LA FISCALIA DESCARGO SU BATERIA DE ARGUMENTOS CONTRA PINOCHET
En el laberinto de las definiciones

El Servicio Fiscal de la Corona hizo oír ayer sus alegatos en favor de la extradición de Pinochet a España por terrorismo, torturas y genocidio, delitos ante los que no se admite que haya gozado de inmunidad soberana.

  Los argumentos de la Justicia muchas veces se parecen a los mágicos vericuetos verbales de Alicia en el país de las maravillas. En el segundo día de la apelación por el caso Pinochet ante la última instancia de la Justicia británica, la Cámara de los Lores, el alegato de la fiscalía y del abogado de Amnistía Internacional y las preguntas que les hicieron los siete jueces lores que entienden en la causa giraron como en una calesita sin fin en torno de la definición que la ley británica y el derecho internacional da de tres conceptos que pueden justificar o no la extradición del ex dictador chileno a España: jefe de Estado, inmunidad y jurisdicción. El argumento central de la fiscalía, que actúa en representación del gobierno de España, se desdobló en dos partes que ya había esbozado el lunes: las obligaciones de los estados bajo el derecho internacional y la definición de la inmunidad del jefe de Estado. El fiscal Alun Jones recordó a los lores que la Convención Internacional contra la tortura exige que todos los estados signatarios tomen medidas contra la tortura y sus perpetradores. “La Convención establece que la tortura es un tema internacional y es internacionalmente castigable. Gran Bretaña y España tienen el deber internacional de actuar”, alegó Jones. En un intento por neutralizar la gran novedad de esta segunda apelación –el alegato que presentará el gobierno de Chile–, Jones indicó que Chile firmó dicha convención en 1988, cuando Pinochet estaba en el poder, y que por lo tanto su gobierno había renunciado a su propia jurisdicción en el caso. “Esto debería inhibir todo alegato del gobierno chileno en el sentido de que les corresponde a ellos juzgar actos de tortura de sus connacionales. Al ser signatarios de esta convención dieron por hecho que es un delito internacional”, subrayó el abogado.
También por el Servicio Fiscal de la Corona, el experto en derecho internacional Christopher Greenwood hizo un amplio repaso histórico de la evolución de los conceptos de Estado y de jefe de Estado. Citando a autoridades en la materia indicó que “las leyes para el trato de soberanos tienen orígenes en modos antiguos de interpretar al Estado y al jefe de Estado. En un litigio con un país por ejemplo, se solía demandar al soberano y no al Estado”. Según Greenwood, la concepción dominante estaba resumida en la famosa frase de Luis XIV: “L’Etat c’est moi”. En el siglo XX, la definición del jefe de Estado suele ser una combinación del título que se aplica a sí mismo (en Estados Unidos el presidente es jefe de Estado y de gobierno, en España son funciones separadas) y de la definición de sus funciones. “El jefe de Estado tiene una amplia inmunidad en su condición de tal, pero el derecho internacional ha evolucionado como para no darle inmunidad en relación con ciertos crímenes, tanto en el derecho consuetudinario como por las convenciones que firmaron los países”, señaló Greenwood.
El punto de inflexión de este cambio en la inmunidad del jefe de Estado se dio a partir de los juicios de Nuremberg. El letrado señaló que el almirante alemán Karl Doenitz, jefe de Estado durante los últimos diez días de la Segunda Guerra Mundial, debió sentarse en el banquillo de los acusados por lo sucedido en ese período. “No se puede aducir por tanto que la responsabilidad de los hechos recae en el Estado y no en el individuo que los ejecuta”, indicó en relación con la teoría que avanzará la defensa de Pinochet.
En este punto se produjo uno diálogo digno de Lewis Carroll entre el letrado y uno de los jueces-lores. “¿Pero acaso el jefe de Estado no actúa en representación del Estado?”, preguntó Lord Millet. Cuando iba a responder, el mismo Greenwood admitió que había perdido el hilo de sus ideas y la pregunta que le habían hecho. Lord Millet la refraseó. “Si el Estado es responsable, ¿no quita eso por la misma razón el peso de la responsabilidad del individuo que ejecuta un acto en su nombre?”. Greenwood recordó dos casos internacionales –un grupo de militares mexicanos que asesinaron a un ciudadano francés, y el de Estados Unidos versus el general Noriega– donde los dictámenes coincidieron en que los individuos habían usufructuado el Estado para cometer delitos y que por lo tanto no estaban amparados por inmunidad alguna. “El senador Pinochet puede decir que actuó para llevar buen fin los objetivos del Estado”, insistió Millet. “Claro. Pero el hecho de que sean imputables a Chile no lo libera de culpa”, respondió Greenwood.
Los siete jueces-lores intervinieron a lo largo de las cuatro horas y media de alegatos con preguntas continuas, que a veces terminaron en estosdiálogos absurdos al estilo de Lewis Carroll, pero otras produjeron momentos de fino humor inglés. El juez-lord Browne Willkinson indicó que la corte solicitaría a la Cancillería británica que especifique a partir de qué momento el general Pinochet fue reconocido como jefe de Estado. La fiscalía alega que incluso si el general Pinochet tuviera inmunidad como jefe de Estado, ésta recién lo ampararía a partir de su nombramiento como tal el 26 de junio de 1974. Entre tanto meandro legal, los jueces-lores cuentan por primera vez con una versión completa y pormenorizada de 32 casos individuales de secuestro y torturas inenarrables. Unos testimonios que deberían ser más que contundentes para que finalmente las leyes hagan justicia.

