|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Laura Vales El
ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, reveló la existencia de
archivos de la represión que permiten reconstruir cómo se financiaron los centros
clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante la dictadura militar.
Los documentos fueron descubiertos en dependencias de la policía provincial hace más de
un año y medio, y desde entonces un grupo integrado por miembros de la APDH, el equipo de
Antropología Forense y hombres del Ministerio de Justicia trabaja para clasificarlos y
sistematizarlos. “Son pedidos de fondos que ayudan a entender de dónde salía la comida para los desaparecidos, cómo se sostenía económicamente el traslado de los secuestrados y de qué manera se pagaron los sueldos de los represores”, explicó el vicepresidente de la APDH, Simón Lázara. “Estaban guardados en cajas, dentro de un armario en una habitación cerrada. A partir de su hallazgo comenzó un lento proceso para organizarlos, porque eran papeles sueltos, pero allí quedaron las huellas del crimen”. Lázara confirmó también que se encontraron archivos referidos a órdenes de captura firmadas por “el ex jefe de la policía Ramón Camps y otros militares a cargo de los comandos de zona”. La documentación ya procesada fue entregada a la Cámara Federal de La Plata, que investiga el destino final de quienes fueron desaparecidos en el sur de la provincia. “En la zona de La Plata todos los centros de detención manejados por la policía funcionaron dentro de sus propios edificios” explicó a Página/12 el presidente de la Cámara, Leopoldo Schiffrin; “allí se mantuvo en cautiverio a muchas personas secuestradas por el Ejército. La policía, que les daba de comer, pedía entonces formalmente el reintegro de esos fondos. Los reclamos administrativos eran girados a la jefatura de policía; en ellos no figura el nombre de los desaparecidos, pero sí su cantidad y su lugar de encarcelamiento. También se encontraron vales de nafta, posiblemente ligados al traslado de quienes eran asesinados. “La desaparición de personas estuvo organizada al punto tal que se montó un sistema para enterrar los cuerpos dentro del cementerio de La Plata” recordó Schiffrin. Al frente del cementerio, explicó el camarista, Camps designó a un comisario retirado. Los cadáveres llegaban allí siempre al atardecer, apilados en camiones de institutos penales y acompañados por personal policial y un militar. La existencia de estos documentos fue revelada por Arslanian al término de una reunión con dirigentes de la APDH nacional, con quienes analizó los pasos a seguir para resolver los problemas de seguridad en la provincia (ver página 13). “Partamos de la base que toda la documentación (sobre la represión ilegal) que pudiese generar algún grado de compromiso fue destruida. Sin embargo trabajamos sobre las huellas que pudieron quedar” señaló el ministro. “La Justicia es quien debe calificar el valor de este tipo de documentos” señaló por su parte Simón Lázara, “pero hay que destacar que todo lo que hoy se encuentre sobre la época de la represión es absolutamente necesario e importante, porque contribuye al derecho a la verdad”. Además de los archivos procesados por la APDH, el Ministerio de Justicia logró reconstruir la nómina del personal policial que trabajó en las unidades regionales durante la dictadura. Los listados oficiales habían sido destruidos, pero un trabajo sobre los partes y libros de novedades rearmó el organigrama. “Así, después de tantos años” señaló Schiffrin “podemos saber quiénes actuaron en cada unidad policial, y por consiguiente en cada centro clandestino de detención”. El propósito de la Cámara Federal es volcar la información en un banco de datos; así se podrá cruzar los datos hallados en los archivos policiales con los testimonios de los ex detenidos y familiares de desaparecidos. EL EX ALMIRANTE PIDIO RESPUESTAS A SUS
PLANTEOS Por Irina Hauser
|
Al ex almirante Emilio
Massera no le causa gracia que la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Página/12
publiquen un libro con los detalles más vergonzosos sobre la historia de su vida y que,
además, la obra se llame Massera. El genocida. Tampoco le gusta que el juez Adolfo
Bagnasco cite uno tras otro a militares implicados en la apropiación ilegal de niños. Y
le perturba saber que el magistrado resolverá en los próximos días su situación
procesal y la del resto de sus ex pares militares imputados que ya interrogó. Por estos
motivos, su abogado, Miguel Arce Aggeo, no sólo anunció que querellará por calumnias a
las Madres por incluir la palabra genocida en el título, tal como explicó ayer este
diario. Ahora agregó que apurará a la Cámara Federal para que resuelva al menos alguno
de tres pedidos que podrían debilitar el trámite judicial por el robo de bebés durante
la dictadura: que la causa sea declarada “cosa juzgada” o que se contemple su
prescripción y que se defina si Bagnasco es juez competente.