Por Diego
Schurman
 La
comparación genera molestia, pero se vuelve ineludible. Por eso Carlos Menem dejó una
orden precisa a sus ministros: impedir cualquier atisbo de saqueo a los hipermercados y
evitar así la sensación de caos de los últimos días del gobierno alfonsinista. El
Presidente recomendó como fórmula una suerte de “militalización” del país, a
través de un afiatado dispositivo de seguridad en centros comerciales, la Plaza de Mayo,
el Ministerio de Trabajo, y otros puntos por donde estiman que hoy marcharán los
partidarios del sindicalista jujeño Carlos Perro Santillán y el dirigente de jubilados
Raúl Castells. La preocupación oficial, está claro, no es menor: sólo para la Capital
Federal se espera un despliegue de 2 mil efectivos policiales.
 El operativo se iniciará esta madrugada con la coordinación del secretario
de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma. Como se trata de una jornada de protesta de
corte nacional, se dispusieron medidas específicas en el interior del país, previa
consulta con la Cámara Argentina de Supermercados.
La manifestación central se realizará en la Capital. Y los porteños se encontrarán con
un fuerte dispositivo de seguridad. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a
Página/12 sus principales características:
u Se movilizarán al menos 1850 efectivos, un piso confirmado a este diario por el
departamento de prensa de la Policía Federal.
u Los agentes estarán distribuidos en “centros neurálgicos”. Habrá custodia
en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Ministerio de Trabajo –por donde
marcharán algunos simpatizantes de Santillán– pero también, y con especial
interés, en los principales hipermercados porteños, como Carrefour, Jumbo, Norte y
Disco, donde habrá custodias fijas y patrullas permanentes.
u La orden es estar preparado para “cualquier contingencia”. Es decir, que no
sólo se dispondrá de tareas preventivas sino también, en el caso de ser necesario, de
otras de tipo represivo. En ese sentido habrá personal pertrechado con bombas de gases
lacrimógeno y se movilizarán carros de asalto y camiones hidrantes.
En el conurbano también habrán operativos. El subsecretario de Coordinación de la
Secretaría de Seguridad bonaerense, Martín Arias Dubal, evitó dar cifras pero aseguró
que el despliegue será “muy importante” y contemplará efectivos uniformados y
de civil.
“Sabemos que la movilización más fuerte está convocada para la Capital Federal,
pero nunca se sabe si la gente va a hacer un alto en el camino”, dijo ante la
posibilidad de que las columnas se desvíen hacia algún supermercado. Arias Dubal fue uno
de los que tomó contacto con el presidente de las cámaras del sector, Juan Mirenna, para
coordinar los operativos.
El temor es creciente. En diciembre se produjeron concentraciones en la sucursal que Wal
Mart posee en Avellaneda y en el Carrefour de San Justo. Para descomprimir ambos
hipermercados decidieron entregar bolsas de alimentos. Las situaciones se repitieron en
Norte y Disco, de Rosario y Mar del Plata, y en el shopping del Abasto, en Capital.
También se registraron protestas frente al Wal Mart de Neuquén y Jumbo de Quilmes. El 2
de enero Castells fue detenido frente al Wal Mart de Córdoba por el delito de
“coacción” al intentar saquear el centro comercial. Y finalmente el 6 de enero
se produjo la última movilización, esta vez al Carrefour San Lorenzo, en Boedo.
Atento a la nueva manifestación, Toma envió esta vez partes a todos los organismos de
seguridad provinciales. Pese a que los manifestantes fueron convocados originalmente para
marchar hacia los supermercados y exigir 50 mil kilos de alimentos y mercaderías,
Santillán aseguró ayer que las columnas de su Corriente Clasista Combativa sólo se
dirigirán hacia la Plaza de Mayo y el Ministerio de Trabajo. Curiosamente allí no
estarán ni Santillán ni Castells. El sindicalista prefirió liderar la protesta
convocada en Jujuy, su provincia natal. Castells continúa tras las rejas, aunque su
Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados dirá presente a las 11 de la mañana
frente a las instalaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), en
pleno centro porteño.
