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CARLOS SALINAS FUE INVOLUCRADO EN LA MUERTE DE JOSE RUIZ MASSIEU
Ex presidente prófugo y acusado

El sicario que asesinó al ex secretario
general del PRI reveló quién le dio la
orden: el ex mandatario Carlos Salinas.

José Francisco Ruiz Massieu es transportado todavía vivo al hospital donde moriría más tarde.
Daniel Aguilar Treviño le descerrajó un tiro en 1994 y ahora dispara contra los hermanos Salinas.

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t.gif (862 bytes)  El primero que pagó quiere que todos paguen con él. A casi cuatro años de su condena a 50 años de prisión por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y a una semana de que Raúl Salinas fuera sentenciado por la autoría intelectual del crimen, Daniel Aguilar Treviño prendió el ventilador y el jueves por la noche acusó al ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), hermano de Raúl, de estar involucrado en el hecho. Aguilar Treviño, un asesino a sueldo que confesó haberle disparado a quien en 1994 era el secretario general del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), agregó que Carlos Salinas también está relacionado con el crimen, en ese mismo año, del entonces candidato presidencial del PRI Luis Colosio.
“La idea original era secuestrar a Ruiz Massieu para de esta manera obligarlo a desistir de sus reformas políticas y asimismo renunciar a su vida política, ya que era un banco de datos y podía exhibir en cualquier momento no tan sólo el homicidio de Colosio sino además los nexos que conocía entre la familia Salinas y el narcotráfico”. En una carta de 17 páginas dirigida al noticiero “Blanco y Negro” de Multivisión, Aguilar se despachó con acusaciones manchando aún más lo que ya está sucio: la imagen de la familia Salinas y la fama mafiosa que se ganó el PRI en los últimos años.
“Desafortunadamente, un homicidio desencadenó otro, pudiendo ser varios más, ya que el asesinato del señor Luis Donaldo Colosio fue fraguado desde Los Pinos (residencia presidencial) y aceptado desde el salinismo”, dijo Aguilar, quien ni siquiera dejó en pie a la víctima de su disparo. “Como Ruiz Massieu no estaba de acuerdo con las imposiciones del salinismo, quiso usar su complicidad en el caso Colosio para que se diera puertas a sus reformas e ideas políticas: el salinismo, al sentir la amenaza que representaba, tomó la decisión de liquidarlo”, explicó.
Además de la tarifa correspondiente a su “trabajo”, Aguilar agregó que recibió 50.000 dólares del propio Raúl Salinas como “estímulo”, y acusó por primera vez a José Córdoba Montoya, ex asesor presidencial. “Córdoba me dijo que todo estaba arreglado, que por la policía no me preocupara, que por la Procuraduría General de la República tampoco, ya que ellos hacían lo que ellos decían y Raúl, en formas sarcástica, riéndose dijo: ‘No hay problema, estamos arreglados y por las armas no te preocupés’”. Como si esto fuera poco, también involucró, entre otros, al empresario Carlos Peralta, socio y amigo de Raúl Salinas, y al general (R) Jorge Carrillo Olea, ex gobernador de Morelos y ex jefe de Operaciones Antinarcóticos.
En realidad, el asesino de Ruiz Massieu ya cambió varias veces sus declaraciones. Por esta razón, el procurador general Jorge Madrazo se apuró a descalificar a Aguilar como “testigo idóneo”. Sin embargo, el diputado del PRI Manuel González, presidente de la comisión legislativa que sigue las investigaciones de estos crímenes, declaró que las palabras del asesino podrían derivar en un nueva citación judicial del ex presidente Salinas. En ese caso, habría que encontrarlo: luego de un exilio autoimpuesto en Irlanda, algunas versiones indicaban que el ex mandatario estaba en Cuba, pero La Habana no confirmó la noticia.
Además de estar condimentado con relaciones familiares –Ruiz Massieu fue el esposo de la única hermana de los Salinas y Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima, fue el primer fiscal del caso y se sospecha que ocultó pruebas contra Raúl Salinas por su enemistad con José Francisco–, las muertes de Colosio y Ruiz Massieu significaron la peor crisis del partido que gobierna México hace 70 años y marcaron la necesidad de un punto de inflexión respecto de sus comportamientos “mafiosos”. Lo que no parece seguro es que este cambio haya efectivamente ocurrido.
Para algunos, como la propia familia Ruiz Massieu, la irregularidad del proceso demuestra que no se hizo justicia. No existen pruebas directas que involucren a Raúl Salinas como autor intelectual del crimen, y para acusarlo se utilizaron pruebas circunstanciales. Mario Ruiz Massieu, quienestá bajo arresto domiciliario en Estados Unidos por su supuesta vinculación con el narcotráfico, dijo abiertamente que “el presidente Ernesto Zedillo ha visto cumplida su venganza”, citando la rivalidad existente entre el actual presidente y su antecesor.
Pero en un plano más general, otros señalan que estas disputas muestran que la estructura del PRI se mantiene inalterable detrás de la máscara del escándalo resuelto. “Raúl sería quien pagaría por los crímenes de su hermano y de la tecnocracia a la que ayudaría a lavar la imagen, así como al sistema político”, escribió el analista Luis Javier Garrido en la edición de ayer del diario La Jornada. “A pesar de todo, subsiste entre Zedillo y Carlos Salinas un acuerdo en lo fundamental: el que permite al mismo grupo seguir usufructuando el poder”, dijo Garrido.

