, el juez Adolfo Bagnasco lo indagó en la causa que investiga la sustracción sistemática de menores durante la dictadura, y es probable que pronto lo procese como autor mediato de ese delito.

HEBE DE BONAFINI EXPLICA LA IMPORTANCIA DEL LIBRO
"Van a saber quién es Massera"

"Si el asesino acusa y se asusta de que uno le diga 'genocida' quiere decir que el libro tiene mucho poder." Carcajadas. Y más carcajadas. Hebe de Bonafini atenúa su dolor eterno con risas y frases orgullosas cuando se entera de los argumentos con que el Almirante Cero pretende obstaculizar la publicación del libro Massera. El genocida que elaboró la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Al ex represor Emilio Massera le perturba que su nombre circule por el mundo asociado sin rodeos a la comisión de crímenes de lesa humanidad. A Bonafini le causa cierta gracia. Se imagina al torturador leyendo su propia historia de criminal. Y sueña en voz alta: "Tenemos material para escribir muchos libros más. Sobre la Policía, sobre Videla. Pienso seguir pasando noches despierta leyendo y buscando datos para lograr que el mundo se entere quiénes son estos hombres".

--El libro es parte de otra condena, la condena popular. Este libro va a estar en las bibliotecas y seguramente se va a traducir a varios idiomas. Se va a saber quién es Massera. Cómo él y todos los represores se hicieron del dinero, los testaferros que tienen y cómo ahora están libres en sus casas sentados tranquilos comiendo, durmiendo y dirigiendo desde sus teléfonos las agencias de seguridad y sus negocios.

--El abogado de Massera, Miguel Arce Aggeo, dice que hará una querella por calumnias porque el título del libro incluye, precisamente, la palabra "genocida". "Esa imputación no existe en el juicio local", argumenta.

--Lo que le molesta de la palabra genocidio es que encierra un compromiso muy grande. Hasta ahora nadie se lo había dicho en una condena pública. Sólo en el exterior está imputado por crímenes de lesa humanidad. En un libro que acaba de salir en Brasil dice que las Madres somos las únicas que le decimos criminal al criminal y genocida al genocida. Las Madres, justamente, decimos que la condena judicial que tendría que tener es por genocida, no sólo por apropiación ilegal de niños. Decirle genocida en un libro es una condena mucho más fuerte que la prisión domiciliaria. Es afirmar que torturó, violó y asesinó. Esto también es para que la gente vea cómo está utilizando Menem estos juicios para su reelección. Massera debería estar en la cárcel, no en su casa.

--En cuanto al contenido del libro, ¿qué cree usted que es lo que más lo perturba, lo que pudo llevarlo a querer impedir la publicación?

--Las referencias a su mujer, sus hijos, sus infidelidades (como el romance con la escritora Martha Lynch que terminó con su suicidio) así como el asesinato perfectamente planeado de Fernando Branca (el marido guardiacárcel devenido millonario de una de sus amantes). Y otras cosas pequeñas como las reuniones con los radicales.

--Que ellos nos acusen nos da el valor de lo que hacemos. Cuando el asesino, el torturador, el violador, el enemigo acusa y se asusta de que uno le diga genocida quiere decir que el libro tiene mucho poder. Ellos se sentían tan poderosos que creen que nadie va a escribir la historia de su vida miserable y asquerosa. Ahora, cuando Página/12 publique este libro, que no sólo habla del pasado sino de hoy, ya no va a poder hacer lo mismo que con Almirante Cero, de Claudio Uriarte: lo hizo desaparecer de todas las librerías. Que nos haga todos los juicios que quiera.

Libertad de prensa y de expresión

"Tensión de derechos"

Pablo Jacoby (abogado) La tradición jurisprudencial, en general, indica que la decisión de prohibir publicaciones no se toma antes de que salgan a luz, sino siempre con posterioridad, de tal manera que se proteja la libertad de prensa y de expresión. Esto es así tanto con los libros, como con las películas y los programas de televisión. Existe una tensión entre el bien jurídico tutelado que podría ser el honor o el derecho de propiedad de algún afectado y el derecho de libertad de prensa, que toda la sociedad tiene, y que goza de un reconocimiento preeminente por parte de los tribunales, porque se considera que la democracia es más sólida y firme cuando justamente la libertad de expresión se ubica en un rango superior a otros derechos. El derecho a la libertad de expresión tiene rango constitucional y en todas las democracias se defiende a ultranza.

