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Por Victoria Ginzberg Cristino
Nicolaides declaró ante el juez federal Adolfo Bagnasco que el 22 de noviembre de 1983
ordenó quemar todos los documentos que existían en el Ejército sobre la represión
ilegal. Pero el general no mencionó otra disposición: la del 5 de diciembre de ese mismo
año. En esa fecha, Nicolaides mandó que se quemara la contabilidad de una llamada
“cuenta especial secreta para la lucha antisubversiva” que manejó, cada mes
-durante tres años– cifras superiores a lo que el Ejército gastaba en el pago de
sueldos a todo el personal en actividad y retirado. Por ese hecho, en agosto de 1988, la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas lo acusó por el delito de falsedad
impropia por destrucción o supresión de documentos públicos. Entre febrero de 1979 y diciembre de 1981 el Comando de Ingenieros del Ejército pagó mediante “rendiciones de cuentas” sumas tan abultadas que resultaron superiores a las partidas para el pago de sueldos de todo el personal militar y civil del Ejército. Entre otras cosas, se compraron cuarteles ensamblables en los Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares. Esta adquisición, directa y sin licitación ni concurso de precios, se hizo a la firma Corat, creada y disuelta con el único fin de participar en esta operación. Estos paneles fueron clasificados como “material bélico secreto” y por ese motivo no fueron inspeccionados por la Aduana. Según consta en la denuncia formulada por el fiscal Ricardo Molinas en agosto de 1988, ese tipo de elementos para ensamblar eran adquiribles en cualquier supermercado de la construcción norteamericano. Los sobreprecios de este “material bélico secreto” dejaron una ganancia de unos diez millones de dólares. Esta cifra es sólo una pequeña porción de lo que pudo haber pasado por esta cuenta, que funcionaba con la excusa de la “lucha antisubversiva” y que fue abierta en la época que las Fuerzas Armadas se ufanaban de haber “derrotado a la subversión”. La compra de los cuarteles a la empresa Corat fue ordenada por el entonces general Carlos Guillermo Suárez Mason cuando era jefe del Estado Mayor del Ejército. La firma de Suárez Mason aparece también en el Boletín Confidencial del Ejército número 4853 del 14 de diciembre de 1979, que fue invocado por Nicolaides para incinerar los papeles referidos a la “cuenta especial secreta antisubversiva”. Este boletín debería estar actualmente en el archivo general del Ejército. Cuando el fiscal Molinas quiso investigar la cuenta, obtuvo como respuesta que todos los papeles relacionados con ésta habían sido quemados. Nicolaides argumentó que “la conservación y custodia de la documentación demanda considerables espacios físicos, así como también la toma de medidas especiales de seguridad, para evitar su extravío y/o que tomen conocimiento de ella personas ajenas al ámbito militar. Que parte de esta documentación contiene datos que hacen a la seguridad de la Fuerza y de la Nación” y “que la documentación de ingreso y egreso de fondos no debe conservarse por un lapso mayor que el necesario para respaldar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en el manejo los mismos”. En la acusación contra Nicolaides por “falsedad impropia por destrucción o supresión de documentos públicos” Molinas refutó el argumento de la falta de espacio diciendo, simplemente, que el material pudo haber sido microfilmado. Pero además el fiscal remarcó que “actitudes de esta naturaleza ofenden a la República” porque “la publicidad de los actos de gobierno –aunque éstos constituyan secretos de la defensa estadual en un momento histórico– debe observarse celosamente. La destrucción de los documentos acreditantes no sólo vulnera ese principio republicano, sino que –precisamente– siembra dudas sobre la realidad de lo acontecido. Por ello deben conservarse los comprobantes oficiales, aunque ellos constituyan un remanido secreto. El pueblo contribuyente, en razón de suesfuerzo, merece la condigna rendición de cuentas por parte de las autoridades, aunque éstas sean de facto o estén libradas a un ostentoso arbitrio”. La acusación de Molinas, que puede leerse completa en Internet (www.nuncamas.org) no suscitó la atención de ningún juez y prescribió.
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