Bagnasco proceso y embargo los bienes de varios militares de la dictadura
Siete represores fuera de carrera

Massera, Bignone, Nicolaides y Franco fueron embargados por un millón de pesos cada uno. Jorge Acosta, Antonio Vañek y Héctor Febres por medio millón. A todos les dictó la prisión preventiva. Suppicich quedó libre, aunque se lo seguirá investigando.

Emilio Massera, preso.

Cristino Nicolaides, preso.	Reynaldo Bignone, preso.	Jorge “Tigre” Acosta, preso.
Héctor Febres, preso.	Antonio Vañek, preso.	Rubén Franco, preso.

Por Adriana Meyer

El juez federal Adolfo Bagnasco les dictó el procesamiento y la prisión preventiva a los represores Emilio Massera, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Jorge Acosta, Antonio Vañek y Héctor Febres. Además trabó embargo por la suma de un millón de pesos sobre los bienes de los cuatro primeros y medio millón sobre los tres últimos. Todos fueron considerados autores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores, sustitución de identidad. Al ex director de la ESMA Antonio Suppicich se le dictó la falta de mérito y recuperó su libertad. Desde el Juicio a las Juntas de 1985, la justicia argentina no tomaba una medida de esta magnitud contra los responsables de la represión ilegal, en este caso por la apropiación sistemática de los hijos de los desaparecidos, nacidos en cautiverio.
“Me ha tocado conocer en uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea de nuestro país, los avatares de la lucha contra la subversión llevada a cabo por las Fuerzas Armadas durante el último gobierno militar, en su aspecto –a mi criterio– más aberrante, la presunta sustracción de menores nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.” De este modo comienza la resolución de 225 carillas con la cual Bagnasco concluye la primera etapa de este proceso, que –a su vez– contiene dos capítulos: los quince partos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y la denominada “garantía de impunidad” que dieron los máximos jefes del último período de la dictadura a ese plan macabro, Nicolaides y Franco como integrantes de la última Junta Militar, y Bignone como último presidente de facto. El Documento Final de la Junta decretó la muerte de todos los desaparecidos y también la de los menores, intentando dar por terminado el asunto sin la intervención de la Justicia. Mientras que la Ley de Autoamnistía les dio una temporaria protección. Esto sumado a la negativa a informar ante los pedidos de paradero fue el resguardo necesario para que estos tres imputados no fueran “molestados” en el futuro.
Por su parte, Suppicich había reconocido la existencia de los detenidos y fue quien marcó el conocimiento de toda la cadena de mandos de lo que pasaba en la ESMA. Fue su director a partir de 1979, época en la que ya no se produjeron nacimientos en aquel campo de concentración. Además, admitió que los procedimientos se documentaban. Entre las pruebas recogidas en el expediente se destacan varios reglamentos militares que daban cuenta de instrucciones explícitas en caso de encontrarse con menores de edad en los procedimientos. Algunas Actas de la Junta Militar reflejan que sus integrantes trataban ese tema. En la número 117 aprobaron “evitar todo revisionismo sobre los procedimientos empleados en la lucha contra la subversión”, entre los cuales se encuentra la sustracción de menores. La resolución sostiene que, aun en el caso de que hubieran existido normas que dispusieran la entrega de los menores a sus familias de origen, en la práctica las mismas no se cumplieron.

