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 Para
paliar los efectos que tendrá la crisis brasileña sobre la industria automotriz local,
cuyo principal destino de las exportaciones es Brasil, el Gobierno decidió lanzar la
segunda versión del Plan Canje para autos mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Según las reglas de instrumentación aún en estudio, en esta ocasión el programa
también podría ser utilizado para la compra de autos usados, aunque sólo durante una
primera etapa. El plan oficial fue anunciado ayer por el secretario de Industria, Alieto
Guadagni, quien admitió que la iniciativa tiene como uno de sus propósitos aliviar la
situación de las terminales, que participaron activamente en el diseño.La segunda vuelta del Canje tendrá, básicamente, las siguientes características: u Podrá ser utilizado por propietarios de coches que tengan más de diez años de antigüedad. Ellos serán acreedores de un certificado equivalente al 20 por ciento de un auto 0 Km de cierta categoría. u El certificado no podrá ser superior a los 3000 pesos, tope que asciende a 4000 para los utilitarios y a 12 mil en el caso de los camiones y pesados. u Posiblemente durante los primeros seis meses (esto aún no está precisado) ese papel podría emplearse para la compra de autos usados. Superado ese límite temporal (weaver, según la jerga técnica), servirá, exclusivamente, para la compra de autos nuevos. u Sólo se utilizará para unidades fabricadas localmente, tal como exigieron las automotrices. u Las terminales se harían cargo de la mitad del descuento que concede el certificado (hasta 1500 pesos), ya que resignarán precio por ese monto. El resto será aportado por el Estado vía condonación de impuestos. En la primera versión del Plan Canje, los certificados podían ser utilizados por las automotrices para exigirle efectivo al Estado que, por esta vía, acumuló una importante deuda a favor de las empresas. Esta vez, el propósito es que los papeles puedan utilizarse para cancelar obligaciones impositivas. Por esta vía, estimó Guadagni, el fisco aportaría a razón de unos 80 millones de pesos en un año. Este empleo de los certificados haría necesaria la sanción de una ley que habilite esa forma de cancelar deudas tributarias. Pero como Carlos Menem se empeñó en dar ya mismo una señal a las automotrices, ganó tiempo con un decreto de necesidad y urgencia, que sólo necesitaría ser ratificado por el Congreso. El otro objetivo oficial, independiente al impacto de la crisis brasileña, es sacar del mercado las unidades más antiguas. La expectativa es que vayan a desguace unas 45 mil unidades apenas se reestrene el Plan Canje. Pero luego llegaría a unas 100 mil por año, según las estimaciones más optimistas. Naturalmente, el interés de las terminales es que se renueve la mayor cantidad posible de autos, para compensar con más ventas en el mercado interno la presumible caída que tendrán las exportaciones a Brasil. La otra ventaja es el beneficio que tendrán por poder pagar sus obligaciones tributarias y previsionales con los certificados. El Gobierno por su parte, estima que, a lo largo del tiempo, el costo fiscal será nulo: los 80 millones que resignen cobrar durante el primer año (sobre la base de 50 mil vehículos) se recuperarían en el futuro por la mayor recaudación de impuestos sobre las mayores ventas de coches nuevos. El Canje es una de las tres herramientas con las que el Gobierno intenta calmar los reclamos de los industriales que desató la crisis brasileña. A este instrumento, específicamente dirigido a beneficiar a las automotrices, Economía sumó la reducción del 5 por ciento a la rebaja de aportes patronales y la rebaja del 14 al 6 por ciento de los aranceles para importar bienes de capital desde afuera del Mercosur, dos medidas que también pueden llevar agua al molino de las fábricas de automóviles. Finalmente, también decidió otra medida que auxiliará tanto al fisco como perjudicará a la provincia de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo Nacional decidió incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso la derogación de una ley secreta que le permitía a la provincia de Buenos Aires importar coches libres de impuestos para su policía. La norma que se pretende derogar también descolocaba a las proveedoras locales frente a la tan temida competencia externa.
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