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Por Marcelo Justo desde Londres  “7 a 0”, se
atrevió a pronosticar a Página/12 uno de los abogados del Servicio Fiscal de la Corona
en el caso contra Pinochet. Más mesurado, Jeffrey Bingman, verdadero alma mater legal del
caso contra el ex dictador, prefirió añadir una anchísima sonrisa a un cauteloso
“uno nunca sabe”. En comparación, los abogados de la defensa del senador
vitalicio y los del gobierno de Chile presentaban un cuadro de silenciosa y tensa
consternación. Abordado por Página/12, uno de ellos se limitó a omitir todo pronóstico
con un parco “vamos a ver”. En un punto ambos campos parecieron coincidir: los
siete jueces-lores se tomarían unas dos semanas en anunciar el fallo.El presidente del panel, Lord Nicholas Browne Willkinson, elogió la calidad de los alegatos de la fiscalía y la defensa e indicó que el dictamen de la apelación se daría a conocer en “su debido momento”. Así llegaron a su término tres semanas de audiencias que dejaron un palpable optimismo entre los abogados de la fiscalía, las organizaciones de derechos humanos presentes y los familiares de las víctimas de la dictadura chilena. En los alfombrados pasillos de la Cámara de los Lores, alguien no dado a los desbordes optimistas, Reed Brody, de Human Rights’ Watch, expresó su confianza en que los siete jueces-lores le negarán la inmunidad al general Pinochet, allanando así el camino para iniciar su proceso de extradición a España. Javier Zúñiga, director de América de Amnesty International, fundamentó la confianza generalizada en la presentación final de la fiscalía y la importancia que había tenido la Convención contra la Tortura en los debates. Cerca de él, Vicente Alegría, de Chile Democrático, una organización de exiliados chilenos, compartía sonrisas y palmadas con familiares de las víctimas. “Somos mucho más optimistas que en noviembre. La intervención del Amigo de la Corte me parece que fue clave”, indicó a Página/12. El Amigo de la Corte, un abogado encargado de presentar un punto de vista independiente a los lores, aceptó el miércoles que tanto la Convención contra la Tortura como la extraterritorialidad de algunos de los crímenes alegados constituían un límite a la inmunidad de un ex jefe de Estado y otorgaban jurisdicción a Gran Bretaña y España. Además subrayó un punto de resistencia a las posiciones de la defensa: que, incluso si se consideraba la interpretación “amplia” de la inmunidad, algunos de los crímenes del ex dictador –como el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier en Washington– se situaban fuera de las fronteras del Estado en que Pinochet sería inmune. Ayer Christopher Greenwood, por el Servicio Fiscal de la Corona, que actúa en representación del gobierno de España, profundizó el primer punto de vista colocando la figura misma del jefe de Estado en el banquillo de acusados. “No hay una lista de funciones de un jefe de Estado. Pero no cabe duda de que la tortura no es una de sus funciones. En Chile su propia Constitución la prohibió. No sólo el actual gobierno la deplora. Hasta el gobierno militar del general Pinochet la repudió, por ejemplo en 1976”, indicó Greenwood, reconocida autoridad de derecho internacional. Previamente, Alun Jones, abogado en representación de España, profundizó sobre el segundo punto y mencionó la “conspiración para asesinar” a chilenos en el extranjero y citó el caso de Carlos Altamirano, a quien Pinochet y sus agentes habrían planeado matar mientras el dictador asistía en España a los funerales de Francisco Franco, en 1975. En el curso de la audiencia ingresaron en la sala dos de los más importantes exponentes ingleses de la división entre pinochetistas y antipinochetistas. El ex ministro de Economía de John Major, lord Norman Lamont, que ha defendido al general a capa y espada, presenció unos diezminutos de los argumentos de Greenwood y luego desapareció con un rostro tenso y desafiante. El diputado de la izquierda laborista Jeremy Corbin, vicepresidente del comité de derechos humanos del Parlamento, pareció en todo momento relajado y sonriente a pesar de que el miércoles los alrededores de su casa aparecieron cubiertos de posters que amenazaban con convertirlo en el próximo desaparecido de Chile. “La policía lo está investigando. Aparentemente se trata de un lunático grupo de extrema derecha estadounidense”, dijo a Página/12 riéndose, “lo que importa es que estoy convencido de que ganaremos la apelación”. El encargado de la campaña a favor de Pinochet, el abogado Fernando Barros, mostraba un aspecto más circunspecto. Cuando Página/12 le preguntó por su pronóstico, contestó que el general Pinochet le había formulado la misma pregunta el viernes pasado. “¿Y usted qué le contestó?”, preguntó el cronista. “Que todo lo que podía decir era especulación. Una cosa que aprendí de la apelación en noviembre es que no hay que dar tanta importancia a lo que dicen los lores o a sus expresiones. Vamos a ver, creo que va a ser ajustado.”
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