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 Ayer, la
conducción de la Alianza le dio una buena noticia al Gobierno. En una declaración
conjunta, el Grupo de los Cinco anunció formalmente su voluntad de trabajar junto al
oficialismo en la constitución de una política de Estado que permita conducir y dar
continuidad al reclamo sobre las Islas Malvinas. En el texto –que fue elaborado por
los diputados Marcelo Stubrin, Guillermo Estévez Boero y Dante Caputo, entre otros–
se establecieron ciertas condiciones para el trabajo común, pero éstas no empañaron la
reacción positiva de la Cancillería: “El documento expresa una constructiva
convergencia con los criterios que hemos estado desarrollando”, dijeron las fuentes. “El documento que presentamos define lo que entiende la Alianza por política de Estado y determina sus objetivos. Es cierto que tenemos nuestro punto de vista sobre algunos puntos, pero buscamos el consenso. Ahora hay que negociar”, dijo a Página/12 el frepasista Guillermo Estévez Boero. Fuentes de la conducción de la Alianza explican que la coalición opositora quiere demostrar aptitud para gobernar proponiendo, como en este caso, “políticas de Estado”, es decir, políticas en las que los partidos políticos mayoritarios dejan de lado su competencia y actúan de común acuerdo. El grupo de legisladores del justicialismo y la oposición que va a trabajar el tema Malvinas tiene un antecedente a favor: haber participado activamente en la resolución del conflicto de los Hielos Continentales. El lunes pasado, sus integrantes se reunieron para avanzar en la búsqueda de consenso sobre Malvinas y ayer los aliancistas decidieron formalizar su propuesta de constituir una política de Estado. El texto en cuestión consta de seis puntos, y lleva la firma de Carlos “Chacho” Alvarez, Graciela Fernández Meijide, Rodolfo Terragno, Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín. En el primer punto se explica por qué la coalición considera importante trabajar junto al Gobierno. “El cumplimiento del mandato constitucional sobre las Islas Malvinas requerirá tiempo, permanencia en la acción y coherencia entre distintas gestiones o períodos gubernamentales. Por ello, consideramos de la mayor importancia que los esfuerzos de los gobiernos argentinos se den en el marco de una política de Estado. Ella debe aspirar a dar continuidad a la acción y fortalecer la capacidad negociadora nacional”, dice. En un párrafo del segundo punto se hace hincapié en la necesidad de que ambas fuerzas trabajen realmente en equipo: “Esta política no debe reducirse a un ejercicio en el que el Gobierno propone y la oposición acepta, retoca o rechaza las ideas. Se trata, en cambio, de la construcción conjunta de una estrategia sobre la cuestión Malvinas”. Fernando Maurette, diputado justicialista y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, dijo a este diario que no cree que ese párrafo esconda una crítica. “En el documento no hay reclamos. Estoy de acuerdo con su contenido. Es una formalización institucional del trabajo que venimos desarrollando en conjunto”, sostuvo. La declaración de la cúpula de la Alianza no pasó por alto la mención de la palabra soberanía. “Las medidas que se desarrollen en el plano político deberán conducir a diálogos amplios que incorporen la cuestión de la soberanía sobre las islas”, se puede leer en el cuarto punto. Al respecto, Maurette explicó que el justicialismo no se cierra a ninguna propuesta y que “la idea de congelar la discusión sobre soberanía por veinte años a cambio de que podamos enarbolar una bandera es sólo una posibilidad”. En la Cancillería, la reacción por el documento también fue positiva. “El documento suscripto por los cinco dirigentes máximos de la Alianza expone, con sus propios matices, una constructiva convergencia con los criterios que hemos estado desarrollando en relación con la necesidad de construir una política de Estado sobre Malvinas”, sostuvieron las fuentes. En el cuarto punto asimismo se sostiene que la política de Estado deberá desenvolverse también “en el plano de las comunicaciones, el económico y el de la circulación de personas entre las islas y el territoriocontinental”. Finalmente, se afirma que “la construcción de confianza es un proceso. Requiere tiempo y una profundización paulatina. Estamos abiertos para la consideración de diversas fórmulas que puedan facilitar el logro de esos objetivos”.
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“Consideramos de la mayor importancia que los esfuerzos de los gobiernos
argentinos se den en el marco de una política de Estado que aspire a dar continuidad a la
acción y a fortalecer la capacidad negociadora nacional.”