Toma dijo que soportará “cualquier tipo de manifestación democrática”, pero
que no tolerará el “chantaje”. “Vamos a advertirles a estos señores
clasistas y combativos, como se definen, que tienen todo el derecho a reclamar y
protestar, y se lo vamos a garantizar. Pero no tiene derecho a convocar a cometer un
delito, como es ocupar un supermercado, y menos a hacerlo manipulando las necesidades que
la gente tiene”, aseguró.
Menem no quiere sorpresas desagradables para lo que se supone es su último año de
gobierno. Sabe que así como el “voto-cuota” resultó en 1995 una campaña
efectista para sus intereses electorales, la instantánea de un saqueo, con manifestantes
envilecidos por el hambre y aun con personas movilizadas ad hoc, se convertiría
automáticamente en una de sus peores publicidades.
El fantasma de los saqueos del ‘88-’89, cuando expiraba el gobierno de Raúl
Alfonsín, fue suficiente razón para que el Presidente ordenara impedir el ingreso de
manifestantes a los hipermercados. Antes de partir a Venezuela, donde hoy participará del
acto de asunción del presidente electo Hugo Chávez, Menem instruyó en ese sentido a los
hombres de su gobierno.
En público, el mandatario insiste en diferenciar el cuadro de situación que reinaba en
el ‘89, dominado por la hiperinflación. Aunque poco ha dicho sobre el 12,4 por
ciento de desocupación actual –un índice “mentiroso” si se tiene en
cuenta la proliferación de empleo transitorio y precario– y el promedio de 64,11
pesos con el que la quinta parte de los argentinos subsiste mensualmente, según reveló
un reciente estudio de la consultora Equis en base a la Encuesta Permanente de Hogares del
INDEC.
SANTILLAN EXPLICA SU RECLAMO MEDIDO EN
PRODUCTOS
“Son 50 mil kilos por mes”
Por Victoria Ginzberg
“Los que atentan
contra la democracia y la Constitución son los que han producido el
hambre”, afirmó a Página/12 Carlos “Perro” Santillán, en respuesta a la
querella en su contra iniciada por el secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma.
El sindicalista jujeño dijo que la Jornada Nacional de Protesta que se realizará hoy
consistirá en marchas en diferentes puntos del país y aseguró que hay
“supermercados nacionales” que dan alimentos “porque reconocen que hay
hambre y que el Gobierno no hace nada”.
–¿Sigue manteniendo la convocatoria para la marcha?
–Sí, pero no con las características que le da el Gobierno. El principal reclamo es
por pan y trabajo. Exigimos 50 mil kilos de mercadería por mes y 5 mil puestos de trabajo
al Gobierno. Pero el pedido de fondo es que cambien esta política y que haya trabajo para
todos. El Gobierno ha cambiado el mensaje que dábamos para ponernos a Raúl Castells y a
mí en el blanco.
–¿Cómo lo cambiaron?
–Diciendo que estábamos propiciando los saqueos y la toma de supermercados. Nosotros
venimos haciendo desde hace mucho tiempo jornadas de lucha de este tipo. Hay sectores que
ya no comen. Mañana vamos a salir en todo el país a demostrar eso, y a exigir la
libertad de Castells y que terminen las causas contra los compañeros de la Corriente
Clasista y Combativa que estamos siendo perseguidos de una manera que se asemeja a la de
la dictadura.
–En definitiva, ¿en qué va a consistir la jornada nacional de protesta?
–Habrá una marcha principal en capital, que se va a dirigir a Plaza de Mayo y al
Ministerio del Trabajo. También marchas en Tucumán, Jujuy, Rosario. En donde esté la
Corriente, va a marchar.
–Pero ustedes hablaron de ir a pedir a los supermercados.
–Lo que nosotros dijimos es que si el Gobierno no daba, nosotros íbamos a tener que
pedir la solidaridad de los supermercados. Mañana (por hoy) no vamos a ir a los
supermercados, aunque hay supermercados que ya han colaborado con nosotros. Nos están
entregando mercadería porque reconocen que hay hambre y que el Gobierno no hace nada. No
puedo dar nombres pero no es Wal Mart, que es yanqui; son supermercados nacionales.
