El primero
que pagó quiere que todos paguen con él. A casi cuatro años de su condena a 50 años de
prisión por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y a una semana de que Raúl
Salinas fuera sentenciado por la autoría intelectual del crimen, Daniel Aguilar Treviño
prendió el ventilador y el jueves por la noche acusó al ex presidente mexicano Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994), hermano de Raúl, de estar involucrado en el hecho.
Aguilar Treviño, un asesino a sueldo que confesó haberle disparado a quien en 1994 era
el secretario general del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), agregó
que Carlos Salinas también está relacionado con el crimen, en ese mismo año, del
entonces candidato presidencial del PRI Luis Colosio.
“La idea original era secuestrar a Ruiz Massieu para de esta manera obligarlo a
desistir de sus reformas políticas y asimismo renunciar a su vida política, ya que era
un banco de datos y podía exhibir en cualquier momento no tan sólo el homicidio de
Colosio sino además los nexos que conocía entre la familia Salinas y el
narcotráfico”. En una carta de 17 páginas dirigida al noticiero “Blanco y
Negro” de Multivisión, Aguilar se despachó con acusaciones manchando aún más lo
que ya está sucio: la imagen de la familia Salinas y la fama mafiosa que se ganó el PRI
en los últimos años.
“Desafortunadamente, un homicidio desencadenó otro, pudiendo ser varios más, ya que
el asesinato del señor Luis Donaldo Colosio fue fraguado desde Los Pinos (residencia
presidencial) y aceptado desde el salinismo”, dijo Aguilar, quien ni siquiera dejó
en pie a la víctima de su disparo. “Como Ruiz Massieu no estaba de acuerdo con las
imposiciones del salinismo, quiso usar su complicidad en el caso Colosio para que se diera
puertas a sus reformas e ideas políticas: el salinismo, al sentir la amenaza que
representaba, tomó la decisión de liquidarlo”, explicó.
Además de la tarifa correspondiente a su “trabajo”, Aguilar agregó que
recibió 50.000 dólares del propio Raúl Salinas como “estímulo”, y acusó por
primera vez a José Córdoba Montoya, ex asesor presidencial. “Córdoba me dijo que
todo estaba arreglado, que por la policía no me preocupara, que por la Procuraduría
General de la República tampoco, ya que ellos hacían lo que ellos decían y Raúl, en
formas sarcástica, riéndose dijo: ‘No hay problema, estamos arreglados y por las
armas no te preocupés’”. Como si esto fuera poco, también involucró, entre
otros, al empresario Carlos Peralta, socio y amigo de Raúl Salinas, y al general (R)
Jorge Carrillo Olea, ex gobernador de Morelos y ex jefe de Operaciones Antinarcóticos.
En realidad, el asesino de Ruiz Massieu ya cambió varias veces sus declaraciones. Por
esta razón, el procurador general Jorge Madrazo se apuró a descalificar a Aguilar como
“testigo idóneo”. Sin embargo, el diputado del PRI Manuel González, presidente
de la comisión legislativa que sigue las investigaciones de estos crímenes, declaró que
las palabras del asesino podrían derivar en un nueva citación judicial del ex presidente
Salinas. En ese caso, habría que encontrarlo: luego de un exilio autoimpuesto en Irlanda,
algunas versiones indicaban que el ex mandatario estaba en Cuba, pero La Habana no
confirmó la noticia.
Además de estar condimentado con relaciones familiares –Ruiz Massieu fue el esposo
de la única hermana de los Salinas y Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima, fue el
primer fiscal del caso y se sospecha que ocultó pruebas contra Raúl Salinas por su
enemistad con José Francisco–, las muertes de Colosio y Ruiz Massieu significaron la
peor crisis del partido que gobierna México hace 70 años y marcaron la necesidad de un
punto de inflexión respecto de sus comportamientos “mafiosos”. Lo que no parece
seguro es que este cambio haya efectivamente ocurrido.
Para algunos, como la propia familia Ruiz Massieu, la irregularidad del proceso demuestra
que no se hizo justicia. No existen pruebas directas que involucren a Raúl Salinas como
autor intelectual del crimen, y para acusarlo se utilizaron pruebas circunstanciales.
Mario Ruiz Massieu, quienestá bajo arresto domiciliario en Estados Unidos por su supuesta
vinculación con el narcotráfico, dijo abiertamente que “el presidente Ernesto
Zedillo ha visto cumplida su venganza”, citando la rivalidad existente entre el
actual presidente y su antecesor.
Pero en un plano más general, otros señalan que estas disputas muestran que la
estructura del PRI se mantiene inalterable detrás de la máscara del escándalo resuelto.
