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Por Carlos Rodríguez  “Es una reunión de
confraternidad.” El ministro del Interior, Carlos Corach, adoptó ante la prensa una
actitud conciliadora cuando recibió ayer en la Casa Rosada a un grupo de legisladores
bolivianos. Sin embargo, a puertas cerradas, el encuentro tuvo “momentos de gran
dureza”, según confió a Página/12 uno de los visitantes, dado que los
representantes del país vecino –antes se habían entrevistado con el vicepresidente
de la Nación, Carlos Ruckauf– fueron a expresar su “profundo malestar” por
las informaciones difundidas en los últimos tiempos sobre “la persecución de tinte
xenófoba que estaría sufriendo” la comunidad boliviana en la Argentina. Como
respuesta, Corach aseguró que el Gobierno “no tolerará maltratos a ningún
extranjero, indocumentado o no” y prometió la pronta sanción de un convenio
binacional, ratificado por el Congreso de Bolivia, que ayudaría a normalizar la
situación de los inmigrantes ilegales. En su contraofensiva frente a las protestas bolivianas –es un hecho totalmente inusual que una delegación legislativa visite el país por motivo semejante–, Corach aseguró que la nueva política del gobierno argentino en materia de migraciones “no tiene por objetivo expulsar a nadie, excepto a los que cometan delitos”. El ministro aprovechó para culpar a la prensa por “haber hecho sensacionalismo” con la polémica sobre el tema. La respuesta de los diputados extranjeros no se hizo esperar: le recordaron a Corach que las críticas a la política oficial “partieron de sectores políticos opositores, pero también de la Iglesia Católica”. Para corroborarlo, el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, afirmó ayer que en la Argentina hay que “cambiar las mentalidades muy nacionalistas” y pensar que el Mercosur “no puede ser para los poderosos sino para todos y acá hay que cambiar mucho la mentalidad respecto de nuestros hermanos de otros países”. Casaretto recalcó que cualquier extranjero debe ser considerado “tan hermano como un argentino” y en ese marco “no se puede hablar de Mercosur y seguir teniendo la misma concepción nacionalista”. La delegación legislativa boliviana fue encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fernández Saucedo, y por el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de ese cuerpo, Carlos Quiroga Blanco. En su reunión con Ruckauf, pidieron que el Congreso argentino ratifique “a la brevedad” el acuerdo bilateral sobre migraciones firmado el año pasado por los presidentes Carlos Menem y Hugo Banzer. Sobre el tema, en la reunión posterior, el ministro Corach prometió que Menem “exhortará mañana (por hoy) a los diputados justicialistas para que rápidamente sancionen la nueva ley de migraciones y el convenio argentino-boliviano”. Según Corach, la nueva política migratoria “es coincidente con el convenio” binacional porque se trata de “un programa de saneamiento de ilegales y no de persecución contra ciudadanos bolivianos”. Ese fue el argumento que levantó, ante los legisladores, para defender los planes oficiales. Los diputados extranjeros, que hoy se reunirán con entidades representativas de la comunidad boliviana, recibieron distintas denuncias sobre atropellos cometidos en los últimos tiempos por la Policía Federal y otros organismos dependientes del Estado. Periodistas bolivianos interrogaron al director de Migraciones, Hugo Franco, presente en la reunión, sobre las denuncias de maltrato formuladas a diario por residentes extranjeros que tratan de legalizar su situación. “Acá no hay xenofobia ni detenciones por portación de cara, descarto de plano esa palabra porque creo que es aberrante”. Cuando Página/12 insistió con el tema, el malhumor de Franco fue en aumento: “Atendemos a 3000 personas por día y tendríamos que recibir un premio internacional si ante tanta demanda no se comete ningún error”, dijo masticando cada palabra. En cuanto al elevado costo que tiene el trámite para obtener la legalización, Franco admitió que al comenzar su gestión “el aumento fue de 25 a 250 pesos”, pero aclaró que fue “una decisión del gobierno nacional y no una medida personal mía”. Cuando se le dijo que el costo real deltrámite ronda los 1000 pesos, el funcionario pidió que le trajeran “pruebas” y luego preguntó: “¿Usted cree que eso impide la legalización?”. Se le recordó entonces las duras condiciones de vida de los inmigrantes y su respuesta fue tajante: “Antes era muy barato hacer el trámite, mucho más barato que en otros países del Mercosur”. Y puso fin a la charla. Anoche, en un acto de repudio a las “actitudes xenófobas del gobierno argentino”, militantes de organismos de derechos humanos locales marcharon junto con miembros de colectividades extranjeras en la Argentina. La marcha se realizó, sin incidentes, desde Plaza Once hasta Lavalle al 1600, donde tiene su sede la comisaría 7ª, que tiene un cuerpo especial dedicado al tema migraciones.
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