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Por David Cufré  En respuesta a la presión política de industriales,
legisladores y gobernadores, el Gobierno anunció ayer la creación de un sistema de
monitoreo de las importaciones. El 1º de marzo entrará en vigencia la medida que obliga a los importadores de 1100 productos a presentar, ante la Secretaría de Industria, un formulario con información detallada sobre la cantidad de mercadería que pretenden ingresar en el país, su valor y la procedencia del despacho. Los datos servirán para verificar si se produce la temida avalancha de importaciones desde Brasil que anticipan los industriales. Roque Fernández se resiste a adoptar acciones que frenen el ingreso de productos hasta no contar con esa información, pero accedió a tener bajo estricto control lo que ocurre con las compras al exterior. La instauración del sistema de Licencias Automáticas de Importaciones fue incluida entre las propuestas que la Unión Industrial Argentina le entregó hace dos semanas al ministro de Economía. José Ignacio de Mendiguren, secretario de la central fabril, manifestó su "satisfacción" por la decisión del Gobierno. "Es un primer paso, pero debe ir acompañado de otras iniciativas porque la situación para la industria es muy grave", subrayó en diálogo con Página/12. Aunque el secretario de Industria, Alieto Guadagni, repitió ayer en cuatro oportunidades que el monitoreo de las importaciones "no tiene nada que ver con lo que ocurre en Brasil", lo cierto es que los productos sobre los que se ejercerá el control son básicamente los que provienen de ese país. De las 9600 posiciones arancelarias existentes, en una primera etapa se verificará la evolución de importaciones de 1100 de ellas, equivalentes a 5500 millones de dólares, el 18 por ciento de lo que gasta el país en comprar al exterior. Guadagni mencionó algunos de los rubros que requerirán la licencia para concretar la importación: pollos (se compra por 135 millones de dólares), plásticos (900 millones), productos de la industria celulósica papelera (600 millones), siderurgia (600 millones), bienes de capital (1500 millones) y juguetes (140 millones). Salvo este último sector, cuyas importaciones provienen mayoritariamente del sudeste asiático, todos los demás constituyen el grueso de las compras a Brasil. El trámite consiste en la entrega de un formulario, con todos los datos del despacho. Con ello, el Gobierno tiene información anticipada sobre lo que ocurrirá con las importaciones. Además, si sospecha que puede ingresar mercadería subfacturada, puede iniciar de oficio acciones antidumping cuando los productos llegan al país. Pero no puede prohibir por anticipado el envío. De Mendiguren remarcó que la medida es insuficiente. "El Gobierno dice que primero debe verificar si hay una invasión y en base a ello definir su estrategia. Pero el sector productivo no está para soportar ningún daño más. Llegamos a este momento con la rentabilidad histórica más baja, sin un colchón de reservas, con caídas del mercado interno y las exportaciones, y con una situación muy complicada en lo financiero, ya que los bancos cobran tasas de interés carísimas", puntualizó el dirigente fabril. El próximo martes, las autoridades de la UIA volverán a encontrarse con Guadagni, para insistir con que se deben tomar medidas. Las que consideran más urgentes, y que fueron entregadas al Gobierno, son las siguientes: * Aumento a los aranceles de importación desde Brasil. Utilizar esos recursos para otorgar reintegros a los exportadores con destino a ese país. * Fijar precios indicativos y rangos de valor para una lista de productos sensibles. Extender el control de preembarque de importaciones. * Acelerar la devolución del IVA a los exportadores. * Coordinar con las provincias la eliminación de los impuestos a los ingresos brutos, sellos y tasas que gravan a las exportaciones. * Llevar a 10 puntos la reducción de aportes patronales para los productores de bienes transables. * Suprimir, o al menos posponer, la aplicación de los impuestos a los intereses y activos. * Asegurar el financiamiento a las exportaciones por parte de la banca oficial, con tasas y plazos competitivos internacionalmente, y reducir los encajes bancarios. * Restablecer los contratos promovidos para las empresas exportadoras.
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