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Por C. A.  Como un caballo en un
pantano el camarista Mario Ruda Bart continúa hundiéndose después del incidente que
protagonizó en un supermercado de Punta del Este. Tal como adelantó Página/12 en su
edición de ayer, el magistrado está al borde del juicio político luego de haber sido
detenido durante varias horas por la Justicia uruguaya acusado de hurtar dos calzoncillos,
un lápiz protector de labios y pilas de un supermercado esteño. Ayer el ministro Carlos
Corach fue el primero en dejar abierta la puerta del jury de enjuiciamiento para el juez:
“Si se comprueba un delito de este tipo, obviamente tiene que actuar” el Consejo
de la Magistratura, dijo contestando a los periodistas que a diario lo esperan en la
puerta de su casa. Consultados por este diario, el diputado Melchor Cruchaga sostuvo que
“la gravedad del hecho, más allá de que la Justicia uruguaya lo absolvió porque
los elementos supuestamente hurtados son de menor cuantía, merece la promoción de un
juicio político”. Dos cuestiones mantienen pendiente el pedido de juicio político al juez acusado de ladrón. Por un lado la feria judicial, que termina este fin de semana. Por el otro, que las actuaciones judiciales uruguayas en el caso aún no están en poder de la embajada argentina ni de los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes deberían solicitar el jury de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional. La importancia de esos documentos está en las declaraciones de los testigos del supuesto hurto de slips, empleados del supermercado Devoto. En esos testimonios se basará cualquier acusación que se realice a nivel institucional contra Ruda Bart ya que en este caso no hubo proceso. Sucede que la ley penal uruguaya determina que quien insta la acción penal, el fiscal puede disponer que, si se recuperaron los elementos de un robo y habiendo sido pagados los mismos, no es necesario poner en funcionamiento el aparato jurídico del Estado, tal como ocurre en algunos estados norteamericanos. Y así ocurrió en este caso. Esa absolución no significa que el juez acusado de hurto sea inocente, si no que por la baja cuantía de lo que habría substraído, el caso no amerita un proceso. O sea, si se inicia un juicio político a Ruda Bart, el Consejo de la Magistratura en su acusación deberá tener en cuenta los testimonios que la Justicia uruguaya prefirió pasar por alto. La gravedad de la situación que enfrenta Ruda Bart quedó clara ayer cuando el juez uruguayo Néstor Valleti dijo en una radio porteña que la versión de los hechos dada por el acusado era “poco creíble”. Ruda Bart sostiene que intentó devolver a las correspondientes góndolas lo que dos adolescentes habían robado momentos antes, como una forma de ayudarlos. Pero ese argumento queda del todo fuera de combate ante el relato del encargado del supermercado Devoto, Carlos Gurucua, quien ayer contó lo suyo por Radio Continental. Gurucua dijo que vio “personalmente” cómo “este señor se guarda los slips en la campera”. También sostuvo que jamás vio en el súper antes del ingreso del juez a los dos supuestos jóvenes ladrones a los que Ruda Bart habría querido ayudar. Página/12 intentó comunicarse con Gurucua, pero después de las declaraciones a Continental, el supermercado prohibió que sus empleados hablaran con periodistas. Este diario consultó ayer al diputado frepasista Oscar Massei, otro de los integrantes de la Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura, para quien “más allá de cómo juzguen el hecho las autoridades uruguayas, es bochornoso y por ello hay que evaluar la probidad y la dignidad del magistrado”. Massei considera que, tal como están la cosas, Ruda Bart merece “por lo menos un juzgamiento disciplinario. Y por supuesto que si queda claro que robó, es inevitable el juicio político”.
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