Por Marcelo Justo desde Londres
 “La inmunidad del ex
jefe de Estado no es absoluta.” En la recta final de la apelación ante la Cámara de
los Lores, el abogado encargado de aportar a los siete jueces lores un punto de vista
independiente, el “Amicus Curiae” (Amigo de la Corte), se inclinó en más de un
punto clave por la posición de la Fiscalía. “La Convención contra la Tortura no
tendría sentido si no acota la inmunidad de los funcionarios públicos”, subrayó el
“Amicus Curiae” David Lloyd Jones. Y le agregó un argumento fuerte: la
extraterritorialidad de algunos de los crímenes del ex dictador.
En la tercera semana de maratónicas audiencias y cuando se calcula que hoy concluirán
los alegatos, el testimonio del Amigo de la Corte sirvió para resumir los argumentos de
ambas partes y establecer una interpretación “neutra” de la ley. Lloyd Jones
partió del punto inicial del caso –si el ex jefe de Estado tiene inmunidad de
acuerdo con la ley británica– examinando la ley inglesa de Inmunidad del Estado de
1978 que incorpora provisiones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
de 1961. El Amigo de la Corte reconoció que, tal como alega la defensa del general
Pinochet, dicha ley otorga inmunidad al ex jefe de Estado para “los actos ejecutados
en el ejercicio de sus funciones de jefe de Estado”. “El problema es si ciertos
actos, como los alegados en el presente caso, pueden ser considerados como actos de
Estado. Mis lores tendrán que decidir si la tortura y los otros crímenes pueden formar
parte de la definición de un acto de Estado”, aclaró. Y recordó que desde la
Segunda Guerra Mundial hay un creciente corpus legal internacional que excluye a los
crímenes de lesa humanidad de la inmunidad de que podía gozar un funcionario.
Lloyd Jones se colocó claramente del lado de la Fiscalía al plantear que la Convención
contra la Tortura, firmada por 110 países, acotaba la inmunidad de los funcionarios
públicos. “La Convención no se entiende de otra manera. Para funcionar necesita
acotar la inmunidad de los funcionarios públicos”, señaló. El abogado coincidió
con las tesis de la Fiscalía en otro tema clave. Según el “Amicus Curiae” la
convención implica que los estados signatarios aceptan que las cortes de otros países
ejerzan jurisdicción en casos como el de Pinochet. Lloyd Jones indicó a los jueces lores
que, al ser signatario, Chile acepta que Gran Bretaña tiene la obligación de arrestar y
extraditar a Pinochet a España.
El “Amicus Curiae” señaló otro punto que limitaría la inmunidad del ex jefe
de Estado por una vía diferente. “En el pedido de extradición de España se alega
que hay crímenes que fueron cometidos fuera de Chile. En una interpretación amplia, no
literal, estos hechos no pueden ser clasificados como actos oficiales (...inmunes...)
realizados en el ejercicio de sus funciones de Estado debido a que no ocurrieron en el
territorio del Estado”, señaló. La bomba que asesinó en 1976 en Washington a
Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende, fue uno de los más célebres
crímenes extraterritoriales ejecutados por la policía secreta chilena, la DINA. La
amenaza recibida ayer por el diputado laborista Jeremy Corbin (ver aparte) es una clara
indicación de que la escuela extraterritorial de la DINA tiene todavía sus seguidores.
La creciente identificación del Amigo de la Corte con los argumentos de la Fiscalía se
hizo sentir en los cambios de expresión de la abogada defensora Clare Montgomery.
Reconocida por miembros de la misma Fiscalía como el verdadero cerebro de la defensa, la
abogada solicitó a los lores que le concedieran 10 minutos para rebatir al “Amicus
Curiae”. En el espíritu combativo que la caracteriza, la Montgomery volvió a
plantear sustesis de Realpolitik: la extraterritorialidad no afecta a la inmunidad del ex
jefe de Estado que es prácticamente absoluta y la prohibición internacional de la
tortura no implica que las cortes de otros países puedan juzgar a Chile. Pero a pesar de
su indudable sagacidad y energía, la abogada no pudo ocultar que había sumado enemigos,
y que ahora estaba peleando no sólo con su contrincante natural en la Corte, la
Fiscalía, sino también con el “Amicus Curiae” que estaba allí para ofrecer su
punto de vista independiente de los siete jueces lores. En esta segunda apelación a doce
rounds, el undécimo fue sin lugar a dudas de la Fiscalía.
