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Naipes marcados
Por Horacio Verbitsky |
 Duhalde
acusó a un sector del periodismo, que como buen maledicente no identificó, por incluir
el asesinato de Cabezas en la nómina de la impunidad. Sus palabras se suman a las de
otros funcionarios del actual gobierno que, en el mejor de los casos, toleran a
regañadientes la labor de la prensa. No es sorprendente, si se recuerda que fue el
apoderado y hombre de confianza para lo que Duhalde guste mandar, Orlando Caporal, quien
lanzó durante un acto oficial el 14 de febrero de 1997, la versión ofensiva de que
Cabezas había sido "víctima de una venganza por una extorsión que estaba
haciendo". Siguiendo esa línea desinformativa, el juez Macchi y el comisario Fogelman le cargaron el crimen a una cabaretera de Mar del Plata. Dos años después, en Buenos Aires ciertos delitos que conmueven a la opinión pública se siguen esclareciendo con la detención de un par de infelices, aunque luego se demuestre que no tenían nada que ver, como los adolescentes de La Cava. Y Fogelman es el único miembro de la cúpula de la mejor maldita policía del mundo que sigue en actividad, por imposición directa del gobernador. El sabrá qué favores debe pagarle, qué secretos comparten. La Cámara de Apelaciones de Dolores dijo que la prensa y la movilización social impulsaban a que el crimen no quedara impune. Ese tribunal es la única instancia oficial que se ha esforzado en la misma dirección. Sus tres jueces escribieron que "una diabólica maniobra" había procurado "obstaculizar el desarrollo de la investigación" centrándola "en las personas equivocadas", y ordenó al juez identificar a "quienes programaron y llevaron a cabo esta incalificable trama". Nada se ha avanzado desde entonces. El hallazgo de la cámara de Cabezas con agua de dos orígenes distintos adentro, por parte de un rabdomante que entrenó a su varita mágica como si fuera un perro dándole a oler otra cámara igual, y que ubicó el lugar con su instrumento sobre un mapa, debería bastar para que se derrumbara ese castillo de naipes marcados que es el expediente policial-judicial. Pero además están las sucesivas autopsias y pericias balísticas contradictorias, el recorrido inexplicado del arma que presuntamente se usó en el crimen, las imprecisiones en su reconstrucción, la forma misteriosa en que el gobernador hizo aparecer en la causa a los cuatro marginales de Los Hornos, las negociaciones con sus abogados para sancionar la ley del arrepentido, los testigos falsos, el conocimiento previo que distintas personas han venido teniendo de lo próximo que estaba por ocurrir en el expediente, como el legislador bonaerense que anticipó a periodistas el futuro quiebre y confesión de la mujer policía del supuesto asesino. El asesinato de Cabezas sigue impune. Pero también ha sido aniquilado el debido proceso en el que se sustenta el estado de derecho.
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