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| Por Marcelo Justo Desde Londres  La
abogada del senador vitalicio Augusto Pinochet no se lo esperaba. La pregunta provenía de
lord James Hutton, teóricamente el más conservador de los siete jueces lores que
entienden en la apelación. "Si la tortura fue prohibida en la constitución de 1925
en el mismo Chile, ¿puede decirse que se trataba de un acto oficial del gobierno de
Pinochet?". Con su peluquín blanco sobre la cabeza, Clare Montgomery dudó y dejó
que un largo silencio se extendiera por la sala abarrotada para escuchar el primer día de
alegación de la defensa. En busca de una respuesta que mantuviese en pie su estrategia de
inmunidad absoluta para los "actos oficiales" del general cuando estaba al
frente del gobierno chileno, la abogada, amante de los coches deportivos y veloces,
respondió con lentitud. "Hay que ver la naturaleza del acto oficial en su conjunto.
Los estados, como los individuos, cometen actos criminales. En el caso del Estado la
inmunidad es absoluta".No fue un buen comienzo para la defensa de Pinochet que el domingo se reunió durante dos horas en la mansión-cárcel del general al sur de Londres para exponerle la marcha del caso y justificar los casi 18 mil dólares diarios que cuestan sus servicios. En la hora y cuarenta minutos que duró su alegato, los jueces lores cuestionaron los argumentos de inmunidad absoluta y jurisdicción que presentó Clare Montgomery, y citaron por lo menos 10 veces la Convención contra la Tortura de 1984. El presidente del panel de siete jueces lores, Lord Nicolas Browne-Willkinson, le señaló a Montgomery que el artículo cuarto de dicha convención, incorporada a la ley británica en 1988, "hace que todo acto de tortura sea un delito, de modo que los actos de tortura en Chile son delitos criminales en el Reino Unido". La abogada indicó que aceptaba el hecho de que la jurisdicción que sentaba dicho artículo era amplia, pero aclaró que era necesario leerlo en conjunción con el artículo cinco, que conmina a los estados a castigar la tortura ocurrida en sus propios países. Ni siquiera había terminado de responder cuando otro de los lores, Lord Peter Millet, el lord masón, le preguntó si al ser signatario de la convención Chile no había admitido que perdía su jurisdicción para casos de tortura que involucrasen a sus ciudadanos, fueran o no jefes de Estado. "Sí, pero Chile firmó la convención en 1987, mucho después de los casos que alega el gobierno de España", respondió la abogada sin sospechar que hundía sus pies en arena movediza. Lord Browne-Willkinson intervino entonces con un aire ligeramente indignado, como si le reprochara a un alumno la mala fe de su respuesta: "Hay tres casos de españoles que se dieron después de esa fecha". Jaqueado el argumento de la retroactividad que había ensayado, Montgomery insistió en que "se trata sólo de tres casos: la solicitud del gobierno de España habla de miles". Lord Browne-Willkinson le espetó que "no es una cuestión de números: tres casos posteriores a esa fecha bastan". Ni siquiera la cercanía de la campana del Big Ben a las cuatro de la tarde y al fin del round número cinco de la apelación mejoró la suerte de la defensa. El lord masón volvió a la carga con una pregunta que era una afirmación. "¿No podemos decir que el objetivo de esta convención es que ningún Estado pueda decir 'bueno lo siento, la tortura fue cometida en el ejercicio de mis funciones'?", dijo Lord Millet. Clare Montgomery se acomodó los anteojos, respiró hondo y se notaba que volvía a dudar. "Sólo si uno acepta que el artículo cinco de la convención dice que no hay inmunidad", respondió. Al finalizar la audiencia, los expertos legales consultados por Página/12 coincidieron en afirmar que hubo dos factores que probablemente influyeron en la floja actuación de Montgomery, cuyo desempeño en noviembre pasado había sido calificado casi unánimemente de "brillante". Por un lado, los jueces lores, que tienen una formación en el derecho comercial, parecían después de cuatro días y medio de la fiscalía inmersos en el lenguaje de los derechos humanos. Por el otro, la actuación de Christopher Greenwood, el especialista de temas internacionales de la fiscalía, fue otro factor fue determinante porque, según los especialistas, habría tejido una telaraña alrededor de los argumentos de la defensa (ver nota aparte). HABLAN LOS MARINOS TORTURADOS ANTES DEL GOLPE
Por M. J.
--¿Cuándo se produjeron los arrestos? --Las detenciones ocurrieron entre el 6 y el 11 de agosto. A mí me detuvieron entre los últimos, el 11. Poco antes del 6 habíamos dialogado con el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, y con otros políticos para informarles que se estaba preparando un golpe. Nuestro objetivo era que se informara al presidente Salvador Allende. No por una cuestión de afinidad política sino porque nosotros éramos básicamente constitucionalistas. Habíamos jurado respetar la Constitución y queríamos que ese juramento se respetara.