Si quiere financiar al  ex dictador, marque 1

Por Francesc Relea
Desde Santiago

Los partidarios del Augusto Pinochet buscan desesperadamente en Chile dinero para sufragar los elevados gastos de la estancia del general en Londres. Y para ello no escatiman esfuerzos. La última iniciativa puesta en práctica desde hace dos semanas por la Fundación Pinochet, con la ayuda de una computadora que no distingue de colores políticos, consiste en pedir por teléfono a los ciudadanos de Santiago apoyo económico para el ex dictador.
“Si está dispuesto a apoyar la defensa de Pinochet, pulse el 1”, instruye una grabación de una voz masculina desde el otro lado de la línea telefónica. De nuevo, la misma voz da un número de teléfono a quienes están dispuestos a rascarse el bolsillo por el general. Unas telefonistas explican las distintas cantidades que se pueden aportar, a partir de 2000 pesos (algo más de 4 dólares).
La voz masculina de la campaña pertenece a Alfonso Márquez de la Plata, director de la Fundación Pinochet, quien, durante ocho años, ocupó puestos de distintos gobiernos de la dictadura (ministro de Agricultura, secretario general de la Presidencia y ministro de Trabajo). Las aportaciones a Pinochet se descuentan directamente de la cuenta de teléfono de la compañía CTC –controlada por Telefónica de España– para ser entregadas a la Fundación Pinochet.
Márquez de la Plata se niega a dar cifras, pero asegura que hay días en que la recaudación, solicitada por una computadora capaz de efectuar 15.000 llamadas por hora, ha sido muy elevada. “Estamos muy agradecidos por la respuesta de la gente”, afirma Márquez de la Plata.
Hasta la semana pasada los gastos de alojamiento y de la defensa de Pinochet en Londres se elevaban a 514 millones de pesos (unos 986.000 dólares), cantidad que ya ha sido financiada en 90 por ciento, según indica Márquez de la Plata. “Tuvimos que pagar varios meses por adelantado y desembolsamos una cantidad monstruosa por el seguro de la vivienda que nos exigieron los propietarios. Sólo para comenzar la defensa, los abogados nos requirieron 60.000 dólares. En pocas horas tuvimos que reunir tal cantidad”, recuerda Márquez de la Plata, que hoy preside la sociedad agrícola Caren. “Nosotros siempre le dijimos al senador Pinochet que nunca se quedaría solo”.
Los gastos de la intervención quirúrgica y de la primera clínica en la que estuvo ingresado corrieron a cargo del propio Pinochet. El gobierno británico sufragó el traslado al segundo centro asistencial. Actualmente Pinochet permanece en Eentworth Estate, un lujoso country en Surrey, al sur de Londres, donde alquila una mansión de nueve habitaciones.
La esposa del ex dictador, Lucia Hiriart de Pinochet, desató una polémica la semana pasada cuando declaró: “El Ejército nos está dando el financiamiento para vivir y ha sido fundamental en muchos aspectos, sobre todo en la parte espiritual”. Pero la Fundación Pinochet y el ministro de Defensa zanjaron el posible escándalo cuando confirmaron la existencia de un decreto presidencial firmado a principios del año pasado que reconoce que los gastos de seguridad del antiguo comandante en jefe corren a cargo del Ejército.
Mientras en Londres un nuevo comité de jueces lores reanudaba la vista sobre la pretendida inmunidad de Pinochet, en la capital chilena, el presidente, Eduardo Frei, recibió por primera vez en todo su mandato a la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, quienle había pedido sin éxito audiencia en 11 ocasiones. Pero la entrevista, donde Frei se limitó a escuchar las demandas de la agrupación y no se apartó un ápice de la posición oficial chilena de respaldo a Pinochet, terminó en una desilusión para Sierra, quien luego tomó un avión a Londres para participar de manifestaciones y grupos de presión contra el ex dictador.
En los cinco años que lleva Frei en el Palacio de la Moneda, el personaje público que más veces ha sido recibido en el despacho presidencial (cinco) es el hoy detenido Augusto Pinochet.

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