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Por Eduardo Tagliaferro  Acompañado por su
abogado Fernando Goldaracena, a las 9 y 48 en punto de la mañana de ayer, el coronel
Edberto González de la Vega, ex gerente de Coordinación Empresaria de Fabricaciones
Militares, se presentó detenido ante el juez en lo Penal Económico, Julio Speroni, quien
lo acusó de ser partícipe necesario del contrabando del material bélico enviado a
Croacia.González de la Vega había consultado informalmente con altos mandos del Ejército sobre la posibilidad de presentarse detenido en dependencias militares y finalmente decidió apersonarse en las oficinas del magistrado, el mismo día que vencía el plazo otorgado por Speroni, el que le había advertido que sería traído por la fuerza pública, en caso de desobediencia judicial. El coronel fue trasladado detenido a dependencias de la unidad de Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, donde está alojado otro imputado en la causa por el contrabando de armamento a la ex Yugoslavia, el general Antonio Vicario, ex gerente de Producción de Fabricaciones Militares. Las consultas de González De la Vega con miembros del Ejército se debieron aque precisamente Vicario había puesto fin a su condición de prófugo de la Justicia, entregándose detenido en las oficinas del Edificio Libertador. El ex funcionario de Fabricaciones Militares está imputado como encargado de la redacción de los decretos presidenciales que ampararon la venta del armamento a Croacia. El juzgado de Julio Speroni, además de investigar el contrabando de material bélico contemplado en decretos firmados por el presidente Carlos Menem, instruye la causa iniciada por el juez federal de Bell Ville, Edgardo Filippi, por la salida de 230 toneladas de pólvora en el buque “Opatija”, de la empresa Croatas Line, que no estaban autorizadas en ningún decreto oficial. La actitud de González de la Vega era seguida atentamente tanto por los miembros del Ejército como por los del gobierno nacional, que reiteradamente dijo que había sido “estafado” por los intermediarios: las empresas Hayton Trade y Debrol, pertenecientes al traficante Diego Palleros, un ex teniente coronel del Ejército Argentino, actualmente prófugo en Sudáfrica. “Resulta poco creíble que una maniobra de cinco años pueda haberse mantenido en secreto sin la complicidad y el visto bueno del más alto poder político en la Argentina”, sostuvo el diputado del Frepaso, Horacio Viqueira, para quien la detención de González de la Vega demuestra que “las operaciones fueron orquestadas por funcionarios públicos y por traficantes”. La responsabilidad de los funcionarios está siendo investigada por el juez federal Jorge Urso quien, cuando finalice su pedido de licencia, deberá decidir el pedido de declaración testimonial del jefe del Ejército, el general Martín Balza, a quien el fiscal federal Carlos Stornelli lo consideró miembro de la asociación ilícita que impulsó la venta ilegal del armamento argentino. El coronel González de la Vega era la mano derecha del titular de Fabricaciones Militares, el empresario menemista Luis Sarlenga, quien junto al general Antonio Vicario y a la funcionaria de la Aduana María Teresa Cueto, son los cuatro funcionarios detenidos y acusados como partícipes del contrabando de armas por el juez Julio Speroni.
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