Por Eduardo Videla
 Después
de cinco días de ofensiva del gobierno nacional contra los inmigrantes, la Iglesia
Católica calificó la vinculación entre delito e inmigración ilegal como “un
siniestro juego político”. Para la Iglesia, la violencia delictiva, la inseguridad y
el desempleo son protagonizados en su mayoría por argentinos, “tanto los que
provocan (esos hechos) como los que los sufren”. Contradijo así las dudosas cifras
oficiales que el ministro del Interior, Carlos Corach, se empeñó en ratificar: “El
60 por ciento de los delitos menores son cometidos por ilegales”. La Policía Federal
insiste en que no hay estadísticas para ratificar este dato. Las estadísticas que sí
existen indican que los extranjeros constituyen apenas el 6 por ciento de los condenados
por distintos delitos, y el 8 por ciento de las personas con trabajo en la Capital Federal
y el Gran Buenos Aires.
En una declaración difundida por la Agencia Informativa Católica (AICA),
la Iglesia señaló que “intentar atacar estos problemas (la inseguridad y el
desempleo) persiguiendo a la inmigración ilegal bajo el pretexto de la dignidad de los
mismos inmigrantes es un siniestro juego político”. El documento, elaborado por la
Comisión para la Pastoral de las Migraciones, a cargo de monseñor Rubén Frassia,
vincula “el alto índice de inseguridad” con la “realidad económico-social
argentina, que se expresa en actos delictivos por parte de ciudadanos argentinos y algunos
inmigrantes”.
El Gobierno nacional y la Policía Federal no se pusieron de acuerdo a la hora de divulgar
estadísticas sobre el porcentaje de delitos que son cometidos por extranjeros. Corach
insistió con que “6 de cada 10 por ciento de los delitos menores” son cometidos
por inmigrantes ilegales. La cifra la había divulgado el director de Migraciones, Hugo
Franco, pero fueron desmentidas por altas fuentes de la Policía Federal. Ayer, el
director de Orden Urbano, comisario Roberto Galvarino, encargado de brindar información a
la prensa, afirmó que la participación de ilegales en ese tipo de infracciones es
“muy importante”, pero se negó a dar porcentajes. “Sería temerario
hacerlo si no tengo estadísticas que, matemáticamente, me permitan sostener un
argumento”, explicó.
El tema, que fue lanzado al ruedo el domingo, fue uno de los ejes de la reunión de
gabinete que se celebró en Olivos. Según voceros del encuentro, el presidente Carlos
Menem pidió a sus ministros “que se acelere el trámite para enviar al
Congreso” el proyecto de ley que penaliza a quienes faciliten el ingreso de
inmigrantes ilegales al país, les den trabajo o alojamiento, y para expulsar a los que
cometan delitos con penas mayores a los dos años. Recién ayer, el borrador fue girado al
Ministerio de Justicia, para su estudio, por lo que no será fácil que el tema pueda ser
incluido en las sesiones extraordinarias.
“El proyecto apunta a llenar un vacío legal, para evitar la explotación de
ilegales, que provoca una distorsión del mercado laboral y la inseguridad que genera esta
situación”, dijo a Página/12 el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma.
 Respecto de la sugerencia presidencial de “expulsar a los
ilegales”, el secretario de Población, Aldo Carreras, precisó que “no se trata
de sancionar una nueva norma sino de aplicar con todo el rigor la ley existente”.
“La ley 22.439, de Migraciones, contempla que se conmine al inmigrante ilegal a
regularizar su situación, luego de lo cual está prevista la expulsión”, explicó
Carreras a Página/12.
Según el funcionario, en 1998 fueron expulsados del país unos 3700 inmigrantes en
situación irregular; otros 16.500 fueron conminados a regularizar su situación, mientras
que 19.500 fueron rechazados en la frontera “por no tener en regla su
documentación”.
El anuncio de Menem de expulsar a los ilegales fue rechazado en un comunicado conjunto
firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CTA, los diputados Alfredo Bravo
y Juan Pablo Cafiero y el Instituto Gino Germani, de la UBA, entre otros. Allí se
califica la propuesta como”un atropello ajeno a la tradicional solidaridad del pueblo
argentino”.
Datos certeros
La controversia sobre la cifra de delitos cometidos por inmigrantes no pudo saldarse por
la falta de sustento de las cifras aportadas por el Gobierno. “En materia de delitos
menores, es decir, punguistas y arrebatadores, me acaba de informar el subjefe de la
Policía Federal, Héctor Data, que la participación de extranjeros alcanza una
proporción de 6 de cada 10”, dijo el ministro Corach. Data no contestó varias
consultas realizadas por este diario.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad admitieron que, si bien la participación de
extranjeros es alta, “la cifra no es rigurosa porque no se refiere a delitos sino a
las personas que fueron detenidas por esos delitos”.
