| Página/12
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| en Gran
Bretaña |
Por Marcelo Justo
Desde Londres
Mientras Lucía Hiriart de Pinochet, esposa del ex dictador, salía a agradecer a los
simpatizantes que vitoreaban al “salvador de la patria” afuera de su
residencia-prisión en Surrey, en la Cámara de los Lores la Fiscalía profundizaba su
estrategia de telaraña para conseguir que la última instancia judicial inglesa niegue la
inmunidad soberana al general chileno y allane así el camino para su extradición y
juicio en España. Cerrando la puerta a todo reclamo de retroactividad, Christopher
Greenwood, por el Servicio Fiscal de la Corona, puntualizó que la tortura, “es un
delito reconocido internacionalmente desde hace más de 60 años”. Por su parte el
famoso jurista internacional Ian Brownlie, que actúa en representación de Amnesty
International, otras tres organizaciones humanitarias y dos de las víctimas, precisó que
los tratados internacionales firmados obligaban a Gran Bretaña a extraditarlo. En algún
momento las palabras de los letrados debieron cruzarse en el tiempo con las que Lucía les
dirigía con megáfono a los 200 simpatizantes asegurándoles que “la Virgen
Santísima nos da fuerzas para seguir adelante”.
En el cuarto día consecutivo de alegato, la Fiscalía prefirió cifrar sus esperanzas
más cerca del planeta Tierra. “El tema de la tortura no es un asunto interno de
Chile. Es un tema de preocupación de toda la comunidad internacional, ocurra donde
ocurra”, dijo Greenwood. Según el abogado, la Convención sobre Tortura otorga
jurisdicción a los países signatarios sobre cualquier persona de cualquier nacionalidad
acusada de ese delito que se encuentre en su territorio. El artículo 5 de la Convención
especifica que, “si se encuentra a una persona que haya cometido dicho delito en la
jurisdicción de un Estado signatario de la convención, el Estado debe, si no puede
extraditarlo, someter el caso a las autoridades pertinentes para iniciar un juicio”.
Similares disposiciones se encuentran en la Convención sobre el secuestro adoptada en
1980, convertida en ley británica en 1984 y que constituye otro de los cargos que el juez
español hace a Pinochet en su pedido de extradición. “Como signataria de ambas
convenciones, la Corona tiene que cumplir con su obligación que es extraditar al senador
Pinochet”, subrayó Greenwood.
Por la tarde Ian Brownlie retomó los argumentos de su colega en nombre de las
organizaciones de derechos humanos y de la doctora inglesa Sheila Cassidy, brutalmente
torturada por la DINA, y de Mary Ann y Juana Francisca Beausire, hermanas de una de las
primeras víctimas del Plan Condor, secuestrada en Buenos Aires y luego enviada a Chile.
Brownlie examinó en detalle ambas convenciones y su incorporación al derecho británico.
“Según las convenciones estos delitos pueden ser juzgados por el Estado al que la
persona pertenece o por un tribunal internacional penal. No hay ninguna perspectiva
realista de que el senador Pinochet pueda ser juzgado en Chile y no existe un Tribunal
Penal Internacional que se pueda hacer cargo del tema. Por tanto la Corona tiene que
cumplir con sus obligaciones internacionales y extraditarlo a otro país o, en su defecto,
juzgarlo en Gran Bretaña”, recalcó el letrado.
Brownlie añadió que los tratados internacionales son obligaciones de la corona que se
deben tener en cuenta a la hora de analizar el tema de la inmunidad que reclama Pinochet
en su calidad de ex jefe de Estado. Esta inmunidad se basa en la Ley británica de
Inmunidad del Estado de 1978, que incorporó las disposiciones de la Convención
Diplomática de Viena de 1961, que concede inmunidad diplomática a los jefes de misión.
En octubre, en base a estos instrumentos legales, la Alta Corte de Justicia de Londres
sepronunció a favor de Pinochet aunque permitió la apelación ante la Cámara de los
Lores, “debido a la gravedad de las acusaciones en juego y a la oscuridad de la ley
británica al respecto”. Brownlie precisó que la Ley de Inmunidad de Estado no se
aplica en el caso Pinochet porque no se refiere a procesos criminales, porque en ningún
lado hace referencia expresa a ex jefes de Estado y porque la inmunidad que concede son
para actos realizados en el ejercicio de sus funciones, mientras la tortura, el secuestro
o los crímenes de lesa humanidad no son parte de las funciones del jefe de Estado.
