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Por Adriana Meyer “Lo
que tanto se habló de dar una lista de los muertos, a mi juicio hubiera sido un trágico
error. Si el propio Estado da por muerto a un individuo, quiere decir que tiene pruebas
para afirmarlo. Después vendrán los interrogantes: ¿quién lo mató?; ¿dónde está el
cadáver?; ¿por qué lo mataron?”. Así se expresó el general Reynaldo Bignone en
su libro El último de facto, editado en 1992. El ex presidente de la dictadura declara
hoy como imputado en la causa que investiga la sustracción sistemática de los hijos de
los desaparecidos durante la dictadura. Al igual que Jorge Videla, Emilio Massera, Jorge
Acosta y otros cinco militares, hoy quedará detenido por orden del juez Adolfo Bagnasco.
Pero sus 71 años le permitirán gozar del arresto domiciliario. “Estaba decidido no publicar aquella lista porque los secretarios generales de las tres fuerzas armadas llegamos por fin a la conclusión de que no era conveniente. Había acuerdo completo de no hacerlo. Sin embargo trascendió que el almirante Massera había propuesto todo lo contrario. Su argumento sería ‘yo quise hacerlo pero no me dejaron’, y esto no era así”. Estas palabras demuestran que la nómina no se dio a conocer por la necesidad de impunidad de los represores. La solución adoptada por la junta militar –en reuniones en las que estuvo presente Bignone– fue declarar la muerte de todos los desaparecidos –omitiendo sus nombres y las circunstancias en que les quitaron la vida– a través del Informe Final del 28 de abril de 1983. Privilegiaron la inconveniencia de tener que responder a las incómodas preguntas previstas por el general. En 1985, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas pidió al juez Juan Fégoli el procesamiento de Bignone por la “destrucción de legajos y carpetas correspondientes a pedidos de paraderos de personas presuntamente desaparecidas”, a través del decreto 2726 de octubre de 1983. El juzgado federal 2 archivó el expediente en 1989. En el marco del proceso que encabeza Bagnasco, días atrás el ex jefe de la Armada, Rubén Franco, lo acusó de haber ordenado destruir esa documentación. “Existió una directiva del Poder Ejecutivo Nacional que no pasó por la junta”, afirmó el marino señalando a Bignone. Si hoy, cuando lo indague, Bagnasco le pregunta al respecto no podrá negarlo, porque ya lo reconoció en junio de 1992. En un reportaje concedido al diario La Prensa dijo que dio “la orden para que se quemaran los archivos que estaban en el Ministerio del Interior”. El ex presidente de facto está acusado también por la sanción de la Ley de Pacificación Nacional, que significó la amnistía para todos los responsables de los crímenes perpetrados durante la represión ilegal. Esa norma completó la tarea de haber otorgado impunidad al plan de apropiación de menores. El 10 de enero de 1984, el juez Carlos Olivieri ordenó su encarcelamiento por encontrarlo responsable de la desaparición de los soldados Luis Pablo Steinberg y Luis Daniel García. El último presidente de la dictadura se convirtió así en el primer militar detenido por una orden judicial de la democracia. Los padres de Steinberg cuentan que Bignone admitió que conocía el caso, pero le dijo a la madre: ‘Señora, se hubiera preocupado antes por su hijo’. La causa pasó a manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que lo dejó en libertad y congeló la investigación. El expediente pasó por varios tribunales, hasta que en agosto de 1985 la Cámara Federal de San Martín desprocesó a Bignone en aplicación de la ley de Obediencia Debida. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, se entrevistó con Bignone en 1977, cuando buscaba a su hija desaparecida. Le pidió que la juzgaran si hubiera cometido algún delito, pero que no la mataran. Cuenta Carlotto que Bignone le respondió: “Señora, en Uruguay los tupamaros se fortalecen en sus convicciones en la cárcel y hasta convencena los guardiacárceles. Acá no queremos eso. Acá hay que hacerlo” (entiéndase matarlos). Bignone en su libro no omite su encuentro con la mujer, pero le dedica una “poesía”, con frases como ésta: “mamá, ¿dónde estabas tú cuando empecé a desviarme por sendas erráticas que me apartaban más y más del núcleo familiar?”. El represor tenía que haberse presentado el 23 de diciembre. Pero recusó a Bagnasco y planteó la nulidad del llamado a indagatoria. El juez rechazó el planteo y siguió adelante con el proceso, hasta que la Cámara Federal decida. Bignone fue citado nuevamente para el 11 de enero, pero su abogado Lucas Lennon pidió que se postergue para hoy porque él no iba a estar en Buenos Aires para esa fecha. Lennon fue el ministro de Justicia del gobierno de su defendido. En sus memorias, Bignone admite la existencia del Museo de la lucha contra la subversión que funcionó en Campo de Mayo, inaugurado en 1978. “Nunca vacilé en reconocer el error que nosotros mismos cometimos calificando aquella guerra como ‘sucia’. La ingenuidad consiste en admitir que puede existir una guerra ‘limpia’. La guerra es siempre violencia, destrucción, muerte y horror. Además, cuando se habla de aniquilar al adversario, esto no admite eufemismos: equivale a destruirlo, matarlo. Bajo el subtítulo de “la frustración”, Bignone definió así al gobierno que le tocó encabezar: “Aquello fue muy parecido al intento de lograr una honrosa retirada antes que un desemboque armónico hacia el futuro democrático”. La tarea de Bignone en esa “honrosa retirada” fue la de cubrirles bien cubiertas las espaldas a sus camaradas.
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