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Por Susana Viau Tal como
publicó Página/12 en su edición de ayer, AMI S. A., la empresa que quedó fuera de la
convocatoria realizada por PAMI para administrar parte de sus prestaciones, presentó una
dura impugnación a los resultados de la licitación. Estos, sostiene, se basaron en la
“falsedad manifiesta” de los informes volcados a las planillas de evaluación.
También anunciaron que, si no se suspende la adjudicación, recurrirá a la acción
penal. Por su parte, ante las informaciones de este diario, vinculadas a la existencia de
un primer dictamen que precalificaba a cuatro grupos y no a tres, como finalmente
ocurrió, el presidente del Instituto de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados,
Víctor Alderete, respondió que “como siempre, cada vez que en la Argentina las
cosas se hacen serias buscamos la historia de que hay un negocio detrás”, dio el
ejemplo de la privatización de ENTEL y las autopistas y agregó que “algunos
quedaron fuera, lo sentimos; estarán pagando, subvencionando esas noticias”.La impugnación, firmada por los abogados Ricardo Gil Lavedra y Pedro Aberastury, sostiene que “los antecedentes de hecho tenidos en cuenta para descalificar la oferta de AMI S. A. son falsos y ello lleva a la nulidad del acto que conforma el dictamen del comité y tiñe de sospecha la evaluación de las restantes calificadas”. En sus conclusiones, el documento manifiesta que “la sola lectura de los listados presentados por AMI S. A., confrontado con las necesidades de la población afiliada según lo previsto en el pliego, conduce fácilmente a una sola conclusión: los resultados de la planilla que indican que AMI S. A. padece déficit prestacional en casi todas las localidades son un disparate mayúsculo, una mentira insostenible”. Gil Lavedra y Aberastury afirman que “tergiversar caprichosamente los contenidos de una oferta para favorecer a otra supone un acto de administración infiel o fraudulenta en perjuicio de los intereses confiados” y reclaman “una pronta investigación a fin de determinar quiénes fueron los empleados y/o funcionarios que confeccionaron las planillas incurriendo en la felonía que se ha explicitado”. Uno de los casos reseñados por los letrados es el de Merlo (provincia de Buenos Aires): allí, sostiene, su competidora Argentina Salud carece de Tercer Nivel (alta complejidad). No obstante, observa, “esta falencia en la localidad de Merlo no figura en el dictamen del comité. Sin embargo, la evaluación de la oferta de AMI S. A. en Merlo es DEFICIT EN TODOS LOS RUBROS, cuando se presentan 15 médicos de cabecera, 9 centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio, 120 camas de internación y preacuerdo con una clínica de alta complejidad que, por si resultase necesario recalcar, es propiedad de uno de los accionistas de AMI S. A.”. En relación a la diferencia de tratamiento dada a su cliente respecto de Plan Azul, los letrados indican que, en Catamarca, Plan Azul presentó una sola clínica y 5 médicos de cabecera para toda la provincia. AMI S. A. en cambio, alegan, fue declarada deficitaria pese a ofrecer 72 camas de internación, 7 médicos de cabecera y 5 centros de diagnóstico. El comité calificador de cinco miembros y presidido por el riojano Carlos Santander, designado por Carlos Menem en el directorio de PAMI, había precalificado a cuatro administradoras. Al menos así lo declaraba el borrador inicialado por los integrantes de la comisión que fue mostrado dos semanas atrás a Página/12. Al parecer, el padrón de afiliados a PAMI dividido entre cuatro gerenciadoras no satisfacía las expectativas de los participantes y sus avales políticos. Una de ellas, al menos, dijo off the record un funcionario oficial, debía ser descalificada con un pase mágico porque, de lo contrario, “los números no daban”. Era imposible “bajar” alguna de las dos más fuertes (por su tradicional vinculación con sectores de poder), Siglo XXI y Argentina Salud, seguras candidatas desde un inicio a llevarse el gato al agua. Las dos restantes movieron sus fichas. Pero a Plan Azul se incorporaron a último momento –y se sostiene que a instancias de Carlos Santander, valedor y defensor a ultranza de sucalificación– Benito Roggio y el Banco de La Rioja, en manos del ultramenemista Elías Saad. Para abundar en anécdotas, puede recordarse que el propio Santander ha comenzado a dar los primeros pasos para lanzar su candidatura a gobernador de la provincia. Allí ha organizado estos meses torneos infantiles de fútbol apadrinados por centros de jubilados y provistos de comida, gorritos, camisetas, premios, fuegos artificiales procedentes de algunas donaciones y, es obvio, de las finanzas de PAMI.
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