BIGNONE, EL ÚLTIMO PRESIDENTE MILITAR, TAMBIÉN ESTÁ PRESO
Ya no sirve su ley de autoamnistía

El juez Bagnasco lo detuvo por su participación en el robo de bebés de desaparecidos y por su responsabilidad en la destrucción de pruebas. El militar fue conducido a un calabozo de Campo de Mayo pero, por su edad, seguramente se le otorgará el arresto domiciliario.

Reynaldo Benito Bignone, el último presidente de la dictadura, marcha preso a Campo de Mayo.

  Reynaldo Benito Bignone, el último presidente de la Nación durante la dictadura, quedó detenido en la Unidad de Gendarmería de Campo de Mayo, tras declarar por más de tres horas ante el juez Adolfo Bagnasco, en la causa que investiga la sustracción sistemática de los hijos de los desaparecidos. Sin embargo, en pocos días podría beneficiarse con el arresto domiciliario. En la indagatoria, Bignone dijo que la "lucha contra la subversión" empezó durante el gobierno constitucional, y admitió que las fichas de los desaparecidos fueron incineradas para que "no quedara antecedente respecto de aquellos detenidos que no tuvieron proceso judicial y para que no fueran molestados en el futuro" (sin aclarar si se refería a los detenidos o a sus victimarios). Bignone declaró que "no tenía certeza que los reputados 'desaparecidos' se encontraban muertos", en relación a lo que escribió en sus memorias, donde había reconocido que los militares estaban decididos a no publicar una lista de los muertos.

"Hubiera sido un trágico error", había argumentado el ex presidente en 1992. Se hubieran visto obligados a responder a las incómodas preguntas sobre ¿quién lo mató?, ¿por qué?, ¿dónde está el cadáver? "Era una tremenda responsabilidad por más que uno tuviera la certeza de que estaban muertos la gran mayoría de los presuntos desaparecidos. Pero no se podía dar absoluta fe de esto. Cuando aquel terremoto de México, se pudo comprobar que muchos 'desaparecidos' no lo eran tanto", razonó el represor. Entonces, por las dudas, decidieron eludir esa "tremenda" responsabilidad. En realidad, se estaban asegurando la impunidad que aún hoy los sigue protegiendo.

Bignone llegó al pequeño destacamento de la Policía Federal, ubicado al costado de los tribunales de Retiro a las cinco de la mañana de ayer. Así evadió la guardia periodística que se había montado en la puerta de su domicilio: el "rulero" de avenida Dorrego, donde todos sus vecinos visten o vistieron un uniforme militar. A las ocho y media decidió que era el momento propicio para cruzar la calle sin ser visto, pero algunos medios interceptaron su ingreso. Esperó dos horas en el juzgado de Bagnasco, hasta que empezó analizar las pruebas que hay en su contra en esa causa, acompañado por su abogado, Jaime Lucas Lennon, ex ministro de Justicia del gobierno que encabezó. Los cargos que se le imputan son sustracción, retención y ocultamiento de menores, supresión de identidad y asociación ilícita, con el agravante de la imposición de tormentos psíquicos.

Hasta ese momento estuvo tranquilo. Vestía un traje color beige y llevaba un voluminoso audífono en su oído derecho. Durante el interrogatorio se mostró algo molesto, como si se preguntara ¿por qué tengo que estar acá pasando por esto? Cuando culminó el trámite judicial, salió sin esposas, con la mirada perdida, portando un pequeño maletín marrón en su mano derecha. Un equipo de Canal 13 lo persiguió por la avenida Lugones, cuando lo llevaban hacia Campo de Mayo, donde compartirá su breve cautiverio con el máximo represor de la ESMA, el "Tigre" Acosta.

A pedido de Bagnasco el ex presidente de facto enumeró los cargos que desempeñó durante la dictadura. Aseguró que durante ocho meses fue jefe del Comando de Institutos Militares, en 1977. Esta afirmación se relaciona con la declaración del director del Hospital Militar de Campo de Mayo, el general médico Agatino Di Benedetto, quien había dicho que "las mujeres embarazadas que ingresaban sin registro, eran llevadas allí por personal del Comando de Institutos Militares, que también se encargaba de retirar a la madre y al niño después del parto". Ese hospital estaba dentro de la jurisdicción del comando del cual Bignone reconoce haber sido jefe.

El general afirmó ayer que el decreto de incineración de las fichas con los antecedentes de todas las personas que hubieran estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin causa judicial fue una propuesta del Ministerio del Interior (a cargo del general Llamil Reston) que él aceptó. Cuando asumió el gobierno constitucional, el ex ministro del Interior, Antonio Troccoli, solicitó abrir una causa por este tema, en la cual declaró como imputado no procesado. Ayer destacó que en aquella oportunidad el juez Juan Fégoli no le formuló cargo alguno. Bignone se quejó del arduo trabajo que le costó desmentir que él no fue el ideólogo de la destrucción de esa documentación. El fiscal Miguel Angel Osorio le preguntó si esas fichas se habían filmado, pero no quiso responder y se remitió a la causa mencionada.

Bignone dijo que no recuerda la cantidad de gente que estaba a disposición del PEN, pero aseguró que "era el remanente, lo que iba quedando de los detenidos". Agregó que estaban alojados en Devoto y que lo recuerda porque entre ellos se encontraba su sobrino, al que fue a visitar en varias oportunidades. Le preguntaron si existió un plan del Ejército para luchar contra la subversión. "Cuando se empieza a agravar la lucha, en una reunión de gabinete del gobierno constitucional (de Isabel Martínez), Videla propuso los modos de acción para enfrentar a la subversión, y allí se aprobó el plan. Cuando cayó ese gobierno, se implementó dicha orden", respondió Bignone. Dijo desconocer si ese plan contemplaba la instalación de centros clandestinos de detención. Bignone manifestó que la sanción de la ley 22.924 llamada "de autoamnistía" no fue producto de una asociación ilícita ni tuvo fines de encubrimiento o traba a la Justicia, sino que su propósito en esa época fue "llegar a la paz de los espíritus, a la concordia y al perdón de las mutuas culpas pasadas".

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