--¿Cómo sabían que se estaba preparando un golpe? --El golpe se estaba preparando desde que Salvador Allende fue elegido. Pero con el tiempo las señales fueron cada vez más claras. Por ejemplo, se redujo la vestimenta de los marinos. Por reglamento la Armada debe entregar dos vestimentas por año, lo que no sucedió en los años de gobierno de Allende. Y eso era achacado a su gestión. Con el tiempo se empezó a criticar cada vez más abiertamente al gobierno de Allende por el desorden que estaba causando en la vida civil. También hubo maniobras militares, que nunca antes habíamos hecho, como atacar a un grupo de personas que participaban de una manifestación.
--¿Cómo ocurrieron los arrestos? --Fueron en cadena. Todos fuimos brutalmente torturados. Nos preguntaban lo que no sabíamos. Es decir, a qué grupo político pertenecíamos, si éramos comunistas o del MIR. Poco antes nosotros habíamos hecho las denuncias del golpe en la prensa chilena, pero prácticamente ningún medio se hizo eco de lo que decíamos.
--¿Qué pasó después? --Todos permanecimos detenidos. Primero se nos acusó de desobedecer el reglamento militar. Eso puede ser cualquier cosa, desde tener los zapatos sucios hasta tener la gorra mal puesta. Después nos acusaron de motín. Yo estuve preso durante tres años y días. En junio del '77, unos meses después de recobrar la libertad, me refugié en Suecia. Habían asesinado a dos de los compañeros que habían recobrado la libertad conmigo, y tuve miedo por mi propia vida. LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALIAY DE AMNESTY
El primer frente de ataque es la ley británica, articulada en la State Immunity Act de 1978 (Inmunidad del Estado). Según la fiscalía, la ley sólo protege a los ex jefes de Estado por los "actos oficiales que haya realizado" y la tortura o el secuestro no pueden formar parte de la definición de "actos oficiales". El segundo frente se refiere fundamentalmente al problema de la jurisdicción británica para juzgar o extraditar a un ciudadano de otro país y se basa en dos convenciones internacionales firmadas por Gran Bretaña: la Convención contra la toma de rehenes y la Convención contra la tortura. La fiscalía y la parte interviniente alegan que al incorporar ambos convenios en 1982 y 1988, Gran Bretaña asumió frente a la comunidad internacional la obligación de detener y extraditar o juzgar a las personas que hubieran violado estas convenciones. Este frente se enlaza con el primero: la ley es contradictoria si
concede inmunidad al ex jefe de Estado en un lugar y se la quita en otro (al incorporar la
tortura y la toma de rehenes en su legislación). Por lo tanto, en la State Immunity Act
no se puede definir a la tortura como "acto oficial". Este segundo frente es el
que corta las alas de los alegatos que hará el gobierno chileno. Chile es signataria de
la Convención contra la tortura por la que los estados renuncian a una jurisdicción
exclusiva sobre actos cometidos por sus ciudadanos. Y la firmó en 1988: en ese entonces,
Pinochet aún era "jefe de Estado". |
La
Marina chilena inauguró los campos de concentración en Chile torturando a los miembros
de sus propias fuerzas. Un grupo de cinco ex marinos ofreció ayer una conferencia de
prensa en el Parlamento británico en la que aseveró que el golpe de Estado estaba
planeado para el 11 de agosto de 1973 y que un total de 250 marinos fueron detenidos y
torturados en los dos primeros campos de concentración que conoció el país. Al final de
la conferencia, Página/12 dialogó con Sergio Villar, uno de los marinos
arrestados y torturados en las semanas previas al golpe del 11 de septiembre.
jefe de Estado tiene inmunidad pero que un ex jefe de Estado no la posee. Pero para los
representantes legales de Amnistía Internacional, y para tres organizaciones humanitarias
y dos víctimas británicas, la posición es mucho más nítida: en casos de tortura o de
crímenes de lesa humanidad ni siquiera un jefe de Estado en ejercicio puede ampararse en
el concepto de inmunidad soberana. Esa fue la única diferencia de fondo que pudo
percibirse en la estrategia legal del campo antipinochetista tras completar ayer sus
alegatos, después de cuatro días y medio de audiencias. Una estrategia basada en un
movimiento de pinzas que está causándole innumerables dolores de cabeza al campo
pinochetista integrado por su defensa y por los abogados del gobierno chileno como parte
interviniente.