Lejos del recinto, Lucía Hiriart de Pinochet vociferaba en su megáfono a los 200
chilenos que habían llegado por la mañana en tres ómnibus especialmente fletados para
la ocasión. “La presencia de ustedes acá prueba una vez más la fuerza y
solidaridad de los chilenos que han dejado el calor de sus hogares y familias para viajar
a la otra punta del mundo para expresar la fe que tienen en la dignidad y libertad de
todos los chilenos”, dijo. Después de repartir chocolate entre los presentes, la ex
primera dama añadió. “Ruego a Dios que tengan un buen viaje de regreso y que nada
nos vuelva a obstruir el camino de la paz y la reconciliación”.
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EL EX DICTADOR CADA
VEZ MAS COMPROMETIDO
Resurge la pista del Cóndor
Manifestantes antipinochetistas ayer en Londres.
Simbólicamente vendados ante la Cámara de los Lores.
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Por J. C. Sanz
Desde Madrid
Un testigo en la causa abierta por la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet entregó
ayer al juez Baltasar Garzón una carta en la que el ex dictador chileno aparece vinculado
a la “Operación Cóndor”: el asesinato de opositores al régimen en el exilio.
En un documento de 1975 al que ha tenido acceso este diario, Manuel Contreras, entonces
jefe de la DINA (policía política de la dictadura), solicitaba a Pinochet fondos
destinados a financiar el despliegue de agentes en 10 embajadas para la
“neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el
exterior”.
Fuentes jurídicas confirmaron hoy que el periodista uruguayo Samuel Blixen –autor
del libro Operación Cóndor y que ha investigado las violaciones de los derechos humanos
bajo la dictadura chilena (1973-1990)- entregó a Garzón la carta, fechada el 16 de
setiembre de 1975, y dirigida por el entonces coronel Contreras –que hoy cumple una
pena de prisión en Chile por delitos ligados a la represión– al presidente de la
República.
En el documento, el director de la DINA expone las razones por las que considera
“indispensable” solicitar “una partida adicional de 600.000 dólares”
para financiar determinadas actividades de su departamento.
Contreras le aclara a Pinochet que el dinero va a ser destinado a costear los gastos del
“aumento de personal de la DINA adscrito a las misiones diplomáticas de Chile”
en el extranjero, y detalla la localización de los 10 nuevos agentes: dos en las
embajadas en Perú, Brasil, y Argentina, y uno en las de Venezuela, Costa Rica, Bélgica e
Italia. El jefe de la policía política también argumenta la necesidad de cubrir los
“gastos adicionales para la neutralización de los principales adversarios de la
Junta (militar) de Gobierno en el exterior, especialmente en México, Argentina, Costa
Rica, Estados Unidos, Francia e Italia”.
Tras ofrecer su testimonio al juez Garzón, Samuel Blixen explicó ayer a este diario que
el documento presentado “es el máximo a que se ha llegado hasta ahora para confirmar
la relación de Pinochet con la DINA”. El periodista e investigador destaca que en el
propio encabezamiento de la carta –”En atención a lo convenido con V.E.”,
reza textualmente– se confirma que Pinochet ya había discutido antes con el jefe de
la DINA sobre cómo eliminar a los opositores del régimen en el exterior.
En su opinión, el documento confirma también la presencia de agentes de la policía
política en las embajadas chilenas, en una red coordinada desde Santiago y bajo la
dependencia de los agregados militares en las misiones. El despliegue de los agentes
coincide con lugares donde se produjeron atentados contra opositores al régimen, como los
que sufrieron el ex vicepresidente Bernardo Leighton en Roma, el ex canciller Orlando
Letelier en Washington y el general Carlos Prats en Buenos Aires, entre otros.
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DUDAS SOBRE LA MUERTE DEL PADRE DE EDUARDO FREI
Igual que Menem pero al revés
Una
manifestación de los familiares de los desaparecidos.
La pregunta sobre el ex presidente Frei Montalva es “¿cómo murió?”. |
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Para Eduardo Frei, la situación se presenta al revés que la de su colega
Carlos Menem. Jorge Frei Ruiz-Tagle, hermano del actual presidente chileno, dijo ayer que
tenía dudas sobre las circunstancias de la muerte de su padre, ocurrida en 1982. El nieto
del ex mandatario chileno Eduardo Frei Montalva acusó a la CNI (Central Nacional de
Inteligencia, ex DINA) de estar detrás del hecho. Frei Montalva, presidente de Chile
entre 1964 y 1970, murió de una extraña enfermedad cuando, según su hijo, “era el
líder de la oposición” al régimen de Pinochet.