"Temor a los hechos"

Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) Es una clara violación al derecho de expresión, consagrado en la Constitución, y una clara demostración de cuánto temor les produce a estas personas cualquier escrito o documental que relate los hechos tal como ocurrieron. Llama particularmente la atención que ni siquiera puedan afrontar la opinión pública y sería interesante que si en este libro de las Madres (que aún no he leído) hay algún dato incorrecto, brinden también a la opinión pública toda la documentación necesaria como para refutarlo. Algún día conoceremos la documentación que sin duda está en algún lugar secreto porque en todo proceso histórico, a través de los testimonios de víctimas y victimarios, se terminan reconstruyendo los hechos. Será inútil entonces cualquier maniobra tendiente a ocultar la verdad porque, dolorosa y lentamente, va apareciendo la triste realidad.

"Concepción nazi"

Simón Lázara (vicepresidente de la APDH) Existe un concepción nazi en la actitud de Massera porque en el fondo todos los responsables de la dictadura militar tienen muchos síntomas del nazismo en sus formas de reaccionar y en el modo en que trataron de construir un nuevo orden en la Argentina, sobre la base de la eliminación física de la oposición. Niegan la realidad como los nazis, que siguen diciendo que el Holocausto no existió y que los campos de concentración son un invento. Es tan brutal la acción de Massera y lo que él representó, que está realmente fuera de toda calificación. Decir que Massera actuó mal es como decir que Hitler actuó mal. En realidad actuó horrorosamente. Su dinámica es hoy la misma con la que actuó durante la dictadura militar y parte de la concepción de que la realidad no existe, si no es la que yo impongo.

Guillermo Suárez Mason, el ex general responsable de centenares de secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura militar, ahora invocó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no como parte de un mea culpa sobre su papel en los años de horror en los que fue titular del Primer Cuerpo de Ejército, cuando mandaba sobre un área en la que funcionaron 43 centros clandestinos de detención. Tampoco para echar luz sobre las violaciones a los derechos humanos por las que fue procesado y de las que se libró gracias al indulto presidencial. "Pajarito" pretendió frenar con este recurso su expulsión definitiva de Argentinos Juniors, el club de sus amores. Le fue mal: ni siquiera logró que en la sede de Argentinos alguien recibiera su reclamo.

El represor quedó con un pie afuera del club hace dos semanas, cuando la Comisión Directiva lo sacó del padrón de socios debido a su actuación en la represión ilegal. "Pagamos una deuda con la sociedad", dijo entonces el presidente Oscar Giménez. Para que la sanción se haga efectiva todavía falta que la ratifique una asamblea de representantes. Por eso ayer "Pajarito" mandó a la sede de la institución a su abogado, Pedro Ortiz, con un escrito destinado a impedir la expulsión. Nadie aceptó recibirlo: en el edificio no había miembros de la Comisión Directiva, y Ortiz tampoco logró que los guardias de la agencia de seguridad Fast se hicieran cargo del documento, a pesar de que el dueño de la empresa --el ex comisario de la Triple A Félix Alais-- es cuñado de Suárez Mason.

En el escrito el ex general solicitaba copias de la resolución por la que fue echado y pedía más tiempo para apelar esa medida. Después de invocar la Constitución nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Suárez Mason advertía que recurrirá a la Justicia Federal si es desoído.

El de ayer no fue el primer intento frustrado del ex general para impedir su expulsión. La misma noche en que la Comisión Directiva analizaba su caso logró entrar al edificio, decidido a presionar sobre la asamblea. Guillermo Suárez --como se hace llamar en Argentinos para pasar inadvertido-- alegó en una larga charla con Oscar Giménez que no tiene causas pendientes, y aseguró que no estuvo involucrado en la apropiación de bebés. Su descargo no le sirvió de mucho. La Comisión Directiva falló por unanimidad y el represor tuvo que escapar por la puerta trasera del polideportivo, entre los gritos de repudio de vecinos, militantes de derechos humanos y buena parte de la barra brava.

