Por Marcelo Justo
Desde LondresPágina/12
en Gran Bretaña
 “Me
parece que este caso se terminará decidiendo por la interpretación que hagamos de la
Convención Internacional de la Tortura. Se levanta la sesión.” El presidente del
panel de siete jueces lores que entiende en la apelación del caso Pinochet, lord Browne
Willkinson, cerró la sexta audiencia con ese repentino pronóstico que acompañó de una
sonrisa tan jovial como enigmática. Poco antes, la abogada de la defensa Clare Montgomery
había indicado que la tortura y la toma de rehenes no eran crímenes internacionales y
que por consiguiente ni Gran Bretaña ni España tenían jurisdicción para arrestar y
enjuiciar al general chileno. “El mundo está lleno de ex dictadores a los que se
puede acusar de crímenes. Pero lo cierto es que no son juzgados por terceros países. Si
se los llega a juzgar, se lo hace en el mismo país de origen”, señaló Montgomery.
Por segundo día consecutivo, la estrategia cada vez más apocalíptica de la defensa no
pareció convencer a los jueces lores. La abogada indicó que las convenciones contra la
tortura de 1984 y la de toma de rehenes de 1980 favorecían al general Pinochet en su
reclamo de inmunidad. “Los que redactaron las convenciones sólo indicaron que eran
crímenes que preocupaban a la comunidad internacional. No los definieron como crímenes
internacionales. Sería maravilloso vivir en un mundo en el que hubiera jurisdicción
universal sobre esos delitos, pero no es el mundo en que vivimos”, dijo la
Montgomery.
Lord Browne Willkinson, que es patrono del Instituto Británico de Derechos Humanos, le
preguntó cuáles eran los crímenes internacionales “de acuerdo a su
definición”. El genocidio y los crímenes de guerra, respondió Montgomery.
“Pero en el caso de la tortura –insistió el presidente del panel– estamos
hablando de un convenio firmado por España, Gran Bretaña y Chile, entre otros países.
¿No tienen como signatarios obligaciones internacionales?” La abogada reconoció que
era un tratado pero indicó que eso era diferente a sostener, como había hecho la
fiscalía, que la existencia de la Convención prueba “que hay un derecho
internacional consuetudinario sobre la tortura”.
Ante el silencio de los lores, la abogada apeló a su última línea de ataque. “La
fiscalía necesita demostrar que son crímenes internacionales para probar así que esos
crímenes existían antes de 1973”, dijo Montgomery. Según la defensa, el hecho de
que la convención sobre la tortura se firmara en 1984 y fuera incorporada a la
legislación británica en 1988, otorgaría inmunidad al general, porque no se puede
aplicar a un acto la categoría de delito de modo retroactivo. La fiscalía disputa este
hecho señalando que el Tribunal de Nurenberg en 1946 marcó un cambio radical en el
derecho internacional consuetudinario y para la época del golpe la tortura estaba
reconocida internacionalmente como delito. Presionada por los lores sobre este punto,
Clare Montgomery indicó que se necesita más que una convención o un tribunal para que
un acto alcance la categoría de crimen internacional. “En eso las autoridades en
derecho internacional son claras. Se requiere el consenso de los estados que conforman la
comunidad internacional”, dijo Montgomery.
Por la mañana, los lores cuestionaron otro de los pilares de la defensa, al poner en duda
que se pudiera aplicar a un ex jefe de Estado el Convenio de Viena sobre relaciones
diplomáticas citado en la ley británica de Inmunidad del Estado de 1978. “Mis lores
–dijo la Montgomery– sería poco razonable que la ley le diera menor inmunidad
al jefe de Estado que al de una misión diplomática.”
Pero la lógica legal de la defensa no pareció convencer a sus señorías, que atacaron
sus argumentos por otro lado. El lord presuntamente conservador, lord Hutton, le preguntó
si podía considerarse a la torturaun acto oficial, teniendo en cuenta que estaba
prohibida por la Constitución chilena de 1925. “Cuando un gobierno asume por la
fuerza -respondió Montgomery–, hay que definir nuevamente qué es un acto oficial.
Por cierto que no se define en relación a lo que se derrocó.”
Mientras tanto, en los corredores de la Cámara de los Lores circulaban rumores poco
alentadores para el equipo de Clare Montgomery. Según noticias procedentes de Chile, el
representante legal del gobierno no reconocerá explícitamente que el senador vitalicio
tiene inmunidad soberana. De confirmarse, esta posición debilitaría el argumento central
de la defensa, que plantea que dicha inmunidad está legitimada por el gobierno.
