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Por primera vez, el Ejército entregó una prueba
documental que |
Por Adriana Meyer  El jefe
del Ejército, general Martín Balza, le envió al juez Adolfo Bagnasco una copia del
radiograma original que emitió en 1983 el ex jefe de esa fuerza, Cristino Nicolaides,
para ordenar la destrucción de toda la documentación referida a la represión ilegal.
Ese documento estaba dirigido a la Policía Federal, que depende del Ministerio del
Interior, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional que estaba encabezado por el ex
presidente de facto, Reynaldo Bignone. Anteayer, en su declaración, Bignone aseguró que
Nicolaides no lo consultó sobre el tema, pero reconoció que “recibió una
sugerencia del Ministerio del Interior de destruir la documentación, la cual se realizó
mediante un decreto. Nunca tuvo la intención de ocultarla, pero nunca se planteó la
posibilidad de su resguardo, para el futuro”.Desde que Nicolaides señaló la posibilidad de que el Ejército aún conserve documentos de la represión ilegal, se desató la polémica. Su abogado, Alejandro Zeverín, dijo abiertamente que “ya es hora de que hable Balza al respecto”. El Ejército no tardó en reaccionar y salió a desmentir la existencia de archivo alguno en su poder. Y para que no queden dudas de su voluntad democrática, Balza se puso –una vez más– a disposición del juez Bagnasco para que le tome una declaración testimonial. El magistrado le respondió que no es necesario que interrumpa sus vacaciones por este tema. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que en el juzgado no hay ninguna urgencia por escuchar al general nadador. Pero todo esto no fue suficiente. El mismo día que el Ejército le envió al juez una copia del comunicado elaborado en la extensa reunión de los altos mandos para desmentir a Nicolaides, adjuntaron una copia del radiograma original que él envió a la Policía Federal el 22 de noviembre de 1983, con la orden de incineración de la documentación clasificada sobre la “lucha contra la subversión”. La Policía Federal dependía –al igual que en la actualidad– del Ministerio del Interior, y éste, a su vez, del Poder Ejecutivo Nacional, cuya cabeza era el presidente de facto Bignone. Es decir que, involuntariamente o no, la prueba facilitada por Balza ratifica los dichos de Nicolaides y la responsabilidad de Bignone en este asunto. El reciente cruce de acusaciones públicas –cuyo último capítulo incluye una amenaza de juicio del abogado Zeverín hacia Balza– puso de manifiesto una vieja polémica que tuvo lugar en 1994. Ayer el secretario general del Ejército, Ernesto Bossi, se presentó de manera espontánea ante Bagnasco para recordarle esto, y como prueba le ofreció los recortes periodísticos de la época. “Fue una breve charla informal en la cual Bossi dijo que ellos (el Ejército) ya lo habían desmentido (a Nicolaides)”, explicó una fuente judicial. En aquel año, Balza había pedido a sus subordinados que quien tuviera algún dato sobre los desaparecidos lo aportara, y que él garantizaba la absoluta reserva. En reiteradas oportunidades el jefe del Ejército aseguró que nunca había recibido ninguna información, pero hace tres días reiteró esa directiva. En la causa está comprobado que el radiograma estuvo dirigido a todas las dependencias del Ejército, a las policías provinciales y a la Policía Federal. En su descargo, Nicolaides intentó impugnar la copia del mismo que hay en el expediente, argumentando que es una retransmisión que no refleja todo el contenido del original. Sin embargo, esa prueba sirvió para imputarlo en el proceso que llevó adelante el juez Juan Fégoli, aunque luego resultara indultado por el delito de destrucción de documentación. En la causa que instruye Bagnasco, cuatro brigadieres de la Fuerza Aérea declararon que, en caso de que los documentos sean confidenciales o de gran importancia, el procedimiento de destrucción debía hacerse previa confección de un acta que tuviera una síntesis del material y dejara constancia de las razones de la destrucción. Ahora eljuez tiene una copia del original, gracias a Balza, y la acusación es diferente: haber otorgado impunidad al plan sistemático de apropiación de los hijos de los desaparecidos.
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“Estoy convencido
que si buscar afanosamente la paz, el perdón y la superación de viejos agravios es un
delito, no dudo en haberlo cometido; si es una virtud, espero modestamente que la historia
me lo reconozca, aunque no lo vea.” Así, el ex presidente de facto Antonio Benito
Bignone -encarcelado por el juez federal Adolfo Bagnasco por el robo sistemático de hijos
de desaparecidos– reivindicó ayer su desempeño durante la dictadura militar. Juró
también que “jamás en toda mi vida he tenido nada que ver” con los delitos que
se le imputan y aseguró que no existen pruebas en su contra, mientras su defensa
solicitó que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.