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Por Nora Veiras Los
ex represores suelen ampararse en la "ignorancia" sobre lo que hacían sus
subordinados a la hora de tener que asumir responsabilidades por el secuestro y asesinato
de menores y mujeres embarazadas. El ex capitán José Luis D'Andrea Mohr realizó un
detallado entrecruzamiento de datos y demostró que se siguió estrictamente la cadena de
mandos. Pasando por los oficiales superiores de la época (ver lista a la izquierda) el
plan de represión desemboca, en forma insoslayable, en los integrantes de las sucesivas
juntas militares. Como prueba de la culpabilidad de los doce generales, almirantes y
brigadieres que encabezaron la dictadura entre el '78 y el '83, el Informe Rattenbach
sostuvo que "la junta militar es un órgano colegiado, por lo cual las
responsabilidades deben ser asignadas en igual forma a cada uno de los integrantes en su
calidad de autores y partícipes de los hechos y omisiones que originaron aquéllas, no
obstante la existencia de matices diferenciales entre las mismas". "Los hechos y omisiones de las juntas son delitos de lesa humanidad investigados por el Poder Judicial", explicó D'Andrea Mohr, quien le entregó toda la documentación sobre los aceitados engranajes de la represión al juez español Baltasar Garzón, que lleva adelante la investigación sobre genocidio contra las dictaduras argentina y chilena. Los integrantes de las sucesivas juntas fueron: los tenientes generales Jorge Rafael Videla (desde el 12/75 al 8/78), Roberto Eduardo Viola (8/78 al 12/79), Leopoldo Fortunato Galtieri (12/79 al 8/82) y Cristino Nicolaides (8/82 al 12/83); los almirantes Emilio Eduardo Massera (9/73 al 9/78), Armando Lambruschini (9/78 al 9/81), Jorge Isaac Anaya (9/81 al 10/82) y Rubén Franco (10/82 al 12/83) y los brigadieres Orlando Ramón Agosti (12/75 al 1/79), Omar Rubens Domingo Grafigna (1/79 al 12/81), Basilio Lami Dozo (12/81 al 8/82) y Augusto Hughes (8/82 al 12/83). La ferocidad de la represión provocó un reguero de centros clandestinos de detención durante los primeros diez días después del golpe del 24 de marzo del '76: se calcula que funcionaron cerca de 600 campos de concentración. A lo largo de los meses, continuaron actuando en el horror unos 350 centros. Se cree que todavía hay algunos que se desconocen: "el año pasado se supo que en la guarnición militar de Comodoro Rivadavia funcionó uno llamado 'La Blanqueada'", comentó D'Andrea Mohr y abundó en que "los comandantes de zona facultaron por escrito a los comandantes de subzona a decidir dónde debían alojarse los detenidos y ello podía ser en unidades penitenciarias, policiales, militares o en 'otros sitios'". El siniestro eufemismo ocultaba la clandestinidad de secuestros, torturas y desapariciones. "Los 22 mil hábeas corpus rechazados por la justicia de facto y las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos", señaló el ex capitán, son otros de los argumentos incontrastables para mostrar la responsabilidad de las cúpulas militares. "El Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional disponía en su artículo 3 que 'la Junta Militar sólo sesionará con la presencia de la totalidad de sus miembros y sus decisiones las adoptará por mayoría simple", explicó D'Andrea Mohr y apeló a la ironía: "Los integrantes de las juntas eran los únicos que podían ejercer el derecho de votar en esos años en la Argentina". Más allá de la ironía, lo cierto es que el estatuto muestra que las decisiones se tomaban en conjunto. El encadenamiento de responsabilidades develado en el cuadro permite seguir el hilo de los jefes militares que tuvieron un rol protagónico en el diseño del plan represivo. Tirando de esa punta del ovillo se puede llegar a identificar los casos de mujeres embarazadas y criaturas nacidas en cautiverio. La "legalidad" del estatuto que los dictadores se dieron a sí mismos evidencia que el argumento de la "ignorancia" es, por lo menos, cobarde.
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