ESMA: maternidad clandestina

Además de las detenidas de la ESMA que dieron a luz entre diciembre de 1976 y noviembre de 1978, también llegaron a parir allí en ese período otras mujeres que provenían de otros centros clandestinos. Estos casos revelan la interrelación existente entre las distintas armas para la concreción del plan y fueron descriptos por el ex marino Adolfo Scilingo y ratificados por otros testimonios. El fallecido almirante Rubén Chamorro, director de ese infierno, se jactaba de tener su “pequeña Maternidad Sardá”, como surge de las declaraciones de algunas sobrevivientes. Estas víctimas eran secuestradas y conducidas, vendadas y esposadas, hasta el sótano del Casino de Oficiales. Los recién nacidos permanecían algunas horas hasta que eran retirados. Las madres eran “trasladadas” sin que nada volviera a saberse de ellas. La sobreviviente de la ESMA Sara Solarz deOsatinsky ayudó a parir a quince de sus compañeras. El jefe de ginecología del Hospital Naval, Jorge Magnacco, y el médico naval Domingo Arias Duval reconocieron expresamente que atendieron esos partos y que les ordenaron mantenerlo en silencio porque era secreto militar.

Responsables del plan

El responsable máximo de lo ocurrido en la ESMA resulta ser Massera por haber sido miembro del órgano con mayor poder en el país, la Junta Militar, y por haber sido jefe máximo de la Armada. Bajo sus directivas se hallaba el entonces jefe del Comando de Operaciones Navales, Antonio Vañek. Hacia abajo en la cadena de mandos estaban los directores de la ESMA: Rubén Chamorro, ya fallecido, y José Suppicich. El jefe operativo era Jorge Vildoza (imputado pero prófugo), pero Jorge “Tigre” Acosta era la cabeza visible en aquel submundo. A su vez, los testimonios señalan que Héctor Febres era el responsable de las embarazadas y de llevarse a sus hijos, a veces en lujosos ajuares. Osatinsky dijo que él le sacó el hijo a Cecilia Viñas para dárselo a Jorge Vildoza.
Bagnasco aplicó la teoría de la autoría mediata en el marco del poder: todos los eslabones de la cadena de mandos están implicados en un conjunto de delitos que conforman el plan criminal. Pero no fueron imputados como una cuestión previamente concebida, sino como una práctica sistemática. “La finalidad de la sustracción sistemática de los menores debió ser separarlos de sus familias de origen, para insertarlos en el seno de familias extrañas”, describió el juez, pero aclaró que no se pudo comprobar que se buscara sacarlos del medio ambiente “subversivo”. Una vez consumada la sustracción, los retuvieron y ocultaron, en la mayoría de los casos, hasta la actualidad, lo cual constituye un delito permanente. Además, los nacimientos de esos niños no fueron registrados legalmente, tal como lo reconocieron los propios médicos militares Magnacco y Arias Duval. El juez entendió que ante esta conjunción de ilícitos reiterados y agravados no cabe menos que la cárcel.
Uno de los testimonios fundamentales fue el del periodista Juan Gasparini, sobreviviente de la ESMA, quien declaró que Acosta le presentó a Massera y que ambos tenían conocimiento de los partos. Scilingo reforzó los dichos de Gasparini en igual sentido. Osatinsky fue más allá y afirmó que “Massera fue a visitar a las embarazadas”. Cuando fue interrogado por el juez, Massera se negó a declarar. Acosta sí aceptó ser indagado, pero intentó desacreditar todos los testimonios que lo incriminan, y señaló directamente hacia su admirado jefe Massera, al reconocer que visitaba la ESMA. También trató de demostrar que devolvían los bebés, pero Bagnasco consideró que los dos casos que el “Tigre” puso como ejemplo fueron una excepción.
El abogado Pedroncini manifestó a Página/12 su satisfacción por la resolución de Bagnasco, sobre todo porque “surge la diferenciación de responsabilidades de Massera, Bignone, Nicolaides y Franco respecto del resto, como responsables del plan que venimos denunciando”. El próximo capítulo analizará lo ocurrido por los represores del Ejército, entre ellos Leopoldo Galtieri, Carlos Suárez Mason y Domingo Bussi. El destino de la etapa de instrucción que impulsa Bagnasco debería ser un juicio oral, pero el camino hacia allí ya están colocados los escollos de los abogados de estos militares, que no dudarían en intentar pedir ayuda a la Corte Suprema con tal de no sentarse otra vez en el banquillo.

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