El vínculo de Suárez Mason con Argentinos se remonta a su juventud, cuando fue arquero de las divisiones inferiores. En los años de plomo, mientras era titular del Primer Cuerpo de Ejército, el militar se convirtió en una especie de padrino político, siempre dispuesto a aportar dinero fresco a través de las empresas que controlaba o de sus contactos con los bancos. En agradecimiento a estos servicios, el ex presidente Próspero Consoli, titular del Círculo de Suboficiales del Ejército, lo nombró socio honorario. El club era uno de los pocos núcleos sociales que le quedaban a "Pajarito", a quienes sus compañeros de armas no le perdonan que se haya fugado a Estados Unidos escapando de las acusaciones por violación de los derechos humanos. La suerte del militar comenzó a cambiar cuando Página/12, a través de una nota de Gustavo Veiga, reveló su condición de socio honorario. Ahora parece destinado a seguir la misma suerte que sus ex camaradas Jorge Videla y Emilio Massera, que en 1997 fueron expulsados de River Plate. Para entonces habían transcurrido 21 años del golpe de Estado que inauguró la dictadura.

LOS LEGAJOS DE BUSSI Y GALTIERI EN EL JUZGADO
Nicolaides en prisión domiciliaria

El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides comenzó a cumplir ayer en su casa el arresto domiciliario que le impuso del juez federal Adolfo Bagnasco, después de ser dado de alta en el Hospital Militar de Córdoba donde había sido internado a raíz de una afección cardíaca. El mismo destino que Nicolaides se prevé para el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, quien mañana será interrogado por el magistrado que investiga el robo de niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. Bagnasco ya tiene también en su juzgado los legajos del ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y del ex general y actual gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, que había solicitado al Ejército para avanzar en la misma causa.

La internación de Nicolaides tuvo lugar el miércoles pasado al término de la declaración indagatoria que brindó en su domicilio ante Bagnasco, quien se trasladó especialmente hasta Córdoba para cumplir con ese trámite, dado el delicado estado de salud del ex jefe del Ejército. El director médico del Hospital Militar de esa ciudad, Oscar Capellino, explicó que Nicolaides fue dado de alta después de que cesara la arritmia cardíaca por la cual había sido internado.

La decisión de dar de alta a Nicolaides fue aprobada también por el médico de la Gendarmería Nacional, Carlos Osella, ya que esa fuerza tiene a su cargo la custodia del militar. Fue la misma Gendarmería la que se encargó, poco después de las 11 de la mañana de ayer, de trasladar a Nicolaides hasta su casa del barrio cordobés de Cerro de las Rosas, donde cumplirá la prisión que le impuso Bagnasco.

Nicolaides está acusado de haber amparado el plan sistemático de apropiación de niños implementado durante la última dictadura militar. Bagnasco le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por tener 74 años de edad y dispuso que la responsabilidad legal de la reclusión corra por cuenta de su hija, Elda Cristina Nicolaides, quien vive en la misma casa que el militar.

El ex jefe del Ejército es uno de los ocho militares que están actualmente presos por el robo de bebés nacidos en los campos de concentración de la dictadura. Bagnasco tiene previsto tomar mañana declaración indagatoria al ex presidente de facto Reynaldo Bignone y se descuenta que el magistrado ordenará su detención al término de la audiencia.

La declaración de Bignone cerrará la etapa de la causa que Bagnasco dedicó a investigar el robo de niños en la ESMA. El magistrado se propone ahora avanzar con lo casos ocurridos en dependencias del Ejército y no sólo requirió a esa fuerza los legajos de Galtieri y Bussi, sino también los de los generales Santiago Riveros, Jorge Olivera Rovere, José Montes, Andrés Ferraro, José Villarreal, Adolfo Sigwald y Fernando Santiago.