Los datos más certeros, proporcionados por la Dirección de Reincidencia del Ministerio
de Justicia, indican que la participación de extranjeros en delitos es ínfima. Sobre un
total de 20.370 condenas en 1996, sólo el 5,99 correspondió a extranjeros. De ellos, el
1,97 fueron chilenos; el 1,21 eran uruguayos; el 0,77, bolivianos; el 0,65, paraguayos, y
el 0,59, peruanos.
La incidencia de los extranjeros en el empleo tampoco es notoria. Según la última
encuesta de hogares del Indec (octubre de 1998), sobre 2,5 millones de habitantes en la
ciudad de Buenos Aires, hay 239.279 extranjeros (entre legales e ilegales). De ellos,
trabajan 108.353, el 7,9 por ciento de la población económicamente activa.
Algo similar ocurre en el Gran Buenos Aires. Sobre 6,6 millones de habitantes, 575.216 son
extranjeros. Los que trabajan son 269.744, el 8,2 por ciento de la población en edad de
estar ocupados.
Otros 124 detenidos
Otros 124 ciudadanos extranjeros, presuntos residentes ilegales en el país, fueron
detenidos ayer en tres operativos realizados en los barrios porteños de Flores, Mataderos
y Once. de ellos, 16 son menores de edad.
El primer procedimiento, a cargo de efectivos de la Comisaría 40ª, se realizó por la
mañana en Villa Cildáñez, ubicada entre Escalada, Dellepiane, Perito Moreno y Zaldías,
entre Flores y Mataderos, donde detuvieron a 61 personas, en su mayoría, de origen
boliviano.
El segundo operativo se realizó en Bartolomé Mitre y Castelli, en Once y estuvo a cargo
de la seccional 7ª. En esa ocasión se detuvo a 57 extranjeros, dos de ellos de
nacionalidad uruguaya, que tenían pedido de captura. “La mayoría de los detenidos
son de nacionalidad peruana”, informaron fuentes policiales.
El último allanamiento se realizó en un taller de costura clandestino ubicado en
Aranguren y Chivilcoy, en Flores. Intervino la comisaría 43ª, cuyo personal demoró a
seis personas de nacionalidad boliviana, sin residencia legal, que trabajaban en el lugar.
En todos los casos, se labraron actas de infracción, que fueron giradas a la Dirección
de Migraciones, tras lo cual se puso en libertad a los detenidos.
ENTREVISTA A LA HISTORIADORA MARIA
LUJAN LEIVA
“En realidad no se combate la
ilegalidad: se la fomenta”
La investigadora explica que culpar al
inmigrante de la violencia y la desocupación es una vieja estrategia en momentos de
crisis. Pero afirma que al mismo tiempo se fomenta la ilegalidad porque es funcional al
modelo neoliberal. |
Leiva viene trabajando desde hace tres años sobre los mecanismos de
discriminación.
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Por Mariana Carbajal
“Culpabilizar del aumento de la violencia y la desocupación a los inmigrantes es una
viejísima y perversa estrategia del poder para desviar el análisis político, económico
y social y deslindar su responsabilidad en momentos de crisis”, asegura la
historiadora María Luján Leiva. Junto al psicoanalista Ricardo Malfé viene estudiando
este fenómeno hace tres años, desde el Instituto Gino Germani y la Cátedra Libre de
Derechos Humanos de la UBA. La investigación, titulada “La vecindad de lo
distante”, analiza los mecanismos de discriminación funcionales para la exclusión
social. “Esta estrategia es funcional en un año electoral”, dispara Leiva.
Desde hace varios años la migración es el tema de estudio de Leiva. Primero abordó la
problemática del inmigrante a partir de la experiencia de los italianos que llegaron al
país en las primeras décadas del siglo. Y luego investigó la creación de prejuicios en
torno de los inmigrantes a partir de la experiencia de los argentinos que emigraron a
Suecia durante la última dictadura militar.
–¿Por qué aparece ahora este discurso discriminatorio?
–Casualmente o no, la culpabilización del inmigrante de ocupar el puesto del
trabajador argentino coincide con que todo el mundo habla de la crisis financiera de
Brasil, culpabilizando al país vecino de la inestabilidad económica argentina. En un
año electoral, en el que hay que romper organizaciones, qué mejor que conseguir que la
gente crea que el que está al lado suyo, su compañero de trabajo o su vecino es alguien
que le viene a sacar algo que es escaso, como el trabajo. El Estado se desentiende de la
salud y los hospitales no funcionan. La gente tiene problemas para atenderse y para que la
operen. Y aparece el cliché: la culpa es de los inmigrantes ilegales que le quitan el
lugar. Obviamente, es una estrategia del poder. Opera en la gente una especie de pereza
para el análisis de los verdaderos responsables del problema y termina repitiendo el
cliché.
