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Por Marcelo Justo desde Londres  “El gobierno chileno
no defiende las acciones del general Pinochet sino su propia jurisdicción en el
caso.” Con esta promesa implícita hizo su debut en la apelación ante la Cámara de
los Lores el abogado del gobierno chileno Lawrence Collins en el octavo día de
audiencias. “El gobierno de la República de Chile –insistió el letrado–
no interviene para garantizar la inmunidad o impunidad de Pinochet. Interviene para
defender la soberanía nacional.” En el aire tenso y alerta de la sala se
distinguieron dos reacciones: tres filas detrás de Collins, el embajador chileno en Gran
Bretaña Mario Artaza asentía; más al fondo, los familiares de las víctimas contenían
su furia. En medio de una gran expectativa, a las 14.45 hora de Londres, inició su alegato el gobierno chileno. A diferencia de la defensa del senador vitalicio, que durante los cuatro días previos basó su estrategia en la inmunidad absoluta del ex dictador, Collins recalcó ante los siete jueces lores que entienden en la apelación que para Chile “la inmunidad del jefe de Estado y del ex jefe de Estado emanan de la inmunidad del Estado de Chile”. La distinción en términos legales significa que el gobierno chileno considera que lo que está en juego es su inmunidad en tanto Estado, y no la de una persona que haya ejercido su poder, y que por lo tanto, al arrestar al general, Gran Bretaña y España están interfiriendo en sus asuntos internos y violando las normas del derecho internacional. “Chile ha indicado en más de una oportunidad que no renuncia a su jurisdicción. Desde un principio Chile objetó este arresto”, indicó Collins. En los 95 minutos que duró su primera intervención judicial, el abogado del gobierno chileno sorprendió a la sala al presentar un dictamen de las Naciones Unidas sobre uno de los documentos decisivos para la resolución del caso: la Convención contra la Tortura de 1984. “Mis lores, quiero llamarles la atención sobre una decisión del Comité de la Naciones Unidas según la cual la Convención contra la Tortura no tiene aplicación retroactiva”, señaló Collins. El caso fue presentado ante la comisión por ciudadanos argentinos en nombre de los desaparecidos y víctimas de la tortura, alegando que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 1986 y 1987 eran incompatibles con la Convención contra la Tortura firmada por Argentina. El dictamen del Comité de la ONU puede constituir una pieza de importancia en el mapa de posiciones que han organizado la Fiscalía y la defensa. Si la Convención no es retroactiva a la firma por parte de Chile y Gran Bretaña (1988 en ambos casos), Pinochet no puede ser extraditado a España por el delito de tortura ya que los casos presentados son previos a esa fecha, y la Fiscalía se verá obligada a demostrar que en 1973 la tortura era un delito en el derecho internacional consuetudinario. Por otra parte, el diferente énfasis del gobierno de Chile y de la defensa de Pinochet sobre la inmunidad puede erosionar el argumento de ambos. “El gobierno de Chile está diciendo que la inmunidad emana del Estado y que por lo tanto, si quisieran, está en su poder retirársela a Pinochet, algo que por supuesto no va a hacer. Esto debilita a la defensa que ha alegado por mil caminos que la inmunidad de un ex jefe de Estado en tanto tal es absoluta”, indicó a Página/12 Reed Brody, de Human Rights Watch. Por el momento está claro que el gobierno chileno quiere presentar la cara aceptable de un fallo favorable a Pinochet mientras que la defensa del senador vitalicio ha adoptado la estrategia de la Realpolitik. Por la mañana, la abogada del general, Clare Montgomery, continuó delineando supolítica de tierra arrasada afirmando que “las consideraciones morales no entran en juego en el derecho internacional”. En la versión de Montgomery, el derecho internacional moderno dice que el general Pinochet goza de inmunidad absoluta por su condición de ex jefe de Estado, porque la humanidad no reconoce a la tortura como un crimen internacional, y porque en todo caso las convenciones que procuran definirlo así, como la Convención de Tortura, no se pueden aplicar retroactivamente. Pero ayer las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas reservaron su repudio al gobierno chileno. “El gobierno sabe perfectamente que Chile no puede llevar a Pinochet a la Justicia”, indicó Reed Brody, de Human Rights Watch. “Es de un profundo cinismo”, señaló a Página/12 Violeta de Negri, madre de una de las víctimas y desaparecida y torturada durante la dictadura del general Pinochet.
EX EMBAJADOR CHILENO ROBERTO GARRETON Por M.J. desde Londres
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