 


 

PROCESAN A UN CORONEL POR EL ASESINATO DE DOS COMUNISTAS
Un poco menos de impunidad en Chile

t.gif (862 bytes) Mientras en Londres se esperaba la reanudación del proceso de los lores sobre Augusto Pinochet el lunes, las acciones de los familiares de las víctimas de la dictadura logran horadar poco a poco el muro de la impunidad en el mismo lugar de los hechos. En Chile se inició ayer un juicio a un miembro de la Fuerza Aérea por crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet. También en Chile se descubrió en la cada día más siniestra Colonia Dignidad la existencia de un bunker que se habría usado para torturar a presos políticos. Mientras tanto, en Bolivia, el ex dictador y hoy presidente constitucional Hugo Banzer ordenó a su cancillería que envíe al juez español Baltasar Garzón documentos sobre siete ciudadanos bolivianos asesinados durante la represión chilena.
En su tiempo, el coronel (hoy retirado) Edgar Benjamin Ceballos no era un hombre conocido. Miembro de la inteligencia de la Fuerza Aérea, en una época en que los servicios de inteligencia jugaban un papel notorio en la represión, entre el 8 y el 9 de julio de 1974 mandó ejecutar a dos comunistas chilenos: Alfonso Carreño y José Luis Baeza. Ayer, sin embargo, Ceballos salió de la oscuridad y obtuvo la distinción de sumarse a los pocos militares chilenos procesados por la Justicia de su país por crímenes durante la dictadura. Anteriormente, un tribunal chileno había sobreseído las querellas impulsadas contra él con el argumento de la prescripción –que establece que después de cierto período no se puede procesar un delito–, pero ayer un tribunal chileno revocó el sobreseimiento argumentando que los acuerdos internacionales que firmó Chile prohíben la prescripción de delitos de secuestro y tortura.
Más promisorio aún, versiones de prensa afirman que la resolución del tribunal prevé investigar la participación en este caso –y posiblemente en otros– de varios altos funcionarios del régimen pinochetista. Hasta ahora, los nombres mencionados son los del ex ministro de Defensa Raúl Benavides, el ex ministro del Interior Sergio Fernández, el ex subsecretario del Interior Enrique Montero y el general retirado Sergio Arellano Stark, tristemente célebre por haber liderado la llamada “caravana de la muerte”, que dejó decenas de muertos mientras se realizaba el golpe, y que nunca fue objeto de ningún tipo de procesamiento.
La resolución coincidió con más revelaciones sobre la represión en Chile, en este caso en la alemana “Colonia Dignidad”. Las investigaciones son encabezadas por el juez chileno Juan Guzmán, quien ayer habría obtenido pruebas –incluyendo testimonios de ex prisioneros– de que un bunker del asentamiento se usó como campo de concentración de los servicios de inteligencia. El proceso fue iniciado por el grupo de derechos humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esta revelación arroja aún más sospechas sobre el rol de la comunidad alemana en Chile durante la dictadura.
La coincidencia de estas revelaciones es una buena noticia para muchos, pero también genera sospechas sobre sus causas. Una posibilidad, la más agradable, es que el proceso a Pinochet esté empezando a desarticular la impunidad que cubre en Chile a la mayoría de los culpables de crímenes bajo la dictadura. Por otro lado, podrían ser golpes de efecto para probar la voluntad y poder de los tribunales chilenos de atender a los reclamos por las violaciones a derechos humanos, y así limitar la avalancha de querellas que amenaza descender desde el extranjero.
En cualquier caso, es inevitable que estos procesos se amplíen luego de que ayer el presidente Banzer entregara la información sobre los bolivianos asesinados por el régimen pinochetista. Aunque Banzer presidió la dictadura boliviana de siete años, actualmente gobierna por una coalición dominada por la izquierda, que en efecto puede haberle torcido el brazo para enviar los documentos a España. El gobierno mantuvo el silencio sobre los riesgos de que el presidente sea juzgado por los crímenes cometidos durante su propio gobierno de facto.
En efecto, los motivos para que Banzer libere esta información son oscuros. Aunque la culpabilidad en este caso recae sobre Chile, conllevaun alto riesgo de “contagio”, que lleve a un destape similar en Bolivia. Por otro lado, la cooperación de Banzer podría ser un signo de buena fe a Garzón, quien de todos modos está obligado a investigar al ex dictador boliviano por su participación en el Operativo Cóndor.

 

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