El general Pinochet y su principal aliada en Gran Bretaña Margaret Thatcher no sabían que al firmar en 1984 la Convención contra la tortura estaban rubricando una ley que se volvería como un boomerang en su contra 15 años más tarde. La misma Convención que ambos países incorporaron a sus respectivas legislaciones en 1988 se convirtió ayer, durante la décima audiencia de la apelación en la Cámara de los Lores, en el principal límite a la inmunidad del Estado invocada por el abogado del gobierno chileno en favor del ex dictador.

El abogado Lawrence Collins buscó apoyarse en la misma Convención contra la Tortura para demostrar que la inmunidad del Estado se mantenía incólume, ya que en ninguna parte los 110 países signatarios renunciaban "expresamente" a ejercer su propia jurisdicción sobre los delitos. Según su interpretación, la convención nunca se planteó establecer una jurisdicción universal para la tortura, por la cual todo país signatario tiene la obligación de arrestar al acusado que se encuentre en su territorio sin importarle su nacionalidad. "El objetivo de la convención es reafirmar el repudio que genera la tortura en los países donde ocurre", indicó Collins.

Dicha línea argumental fue repetidamente cuestionada por los jueces lores. Refiriéndose a las obligaciones contraídas por Gran Bretaña al firmar la convención, el presidente del panel, Lord Nicholas Browne Willkinson, pareció ponerse de lado de la interpretación "universalista" de la convención al indicar que el documento precisaba "que tenemos la obligación de arrestar y extraditar o enjuiciar" a los acusados de "aplicar o instigar la tortura que se encuentren en el país" (ergo a Pinochet). Esta interpretación chocó con la inmunidad del Estado (y de sus agentes y funcionarios), reivindicada por el gobierno de Chile y la defensa de Pinochet, según la cual las cortes de un Estado no tienen derecho a someter a otro a juicio. Lawrence Collins se vio obligado a admitir que "la convención implica una cierta limitación de la territorialidad".

Para intentar recuperar una parcela de esa resbalosa jurisdicción nacional, Collins recordó que el caso Pinochet era único en la historia y destacó la importancia de la soberanía del Estado para proteger a las relaciones internacionales de los peligros que causaran las "falsas alegaciones". En este punto el abogado se detuvo para reiterar que según las instrucciones que tenía "no debía discutir los hechos del caso" e insistir en que la convención no podía poner en tela de juicio la inmunidad de los estados porque si no, no la habrían firmado 110 países. "El tema de la jurisdicción universal fue una cuestión sin importancia en la convención", dijo Collins.

En los corredores de la Cámara de los Lores, después del alegato del gobierno de Chile, Reed Brody de Human Rights Watch indicó a Página/12 que presentaría por escrito a los jueces lores su refutación a ese argumento ya que "la jurisdicción universal fue un tema central y no periférico de la convención". Por su parte, el embajador de Chile en Gran Bretaña, Mario Artaza, improvisó una conferencia de prensa frente a los baños adyacentes a la sala, en la que defendió su postura personal y la de su país. "Nosotros no aceptamos que otras potencias nos vengan a dictar qué es lo que debemos hacer", indicó Artaza.

CLAVE DE UN PROCESO INTERMINABLE
"Esta ley es un disparate"

"Esta ley es un disparate", dijo ayer Lord Browne-Wilkinson. El presidente del panel de siete jueces lores se refería a la ley que explica los más de tres meses que lleva el caso de Pinochet en Gran Bretaña. Cuando arrestan a Pinochet el 16 de octubre por pedido del juez Baltasar Garzón, la defensa invoca la ley de Inmunidad del Estado de 1978 alegando que el general goza de inmunidad ante la Justicia británica por su condición de ex jefe de Estado. El problema es que en ningún lado la ley, que reconoce la inmunidad de los estados ante la Justicia de Gran Bretaña, explica cuál es la situación de un jefe de Estado cuando deja de serlo. Si la ley dijera con todas sus letras que el ex jefe de Estado es inmune, la Fiscalía habría perdido la batalla hace tiempo. Pero ese "disparate" a que hace referencia Browne-Willkinson, especifica en la sección 20 que "sujeto a las provisiones de esta sección con las modificaciones que sean necesarias, se aplicará al soberano o jefe de Estado la ley de Privilegios Diplomáticos de 1964 que se aplica al jefe de una misión diplomática". Esto explica una parte de los alegatos porque en ningún momento se especifica qué modificaciones se necesitan para transferir la inmunidad de un jefe de misión diplomática a la de un jefe de Estado. El problema se agrava al buscar alguna especificación sobre lo que sucede con el ex jefe de misión diplomática (y por lo tanto el ex jefe de Estado) en la citada ley de 1964 que incorpora la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El artículo clave de dicha convención es el 39.2 que dice: "Cuando la persona deje de ejercer las funciones por las cuales goza de estos privilegios e inmunidades, éstos dejarán de existir en el momento en que deje el país o dentro de los límites de un período razonable. Sin embargo en relación con los actos realizados por dicha persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión, la inmunidad subsistirá". El problema es definir cuáles son esas funciones ya que el pedido de extradición es por genocidio, tortura y terrorismo.

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