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Por Raúl Dellatorre  Con la decisión tomada
de “resistir a los reclamos de alimentos”, las principales cadenas de
hipermercados que operan en el país y el gobierno nacional, a través de la Secretaría
de Seguridad Interior, vienen preparándose en los últimos días para la jornada de
emergencia que esperan vivir el martes próximo. Ese es el día elegido por la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), orientada por Carlos “Perro” Santillán, y el
Movimiento de Desocupados y Jubilados, dirigido por Raúl Castells, para marchar sobre los
principales locales comerciales para demandar la entrega de alimentos para repartir entre
la población carenciada. Miguel Angel Toma, titular de Seguridad Interior, les prometió
un fuerte refuerzo de la vigilancia armada. Pero Castells ya no podrá participar del
encuentro, detenido ayer en Banfield bajo el cargo de “extorsión e instigación a
cometer delito”, por la presión ejercida sobre el local de Wal Mart, de Avellaneda,
el pasado 23 de diciembre. El dirigente gremial jujeño Carlos Santillán encendió las luces de alarma en las conducciones empresarias al anunciar, el 12 de enero, que la organización sindical que dirige impulsaría una jornada de ocupación de supermercados en todo el país. El sindicalista manifestó entonces “la firme decisión de exigir la entrega de 50 mil kilos de alimentos mensuales” que la CCC se encargaría de repartir, “para que el Gobierno no juegue con las necesidades de la gente”. Toma había dado instrucciones al procurador general de la Nación, esta semana, de estudiar si Castells o Santillán habían incurrido en el delito de “atentar contra el orden constitucional” al plantear la convocatoria. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad, a cargo de Enrique Mathov, habría manifestado a los supermercadistas su intención de presentarse como querellante en las causas que éstos iniciaran contra los “invasores”, según la versión dada a este diario por fuentes empresarias. La cámara del sector buscó, esta vez, que los sectores políticos en el Gobierno asumieran responsabilidades frente al “ataque” del que se imaginan como víctimas en la jornada del martes 2. “El problema es político, que se hagan cargo”, manifestó ofuscado, con pedido de reserva de su nombre, un vocero empresario. Las cadenas de hipermercados se escudan en el rol de víctimas de una jugada política, “que intenta pegarle al Gobierno utilizándonos como herramienta para lograr difusión”. Aseguran que cada empresa tiene en ejecución “un plan de ayuda a la comunidad”, tratando de desprenderse de la imagen de insensibles con pura voracidad de ganancias. Y buscan poner de manifiesto el carácter político de las demandas, negándole el carácter de movilizaciones espontáneas de hambrientos y carenciados. “El nivel de organización es tal que, antes de cada demanda, las empresas reciben una carta firmada por Castells y un delegado local del Movimiento de Desocupados y Jubilados reclamando la entrega en tal fecha de 3000 kilogramos de alimentos, detallando qué tipo de mercadería requieren”, relató a Página/12 una fuente empresaria. A diferencia de los hechos anteriores de reclamos masivos de alimentos (ocurridos entre octubre de 1998 y la primera semana de enero de este año), esta vez la actitud de las empresas será “no entregar nada”. Para ello, tuvieron que alcanzar un acuerdo entre las diferentes cadenas, de forma tal de que ninguna quedara expuesta en particular como “el malo de la película”, según graficó una fuente del sector. Pero antes de definir esa actitud, reclamaron a Toma garantías en materia de seguridad y la asunción de un mayor grado de responsabilidad política por parte del Gobierno. El secretario de Seguridad Interior “enfatizó que había que decir basta, que no debíamos ceder”, y deslizó algunas “sugerencias” sobre cómo actuar en el Día D. “La instrucción a nuestra gente –señaló un directivo de una cadena extranjera– es que si la gente que viene a pedir cruza la línea de cajas, se desaloja el local de empleados y clientes y se cierra, con ellos adentro.” La consigna, repiten a coro en las distintas empresas, es “proteger a empleados y clientes”. Una vez aislados los “intrusos”, el control de la situación quedará en manos de la policía. “Después de la detención de Castells, estamos esperanzados en que las fuerzas de seguridad asuman una actitud diferente, más firme que en las oportunidades anteriores”, señaló ayer un empresario. “La policía bonaerense, en los hechos de diciembre y enero, tuvo una postura muy prescindente, según ellos porque estaban muy limitados por la Justicia”, se quejó. Los empresarios confían más en que la detención por orden judicial de Castells modifique la actitud policial, que en el eventual efecto de desaliento sobre los que se preparan para participar de la convocatoria del martes próximo. El diagrama de defensa de los hipermercados preparado en los últimos días es lo más parecido que se pueda imaginar a una estrategia de guerra. Se describió a los grupos ocupantes en tres “frentes”: la Corriente Clasista Combativa que actuaría fundamentalmente en el interior del país; el Movimiento de Desocupados y Jubilados, con “zona de actuación” en Capital Federal, Gran Buenos Aires y algunas ciudades grandes del interior (Córdoba, Rosario, Paraná y Neuquén), y un denominado grupo “Teresa Rodríguez” (por la joven asesinada por la policía neuquina), al que se lo describe como un movimiento de jubilados y se le adjudica el “asalto” al Carrefour San Lorenzo (Boedo, Capital Federal). “Están todos coordinados”, claman desde el sector empresario. Fuentes oficiales le agregaron otro eslabón a la paranoia supermercadista: les aseguraron que también se preparaba la participación en los “saqueos” del martes próximo de los inmigrantes ilegales, otro objetivo predilecto de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas.
DETUVIERON A CASTELLS POR
“EXTORSION” A WAL MART Por Victoria Ginzberg
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