“Raúl sería quien pagaría por los crímenes de su hermano y de la tecnocracia a la
que ayudaría a lavar la imagen, así como al sistema político”, escribió el
analista Luis Javier Garrido en la edición de ayer del diario La Jornada. “A pesar
de todo, subsiste entre Zedillo y Carlos Salinas un acuerdo en lo fundamental: el que
permite al mismo grupo seguir usufructuando el poder”, dijo Garrido.
PROCESAN A UN CORONEL POR EL ASESINATO DE DOS
COMUNISTAS
Un poco menos de impunidad en Chile
Mientras
en Londres se esperaba la reanudación del proceso de los lores sobre Augusto Pinochet el
lunes, las acciones de los familiares de las víctimas de la dictadura logran horadar poco
a poco el muro de la impunidad en el mismo lugar de los hechos. En Chile se inició ayer
un juicio a un miembro de la Fuerza Aérea por crímenes cometidos durante el régimen de
Pinochet. También en Chile se descubrió en la cada día más siniestra Colonia Dignidad
la existencia de un bunker que se habría usado para torturar a presos políticos.
Mientras tanto, en Bolivia, el ex dictador y hoy presidente constitucional Hugo Banzer
ordenó a su cancillería que envíe al juez español Baltasar Garzón documentos sobre
siete ciudadanos bolivianos asesinados durante la represión chilena.
En su tiempo, el coronel (hoy retirado) Edgar Benjamin Ceballos no era un hombre conocido.
Miembro de la inteligencia de la Fuerza Aérea, en una época en que los servicios de
inteligencia jugaban un papel notorio en la represión, entre el 8 y el 9 de julio de 1974
mandó ejecutar a dos comunistas chilenos: Alfonso Carreño y José Luis Baeza. Ayer, sin
embargo, Ceballos salió de la oscuridad y obtuvo la distinción de sumarse a los pocos
militares chilenos procesados por la Justicia de su país por crímenes durante la
dictadura. Anteriormente, un tribunal chileno había sobreseído las querellas impulsadas
contra él con el argumento de la prescripción –que establece que después de cierto
período no se puede procesar un delito–, pero ayer un tribunal chileno revocó el
sobreseimiento argumentando que los acuerdos internacionales que firmó Chile prohíben la
prescripción de delitos de secuestro y tortura.
Más promisorio aún, versiones de prensa afirman que la resolución del tribunal prevé
investigar la participación en este caso –y posiblemente en otros– de varios
altos funcionarios del régimen pinochetista. Hasta ahora, los nombres mencionados son los
del ex ministro de Defensa Raúl Benavides, el ex ministro del Interior Sergio Fernández,
el ex subsecretario del Interior Enrique Montero y el general retirado Sergio Arellano
Stark, tristemente célebre por haber liderado la llamada “caravana de la
muerte”, que dejó decenas de muertos mientras se realizaba el golpe, y que nunca fue
objeto de ningún tipo de procesamiento.
La resolución coincidió con más revelaciones sobre la represión en Chile, en este caso
en la alemana “Colonia Dignidad”. Las investigaciones son encabezadas por el
juez chileno Juan Guzmán, quien ayer habría obtenido pruebas –incluyendo
testimonios de ex prisioneros– de que un bunker del asentamiento se usó como campo
de concentración de los servicios de inteligencia. El proceso fue iniciado por el grupo
de derechos humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esta
revelación arroja aún más sospechas sobre el rol de la comunidad alemana en Chile
durante la dictadura.
La coincidencia de estas revelaciones es una buena noticia para muchos, pero también
genera sospechas sobre sus causas. Una posibilidad, la más agradable, es que el proceso a
Pinochet esté empezando a desarticular la impunidad que cubre en Chile a la mayoría de
los culpables de crímenes bajo la dictadura. Por otro lado, podrían ser golpes de efecto
para probar la voluntad y poder de los tribunales chilenos de atender a los reclamos por
las violaciones a derechos humanos, y así limitar la avalancha de querellas que amenaza
descender desde el extranjero.
En cualquier caso, es inevitable que estos procesos se amplíen luego de que ayer el
presidente Banzer entregara la información sobre los bolivianos asesinados por el
régimen pinochetista. Aunque Banzer presidió la dictadura boliviana de siete años,
actualmente gobierna por una coalición dominada por la izquierda, que en efecto puede
haberle torcido el brazo para enviar los documentos a España. El gobierno mantuvo el
silencio sobre los riesgos de que el presidente sea juzgado por los crímenes cometidos
durante su propio gobierno de facto.
En efecto, los motivos para que Banzer libere esta información son oscuros. Aunque la
culpabilidad en este caso recae sobre Chile, conllevaun alto riesgo de
“contagio”, que lleve a un destape similar en Bolivia. Por otro lado, la
cooperación de Banzer podría ser un signo de buena fe a Garzón, quien de todos modos
está obligado a investigar al ex dictador boliviano por su participación en el Operativo
Cóndor.
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