–¿Qué factores favorecen la instalación de este discurso?
–En el contexto de las transformaciones socioeconómicas de la modernidad, los
efectos sobre la subjetividad de vastos sectores sociales del desanclaje en relación con
las estructuras tradicionales de contención y solidaridad –como la familia, los
lazos barriales, los sindicatos– constituyen una condición facilitadora de la
instalación en las poblaciones afectadas por dichos procesos, de un imaginario que
atribuye la responsabilidad de la crisis a determinados “extraños” o
extranjeros. Este mecanismo naturaliza la situación de exclusión. No se analiza por qué
la gente sale de sus países, por qué los argentinos están desocupados y con hambre en
Chaco o en Jujuy. Se trata de lanzar ese slogan y crear en ese imaginario una idea tan
fuerte que no permita el análisis profundo.
–¿Es un discurso xenófobo o racista?
–Se está hablando de xenofobia, que es una palabrita muy fuerte, pero que en el
fondo es menos fuerte que racismo. Xenofobia es el odio o rencor contra el extranjero.
Pero en este caso no se trata de xenofobia porque la ofensiva no es contra cualquier
extranjero. Es contra una determinada categoría de extranjero. Al inglés o al alemán no
se lo discrimina. Estamos frente a un proceso que aparece como xenófobo pero que en
realidad es racista. En los últimos 20 años se ha acelerado un mecanismo que consiste en
usar la categoría de inmigrante como eufemismo de raza. Decir racista suena muy fuerte. A
diferencia del discurso de la extrema derecha que habla directamente de razas, el discurso
excluyente trata de no usar esa palabra. Se usa “inmigrante”, que es una
categoría social y laboral. Pero la gente está leyendo que se habla de discriminar a
gente que tiene determinadas características étnicas, que da la casualidad que son las
mismas de amplios sectores de la población argentina, con lo cual esto crea una
sensación de inseguridad muy grande. Se hace visible un objetivo.Esto no es solamente
xenofobia: se van creando actitudes racistas que lamentablemente prenden en la sociedad.
–Usted decía que es una vieja estrategia del Poder. ¿En qué otros momentos de la
historia argentina se aplicó?
–Es un mecanismo viejo y renovado. En 1939, con las consecuencias de la crisis del
30, de la Década Infame y la existencia de los refugiados en Europa, el gobierno de Ortiz
anunció el Día del Inmigrante que había una oferta de gente en el Viejo Continente
dispuesta a venir al país pero que no constituía el material humano que quisieran tener
para forjar la “Nueva Argentina”. Incluso, al año siguiente, en el año 40 la
Universidad de Buenos Aires editó un libro donde se dice directamente que los mejores
inmigrantes, más aptos para la industrialización, son determinados europeos, los
nórdicos. Cuando hay necesidad de mano de obra las puertas se abren. Cuando hay desempleo
se cierran.
–Es paradójico que, por un lado, se lance este ataque contra los inmigrantes
ilegales y, por el otro, las fronteras sean tan permeables.
–Lo paradójico es que hay necesidad de mano de obra, pero barata. El neoliberalismo
necesita abundante mano de obra que trabaje en condiciones precarias, sin derechos, como
lo están haciendo cada vez más argentinos. Si uno va a un shopping, la chicas
estudiantes que atienden los negocios trabajan en negro, los que limpian también.
Trabajar en negro no es una condición propia de los extranjeros. La diferencia es que los
inmigrantes están en una situación de mayor vulnerabilidad: al no tener documentos tiene
que aceptar cualquier tipo de trabajo y a cualquier precio.
–Pero tendrían que legalizar su situación migratoria.
–Lo que sucede es que la Ley de Migraciones crea ilegales porque no facilita en lo
más mínimo la documentación. Los trámites son largos y caros. La gente no puede
permitirse perder cuatro días de trabajo haciéndolos. Un decreto de noviembre determinó
que los inmigrantes no pueden cambiar de condición migratoria. Aquel que llegó como
turista no puede legalizar su situación diciendo que quiere trabajar. Esa condición crea
más ilegalidad porque la mayor parte entra como turista. No es cierto que se combata la
ilegalidad. Se la fomenta. Es funcional al neoliberalismo. |
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