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Por Victoria Ginzberg  “El destino final de
los detenidos lo decidía la Junta de Comandantes, pero específicamente quienes estaban
en el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el Ministerio del Interior”, aseguró el ex
general Guillermo Suárez Mason ante la jueza federal María Servini de Cubría.
“Pajarito” tuvo que concurrir por segundo día consecutivo a los tribunales de
Comodoro Py. Ayer declaró como testigo en la causa por la apropiación del hijo de
Cecilia Viñas y Hugo Penino. Fue involucrado en el caso por el dictador Emilio Eduardo
Massera, quien, en un intento por desligarse de los robos de bebés, aseguró que la
Escuela de Mecánica de la Armada dependía del Ejército. Ahora, Suárez Mason le tiró
la pelota al general Albano Harguindeguy. El 24 de noviembre pasado, pocas horas antes de que la jueza Servini de Cubría lo procesara y lo detuviera por la sustracción de un menor, Masseraafirmó que no sabía nada de lo que ocurría en la ESMA porque el lugar dependía operativamente del Ejército, ya que pertenecía a la zona 1, a cargo del ex general Guillermo Suárez Mason. Esta declaración provocó la citación del ex jefe del Primer Cuerpo, que el martes se presentó ante el juez federal Claudio Bonadío para responder qué había querido decir cuando afirmó públicamente sentir “prevención” por los judíos. Sobre los dichos de Massera, Suárez Mason aseguró que, aunque la ESMA estaba dentro de su área, desde la reja de entrada de la escuela la responsabilidad le correspondía a la Marina. Pero el ex general también trató de desvincularse de los robos de bebés que sí se cometieron en lugares que estaban bajo su mando. Si bien admitió haber participado personalmente de “operativos” de secuestros, dijo haber firmado una orden para que los menores que eran detenidos fueran entregados a sus familiares o –en el caso de que no se ubicaran– a instituciones, como por ejemplo, la Iglesia. Este documento –la orden de procedimiento nº 9– estaría en la causa 450, conocida como la “causa Suárez Mason”. Allí “Pajarito” fue acusado de homicidios, tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y robos. Se fugó del país y en 1987 fue capturado en San Francisco. Antes de ser condenado recibió el indulto del presidente Carlos Menem. –¿De quién dependía el destino final de los detenidos? –le preguntó a Suárez Mason Alcira Ríos, la abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo. –De la Junta de Comandantes y de quienes estaban en el Poder Ejecutivo Nacional, específicamente del Ministerio del Interior, porque para que un detenido fuera puesto a disposición del PEN se necesitaba un decreto del ministerio. De esta manera, Suárez Mason responsabilizó al ex ministro de Interior, Albano Harguindeguy, quien, seguramente se convertirá en un próximo testigo de la jueza Servini de Cubría. Ambos también serían citados por el juez federal Adolfo Bagnasco, quien investiga la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. La causa en que declaró ayer Suárez Mason se inició para encontrar al hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino, desaparecidos desde 1977. Gonzalo –como fue anotado por el represor prófugo Jorge Vildoza– se presentó ante la jueza para someterse a los análisis genéticos luego de encontrar el nombre de su supuesto padre en la página de Internet de las Abuelas de Plaza de Mayo. Servini de Cubría está investigando ahora a los responsables mediatos de esta apropiación.
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