–¿Como serían distribuidos los 50 mil kilos de alimentos mensuales que piden?
–Se repartirían entre las personas que nosotros tenemos empadronadas como
desocupados de la Corriente en todo el país y entre los jubilados que menos ganan, que
son los del movimiento independiente de Castells. Estamos moralmente autorizados a recibir
esa mercadería para que llegue a los más necesitados y no como hacen ellos, que se la
dan a los punteros para recoger votos.
–¿Tiene miedo de ir preso?
–Nos quieren acallar pero mientras siga esta política de hambre y marginación no
van a poder, aunque me metan preso a mí y a Castells. Yo espero que actúen con la
Constitución, que nos dejen de intimidar y que nos den la libertad que tenemos para
reclamar. Miedo no tengo, pero me mantienen en vilo. Uno se siente perseguido en su
patria.
–Toma dice que ustedes utilizan las necesidades de la gente en beneficio propio.
–Casualmente es todo al revés. Ellos usan las necesidades de la gente en los tiempos
electorales.
MENOS PARA BUENOS AIRES Y LA CAPITAL QUE PARA
LA RIOJA
La poca ayuda está mal distribuida
Por Carlos Rodríguez
La provincia de La Rioja,
de la que –como es público y notorio– es oriundo el presidente Carlos Menem,
recibió un apoyo anual de la Nación de 122,10 pesos por cada uno de los 20.600 niños
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que otras 21 provincias que carecen
de hijo pródigo percibieron, apenas, una cifra promedio per capita de 21,32 pesos. Más
allá de lo exiguo de ambas cifras, la “notoria desigualdad” en el reparto de la
ayuda fue señalada en un estudio realizado por la consultora Equis (Equipos de
Investigación Social) que dirige el sociólogo Artemio López. La diferencia, en favor de
La Rioja, fue de un “472,7 por ciento más de recursos que la media nacional”.
El desajuste se produjo en la distribución de los fondos del Programa Alimentario
Nutricional Infantil (PRANI), cuyo objetivo –según la letra oficial– es el de
“mejorar las condiciones de vida y el acceso a una alimentación adecuada y
suficiente de los niños de 2 a 14 años nutricionalmente vulnerables, pertenecientes a
hogares socioeconómicamente desfavorecidos”. En su informe anual sobre los planes
sociales desarrollados durante el segundo semestre de 1998, la Secretaría de Desarrollo
Social reconoció “un aumento del porcentaje de población por debajo de la línea de
pobreza”, pero consideró que el problema podía ser controlado con los planes
sociales, entre ellos el PRANI.
La consultora Equis, que trabajó sobre datos del año 1996 ante la demora oficial de
actualizar las cifras, recordó que el PRANI no contempla ayuda alguna para la Capital
Federal y el Gran Buenos Aires, dos territorios agitados por la llamada guerra de los
supermercados. López interpreta que esos dos distritos son víctimas también de una
“discriminación de índole política”, sobre todo teniendo en cuenta que en los
últimos veinte años la participación del diez por ciento más pobre que vive en la gran
ciudad cayó un 51 por ciento en lo que hace a la distribución del total de los ingresos,
pasando del 3,1 al 1,5 por ciento.
Los datos oficiales, proporcionados por el INdEC, señalan que el 7,4 por ciento promedio
de la población de la Capital tiene sus necesidades básicas insatisfechas, lo que hace
un total de 219.428 personas. En el cordón sur, que va desde el sur de Retiro hasta Villa
Soldati–Villa Lugano, el porcentaje de NBI se eleva al 17,4 por ciento.
En el conurbano bonaerense la situación es también dramática. El total de NBI llega a
1.808.949 personas. El problema es más grave todavía en el llamado “cordón
2”, integrado por los partidos de Florencio Varela, Moreno, Esteban Echeverría,
General Sarmiento, Tigre, Merlo, Berazategui, La Matanza, Quilmes y Almirante Brown.
Allí, el 28,3 por ciento de la población –sobre un total de 4.299.468
personas– tiene sus necesidades básicas insatisfechas, “pero el gobierno
nacional parece no enterarse”, recalcó López.
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