| “Sos el próximo desaparecido” Los pinochetistas nunca se distinguieron por su aceitado
manejo de las relaciones públicas, pero el papelón consumado ayer en Londres pareciera
especialmente diseñado para
perjudicarlos. Ocurrió con el parlamentario laborista Jeremy Corbin, un político del ala
izquierda de su partido, con fuertes vínculos con las organizaciones de derechos humanos
y uno de los impulsores británicos más decididos del proceso contra Pinochet. Frente a
la casa de Corbin en el distrito londinense de Islington, aparecieron ayer carteles con la
nada sutil inscripción: “Tenemos 3000 desaparecidos (por los registrados durante la
dictadura militar de Pinochet); tú, Jeremy Corbin, eres el próximo”. Corbin
denunció la existencia de los carteles y manifestó su esperanza de que demuestren a los
británicos de una vez por todas con qué clase de gente están tratando. Lo que faltaría
serían ahora amenazas a los Lores que deciden la suerte de Pinochet o, por qué no, un
buen “boinazo” o “ejercicio de enlace” en Westminster o Picadilly
Circus. Los hijos del “tata” parecen estar inquietos. |
UNO DE LOS PUNTOS DEBILES DE LA ACUSACION
Retroactividad, la última batalla
Por M.J.
El último round de la
apelación, que tendrá lugar hoy, será en torno a uno de los puntos débiles de la
Fiscalía: la retroactividad. La defensa plantea que la mayoría de los crímenes alegados
por España ocurrieron cuando no existían ni la ley británica de Actos Criminales de
1988 (que incorpora la Convención de la Tortura) ni la ley de extradición de 1989.
Según la defensa, sólo uno de los actos de tortura es posterior a 1988, y la mayoría de
los otros delitos ocurrieron entre 1978 y 1985, cuando España y Reino Unido no tenían
tratado de extradición, o aún antes de ese período, cuando España no los penaba en su
propia legislación.
La defensa alega que la ley de extradición británica exige que los delitos por los que
se extradita a alguien lo sean en el país que solicita la extradición (España) y en el
que la concede (Gran Bretaña) en el momento en que ocurrieron los hechos. La Fiscalía
atacó ayer estos argumentos señalando que la Ley de Extradición de 1989 sólo pide que
la conducta constituya un delito en el momento en que se solicita la extradición. Según
esta interpretación, la fecha en que la tortura, el genocidio y el secuestro de personas
debían ser un delito en Gran Bretaña y España es el 16 de octubre de 1998, día en que
Pinochet fue arrestado. “Esto no es injusto porque el objetivo de la ley es que el
país que solicita la extradición decida si el acusado violó su ley nacional o no. Hay
además una serie de protecciones para evitar actos de injusticia”, indicó ayer a
los jueces lores el abogado de la Corona, Alun Jones.
Los argumentos de Jones fueron duramente cuestionados por los jueces lores, que recién en
los últimos minutos de la audiencia comenzaron a aceptar algunos de sus puntos de vista.
Entre los alegatos que presentará hoy Jones se encuentra el de la tortura permanente que
causa la desaparición. “Los casos de desaparecidos constituyen un delito de tortura
continua que dura hoy en día, lo que proporciona miles de cargos de tortura posteriores a
la ley de extradición”, reza la presentación escrita de la Fiscalía. La
definición de este punto quizás no decida por sí misma la apelación pero en todo caso
muestra lo arduo que será, en caso de que los lores se pronuncien a favor de la
Fiscalía, la batalla de la extradición del general Pinochet a España.
ETA hace prensa (amenazando periodistas)
“El
pueblo vasco no olvidará los nombres” de los periodistas que hablen mal de ETA. Por
lo menos, así declaró la organización armada en un comunicado publicado ayer. Además,
allí hace un llamamiento a la sociedad vasca para que siga examinando “con sentido
crítico” la labor de los medios, ya que considera que van a crecer en el futuro
“las maniobras intoxicadoras y las mentiras”. Las amenazas del comunicado, el
cuarto desde que ETA declaró una tregua unilateral por tiempo indefinido el 16 de
septiembre, fueron repudiadas por la prensa y por el gobierno español.
En el documento de media página, ETA acusa a ciertos medios y a periodistas
“españoles y españolistas” –sin especificar cuáles– de estar
“actuando como instrumentos de guerra para perpetuar la represión en lugar de actuar
con la madurez y la seriedad que requiere el momento actual”. Se refiere al precario
proceso de paz, para el cual este comunicado aseguró el portavoz del gobierno español
Josep Piqué, “no aporta nada nuevo”.
Más encendida fue la crítica del ministro de Administraciones Públicas, Angel Acebes.
“Cualquier intento por ir en contra de la libertad para ser candidato en unas
elecciones o para informar libremente debemos rechazarlo: todos los partidos que creen en
la democracia deberían hacer lo mismo que yo ahora, rechazarlo”, dijo.
Desde que la tregua fue declarada, en el País Vasco ha habido violencia callejera sin
asesinatos. Pero los concejales y los militantes del gubernamental Partido Popular (PP) en
el País Vasco están siendo objeto en los últimos meses de una campaña de
intimidaciones por parte de grupos afines a ETA. Algo que ha enturbiado las perspectivas
para el inicio de un proceso de paz en esta región del norte español.
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