En enero de 1982, Frei Montalva entró en la clínica Santa María de Santiago para ser
operado de una hernia, tal como ocurriera hace tres meses en Londres con el mismo
Pinochet. Pero Frei Montalva no salió nunca del hospital: tuvo varias complicaciones
infecciosas que terminaron en su muerte. Según Jorge Frei, la operación era
“simple, de corta hospitalización y sin una trascendencia mayor”, en la cual el
ex mandatario no corría peligro ya que su salud era “muy buena”.
“Todo el mundo sabe que la DINA hacía experimentos en términos químicos y
bacteriológicos. Eso está comprobado”, dijo Eugenio Ortega Frei, nieto del ex
mandatario chileno, luego de las declaraciones de Jorge Frei a Radio Cooperativa de
Santiago. Para Ortega, la muerte de su abuelo “fue una cosa bastante extraña”,
de la cual no sería nada sorprendente su vinculación con la DINA/CNI, ya que “hay
otros casos de muertes similares en extrañas circunstancias”.
Frei Montalva fue uno de los fundadores de la Democracia Cristiana chilena. Saludó el
golpe militar de Pinochet pero rápidamente pasó a la oposición por las violaciones a
los derechos humanos. “Su muerte fue un golpe feroz para quienes estábamos en la
lucha contra la dictadura”, dijo Carlos Figueroa, ex ministro de su gobierno y del
actual de Eduardo Frei. Según Figueroa, la muerte de Frei Montalva “retrasó por
años” la vuelta a la democracia, ocurrida en 1990.
Para el actual presidente, las dudas sobre la muerte de su padre no podrían haber caído
en peor momento. Su gobierno está defendiendo a Pinochet en Londres basándose en la
jurisdicción del Estado chileno en los delitos de terrorismo, tortura y genocidio. El
secretario general de la Presidencia, John Biehl, descartó ayer el argumento del fiscal
británico Alun Jones, quien afirmó ante los lores que Chile cedió la soberanía para
procesar a Pinochet al firmar la Convención Internacional contra la Tortura en 1988.
“Los delitos presuntamente cometidos en Chile se juzgan en Chile. El país no ha
cedido esa soberanía en ningún tratado”, dijo Biehl.
Pero al mismo tiempo el gobierno está diferenciándose de los pinochetistas, que
presentaron anteayer un libro de Robin Harris alabando la dictadura militar. "El
libro está lleno de barbaridades y tergiversaciones", dijo ayer indignado el
canciller chileno José Miguel Insulza. "Se trata del mismo tipo de campaña
violenta, agresiva y falsa que se hacía en los años '70", completó Insulza.
ULTIMAS PRECISIONES DE GARZON EN LONDRES
Conspiración y asociación ilícita
Por Ernesto Ekaizer
Desde Londres
Antes de dejar Londres anteayer al mediodía, el juez Baltasar Garzón dejó a los
jueces-lores un documento en el que se califican los delitos de conspiración cometidos
por Augusto Pinochet entre el 1º de enero de 1972 y el 10 de setiembre de 1973, un día
antes del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Garzón describe esos delitos
como “actos preparatorios”, “asociación ilícita” y
“conspiración para delinquir”.
El documento, entregado a los jueces por los abogados que defienden la petición de
extradición de Garzón, indica que la calificación de los delitos se basa en los
códigos penales vigentes en España en 1973 y 1975. El informe, elaborado la noche del
martes por el juez, el fiscal Brian Gibbins, del Servicio de la Fiscalía de la Corona, y
el abogado Alun Jones, enlaza los tipos penales de los “actos preparatorios”,
según el viejo Código Penal español, y los de “asociación ilícita” y
“conspiración para delinquir”, del nuevo código, con los delitos de
terrorismo, genocidio, tortura y desaparición de personas.
La idea del documento surgió como respuesta a la pregunta de los miembros del tribunal
sobre si en España está tipificado, como en el Reino Unido, el delito de
“conspiración”, a raíz de que en la segunda orden de arresto, del 22 de
octubre de 1998, ampliación de la primera de 16 de octubre, el juez metropolitano de
Londres, Ronald Bartle, utilizara las figuras de conspiración para matar, conspiración
para secuestrar y conspiración para torturar, además de los delitos de asesinato,
secuestro y tortura. El documento fue entregado el miércoles a la defensa de Pinochet al
reiniciarse la sesión de la tarde. Esta calificación completa el auto de procesamiento,
cuyo resumen ha sido aportado al juicio, y en el que se describen paso a paso los actos
preparatorios del golpe, incluyendo la tortura, entre el 1º y el 8 de agosto 1973, de un
grupo de suboficiales de la marina. |
