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Por Pablo Ferreira  Las prepagas ganaron un decisivo round judicial en sus
reclamos contra la aplicación del IVA a esta actividad. Un fallo del juez federal Ernesto
Marinelli resolvió, ante una presentación de la Asociación de Consumidores y Usuarios
(Adecua), que el Gobierno deberá suspender la aplicación del gravamen a las empresas de
medicina prepaga. La medida, notificada ayer al mediodía, beneficia a los 2,5 millones de
personas que utilizan este servicio en todo el país. El Gobierno anunció que apelará la
medida.
"Las empresas no pueden cobrar el 21 por ciento. Ahora vamos a hacer el seguimiento de los expedientes para ver cómo continúa la situación", señaló ayer Sandra González, titular de Adecua. La dirigente destacó a Página/12 que "espera que el Poder Ejecutivo respete la decisión de la Justicia y no aplique una medida tan perjudicial para la gente". "Se trata de una decisión política", destacó González. En los fundamentos de la medida cautelar, el magistrado --según relató la dirigente de los consumidores-- aceptó los argumentos esgrimidos por su asociación. En lo central el requerimiento a la Justicia se fundó en la inconstitucionalidad de la medida del Ejecutivo. Y en el hecho de que la decisión del presidente Carlos Menem "pone en peligro a la salud pública" al duplicar la alícuota. Como se sabe, el 30 de diciembre pasado el Gobierno vetó parcialmente la Ley de Reforma Tributaria incrementando al 21 por ciento el IVA a este sector. La facultad de establecer gravámenes es exclusiva del Congreso. El Parlamento había sancionado la eliminación de la exención del IVA a la medicina prepaga pero con una alícuota diferenciada del 10,5 por ciento. Además, el juez Marinelli basó su decisión de ayer en el daño que provocará la previsible "expulsión de buena parte de los afiliados" a las compañías de salud. Pese a que este fallo ya es aplicable, recién en marzo, y de no haber un recurso del Gobierno, los usuarios recibirán sus facturas sin IVA. Esto es así --según explicaron las prepagas-- porque las facturas de febrero ya fueron emitidas con el tributo. De todos modos, los legisladores del oficialismo y de la oposición adelantaron que al reanudarse desde el mes próximo las sesiones ordinarias del Congreso rechazarán los vetos del Gobierno que generaron el conflicto. Por otra parte, González anticipó que reclamarán a las empresas del sector la devolución del dinero en concepto de impuesto que ya ha sido abonado por los usuarios. "Las empresas dijeron que no pueden porque el dinero ya se lo abonaron a la DGI", relató la presidenta de Adecua, pero "a nosotros eso no nos importa. Estamos hablando de 2,5 millones de personas de las cuales fueron afectadas cerca del 90 por ciento". Sumando lo recaudado en enero y la facturación ya emitida de febrero el importe para las arcas del Tesoro ronda los 50 millones de pesos. Ante esta decisión de la Justicia, la proliferación de fallos desfavorables en distintas provincias y los fallos del martes y miércoles últimos --que dieron amparo a más de 400 mil afiliados de la ciudad de Buenos Aires--, el Gobierno estaría dispuesto a apelar las medidas. La jueza Claudia Rodríguez Vidal, por caso, suspendió el pago del impuesto a más de 310 mil afiliados, entre los que se encuentran los de AMSA. La otra resolución, conocida anteayer a última hora benefició a Docthos que agrupa unos 120 mil afiliados.
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