El ex
general Guillermo Suárez Mason habló ayer por radio y se explayó un largo rato sobre lo
que más le duele: su expulsión del club Argentino Juniors. Yo no tengo ninguna
condena, no tuve poder político, eran las frases a las que recurría
cuando los periodistas trataban de extraerle alguna declaración vinculada a las
violaciones a los derechos humanos. Cargo de conciencia tenemos todos, de un lado y
del otro, porque fue una época muy violenta, atinó a decir, tratando de parecer un
ser humano. Ni remordimiento, ni arrepentimiento. Lo único que se percibió durante la
entrevista fue su empeño por demostrar lo mucho que hizo por los bichitos
colorados y su intento por evadir toda pregunta relacionada con la represión.
Tengo instrucciones bien claras, por escritas, dijo, finalmente, para
desvincularse del delito que puede llevarlo a la cárcel, la apropiación de bebés.
¿Qué haría si le robaran un nieto? preguntó el periodista Néstor Ibarra.
Lo buscaría le contestó el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército, área en
la que funcionaron 43 centros clandestinos de detención. Pero Pajarito permanecía
alerta. En este problema, a mí no me ha llamado ningún juez, afirmó cuando
lo interrogaron sobre qué pensaría de los ladrones. En realidad, el martes
se presentó ante la jueza María Servini de Cubría, quien lo interrogó sobre la
apropiación de Javier Penino Viñas, anotado como hijo propio por el represor Jorge
Vildoza. La jueza lo recibió como testigo, aunque no se puede descartar que en algún
momento sea procesado.
De cualquier manera Suárez Mason no ignora que está arriba en la lista del juez Adolfo
Bagnasco, quien se está preparando para indagar a los miembros del Ejército responsables
de participar en el plan sistemático para robar bebés. Durante la entrevista radial
adelantó parte de su estrategia: decir que sobre este tema no sabía nada y
responsabilizar a otros, superiores o subordinados. En el asunto de los menores
desaparecidos habrá sus responsables. Yo me manejé con cosas claras, afirmó. En
este sentido aseguró tener instrucciones bien claritas, escritas, que están en
poder de la Justicia firmadas por el Comando en Jefe. Por otro lado, tal como
informó ayer Página/12, frente a Servini de Cubría, Suárez Mason dijo que había
firmado órdenes para que los menores fueran entregados a sus familiares y que los
responsables del destino final de los detenidos eran la Junta Militar y el ministro del
Interior, Albano Harguindeguy. Las Fuerzas Armadas no eran yo solo, aseguró,
aunque reconoció que durante la dictadura él era el hombre número cuatro. Dejó claro,
eso sí como quisieron hacer todos los que desfilaron por los tribunales de Comodoro
Py que la responsabilidad por el robo de bebés es de otros y que de los secuestros,
torturas, asesinatos y desapariciones ni vale la pena hablar porque ya fue
juzgado.
No tengo ninguna condena, repetía Pajarito durante el reportaje. Pero no se
preocupó por aclarar que estuvo acusado de 39 homicidios, 164 tormentos, 430 privaciones
ilegítimas de la libertad y 19 robos y que se fugó del país para evadir a la Justicia.
No llegó a ser condenado porque, mientras estaba procesado, después de haber sido
capturado en Estados Unidos, el presidente Carlos Menem lo benefició con el indulto.
Excarcelación de Gorriarán
Están
vulnerando el principio de igualdad ante la ley y los derechos a la presunción de
inocencia y a la libertad. Con estos argumentos los abogados de Enrique Gorriarán
Merlo solicitaron que la Cámara Federal de San Martín le conceda la excarcelación al
líder del Movimiento Todos por la Patria.
Los abogados Martha Fernández y Roberto Yanzón solicitaron ayer que Gorriarán sea
liberado ya que está en prisión desde hace tres años sin sentencia firme, lo que está
prohibido por el Pacto de San José de Costa Rica.Está privado de su libertad por
el grave perjuicio que le vienen ocasionando los pronunciamientos contradictorios de los
distintos órganos judiciales. Veinticuatro de los treinta y nueve meses que permanece con
prisión preventiva se diluyeron en discusiones técnicas sobre la competencia de los
distintos tribunales que intervinieron, se afirma en el escrito presentado ante la
Cámara Federal de San Martín. Actualmente, la Corte Suprema tiene que resolver si la
apelación a la sentencia del líder del MTP debe hacerse ante ese tribunal o ante la
Cámara de Casación. Fernández recordó que cuando se juzgó al grupo de los Albatros
por el levantamiento carapintada muchos de los acusados lograron obtener la excarcelación
hasta la realización del juicio oral. Los abogados aseguraron que, en caso de que este
recurso sea rechazado por la Cámara y la Corte Suprema, recurrirán a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, organismo que realizó un informe detallando las
violaciones a los derechos humanos que sufrieron los presos de La Tablada.
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