|
|
|
|
|
|
|
|
Un juez de Roma dispuso que el Estado italiano forme parte de la querella contra Suárez Mason, Riveros y otros militares por la desaparición de ciudadanos de ese país. El caso Carlotto.
|
 El
Estado italiano será parte querellante en el juicio que un Tribunal de Roma sigue por la
desaparición de siete ciudadanos de ese país durante la última dictadura militar
argentina. Los principales imputados son Guillermo Suárez Mason, el general Santiago Omar
Riveros, el ex prefecto naval Juan Carlos Gerardi y cuatro suboficiales y marineros de la
Prefectura. Este juicio --que se inició en 1983-- no es por genocidio, sino por homicidio
premeditado y voluntario y puede suponer penas de cadena perpetua.El juez que resolvió ayer la participación del Estado en este juicio es Claudio D'Angelo, quien anunció también su rechazo a la petición de las regiones de las que son originarios los desaparecidos italianos y la de los sindicatos, que también habían pedido constituirse en parte querellante. En abril de 1998, durante su viaje a Buenos Aires, el entonces presidente italiano, Romano Prodi, les había dicho a las Madres de Plaza de Mayo que "dentro de las posibilidades que me otorgan las leyes italianas haré lo posible para que el Estado se constituya en parte damnificada" en este proceso. De acuerdo con la legislación italiana, pueden juzgarse y condenarse en ausencia delitos políticos cometidos en el exterior contra ciudadanos de esa nacionalidad. En total, la Justicia de Roma investigaba el asesinato o desaparición de 117 víctimas, de la represión ilegal, de origen italiano, pero el juez del proceso abrió el juicio sólo para siete casos, aquellos sobre los que tiene pruebas concretas. Uno de ellos es el de la hija de Carlotto, Laura, y su nieto, Guido. "Es fundamental, un paso adelante", opinó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que está en Italia y ayer participó de la audiencia. Carlotto explicó que "los sindicatos y las regiones que fueron excluidos pueden participar con otras iniciativas de apoyo moral y sostén a los familiares de las víctimas". El juez citó para el 17 de febrero a las partes para el nombramiento oficial de los traductores de las actas y dispuso que el 17 de marzo se continúe con la audiencia preliminar. Los abogados de las familias de los siete desaparecidos y de los niños que habrían nacido en centros clandestinos de detención señalaron ayer que si los imputados son declarados culpables de los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro de personas por los que serán juzgados, la pena sería de cadena perpetua. La Justicia de Roma se suma así a la de Francia, que condenó en ausencia al marino Alfredo Astiz a cadena perpetua, y a la de España, en la que se instruye un juicio por genocidio contra los responsables de la dictadura militar. Los procesos en el exterior contra militares argentinos perturban al presidente Carlos Menem a tal punto que, en el verano de 1994, se produjo un enfrentamiento con Italia por este caso que llegó al nivel de escándalo diplomático. Fue cuando el juez de Roma Antonio Capiello desembarcó en Buenos Aires dispuesto a usar --con la autorización previa de un colega del fuero federal porteño-- un despacho de Tribunales para tomar declaraciones a ex desaparecidos y familiares de víctimas. Pero la presión de las Fuerzas Armadas y los deseos de Menem de enterrar el tema llevaron al Gobierno a montar una rápida operación en la Justicia que abortó la investigación. El juez romano se volvió con las manos vacías y Carlos Corach terminó peleándose públicamente con el embajador italiano en Buenos Aires. Tiempo después, el fiscal del caso, Antonio Marini, presentó un escrito en el que dejaba constancia de la "falta de colaboración de la Justicia y el gobierno argentino".
EL ABOGADO DE NICOLAIDES QUERELLARA A BALZA
El abogado de Nicolaides mantuvo en alto el enfrentamiento que mantienen ambos militares en torno de la documentación sobre los desaparecidos y a la represión ilegal en los setenta. Severín afirmó que Balza, "por medio de la sustracción o hurto", tuvo acceso a las declaraciones de Nicolaides ante el juez Adolfo Bagnasco, que aún se encuentran bajo secreto de sumario. Incluso pidió que se realice un allanamiento a Campo de Mayo para determinar el origen de este presunto "crimen o ilícito" que habría cometido el Ejército, aunque en ningún momento involucró al magistrado en la filtración de pruebas. En su condición de jefe del Ejército, Balza desautorizó el martes declaraciones de Nicolaides sobre la existencia de actas en poder de esa fuerza, referidas a la destrucción de expedientes vinculados con la represión ilegal durante la última dictadura. Zeverín ratificó ayer las declaraciones de Nicolaides. Se mostró molesto por el contenido del documento difundido el martes por la plana mayor del Ejército, que considera "inaceptables las expresiones atribuidas a Nicolaides y lo manifestado por su defensor" sobre las actas en cuestión. Mientras se producía el contraataque del defensor y amigo de
Nicolaides, Domínguez opinó por su parte que "lo que está haciendo el Ejército
Argentino, como lo están haciendo las Fuerzas Armadas en su conjunto, es aclarar lo que
la opinión pública requiere respecto de temas tan conflictivos como son los que se han
vivido en la época de la represión" y aseguró que "la situación en el
Ejército es de absoluta tranquilidad". |
Giovanni
Januzzi, el embajador italiano en Argentina, explicó ayer a Página/12 que el
Estado italiano se constituirá en parte querellante en el juicio contra los militares
argentinos porque "la ley italiana contempla los crímenes contra ciudadanos
italianos aunque sean cometidos en el exterior y por ende el Estado tiene que respaldar,
tomar una actitud de compromiso". Januzzi consideró que "ésa es su tarea, su
función para defender a los ciudadanos tanto en Italia como en el resto de los
países". El embajador aclaró que su país "no está juzgando a los militares
argentinos por genocidio, sino que se limita a siete casos puntuales que presentó el
fiscal y que se juzgarán de una manera serena, con todas las pruebas que sean
necesarias". Aunque reconoció el principio de territorialidad que rige en la
legislación argentina para juzgar los delitos, subrayó que a su entender no está todo
definido en la causa, y confía en que se produzcan avances. "Hay que ver cómo se
desarrolla el proceso", finalizó.