Consultado por Página/12 el abogado Fernando Barros, coordinador de la campaña
pinochetista en Gran Bretaña, indicó que esa acción del gobierno sería “una
puñalada en la espalda” y que “sólo podía obedecer a razones políticas.
Influiría muy negativamente en la decisión de los lores”, admitió Barros.
HABLA REED BRODY, DE HUMAN RIGHTS WATCH
“Nadie debe tener inmunidad”
Por M. J.
Desde Londres
 “El caso Pinochet
dio vida a dos principios que ya existían: el principio de la jurisdicción universal y
el de la no inmunidad”. Reed Brody es el director de campañas de la organización de
derechos humanos Human Rights Watch, parte interviniente en la apelación que se lleva a
cabo ante la Cámara de los Lores para lograr la extradición del ex dictador a España.
En diálogo con Página/12 Brody se refirió a la presentación escrita que hizo su
organización a los lores y al impacto internacional del caso.
–¿En qué se diferencia la presentación de Human Rights Watch de la que hace
Amnesty International?
–Coincidimos con lo que dice Amnistía sobre la evolución del derecho internacional
que ya no reconoce inmunidad para el jefe de Estado o ninguna otra persona. Nosotros
insistimos más en que el Reino Unido no sólo tiene la posibilidad sino la obligación de
extraditar o juzgar a Pinochet. Hacemos también más énfasis que Amnesty en la práctica
concreta de los estados sobre temas de derechos humanos, tal como se reflejó en la
reacción favorable a la primera opinión de los lores en Francia, Alemania, en la
felicitación del Tribunal Supremo de Brasil. Creemos que en el momento en que Jacques
Chirac dice que ni los jefes de Estado tienen inmunidad para tales crímenes, está
reflejando un cambio importante en el mundo. Una tercera diferencia es que enfatizamos
más la imposibilidad de que haya un juicio en Chile, refutando lo que dijeron dos lores
en sus fundamentos a favor de Pinochet el 25 de noviembre. Queremos mostrar el muro de
impunidad del que goza Pinochet para que los lores no crean que hay otro foro para el
caso.
—El eje de la apelación en la Cámara de los Lores es si Pinochet goza de inmunidad
en su condición de ex jefe de Estado. Pero la posición de Human Rights Watch va más
allá de eso.
–Tanto nosotros como Amnesty creemos que ni el ex jefe de Estado ni el jefe de Estado
en ejercicio deben tener inmunidad para sus actos oficiales. También creemos que por
razones prácticas la vía ideal para juzgar a un jefe de Estado es un tribunal
internacional como en Ruanda o en la ex Yugoslavia.
—Al tocar la posición del jefe de Estado en ejercicio, ¿no se puede causar un caos
en las relaciones internacionales donde todo país se arrogue el derecho de juzgar al jefe
de Estado de otro?
–Sí. Hay además un problema de poder que nosotros deploramos. Es decir, si la
cuestión entre Chile y Gran Bretaña fuera a la inversa, probablemente Chile no podría
soportar la presión británica. Ahora bien, si mañana se organiza el juicio de Kabila en
Francia, nosotros participamos. Tenemos una posición pragmática. Avanzamos con lo que se
puede avanzar. Pero reconocemos que la vía más práctica sería lograr el consenso de la
comunidad internacional para crear un Tribunal Penal Internacional que tendría
competencia prospectiva para juzgar casos de genocidios, crímenes de guerra y de lesa
humanidad cuando los foros domésticos no lo hacen, porque no quieren o no pueden.
Sostenemos que el foro más importante es el doméstico. En situaciones normales Pinochet
debería ser juzgado en Chile. Es su foro natural. Pero no puede serlo.
–¿Qué impacto tendrá la decisión que tomen los lores?
–Yo creo que en gran medida todo este proceso está dando vida a dos principios que
ya existían: el de jurisdicción universal y el de la no inmunidad. El hecho de que el
juez Garzón solicitó la extradición, que España, Suecia, Alemania y Bélgica hicieron
lo mismo, es una manifestación de vida de estos principios. Si los lores fallan otra vez
en contra, seríamuy importante porque los ojos del mundo están puestos aquí. Gracias al
proceso contra Pinochet nos están contactando los paraguayos por lo de Stroessner, los
haitianos, por lo de Duvalier, los indonesios por lo de Suharto. El dictamen de los lores
el 25 de noviembre fue un llamado de alerta para los tiranos, pero también para las
víctimas.
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