Por Martín Granovsky
 La campaña xenófoba del
gobierno contra los inmigrantes ilegales une lo útil a lo agradable: no sólo puede dar
votos; también es un gran negocio que garantiza una facturación mínima de 720 millones
de dólares en los próximos doce años. La cifra surge del corazón del contrato que
adjudica a la empresa alemana Siemens la confección de nuevos DNI, la informatización
electoral y el procesamiento de datos de inmigrantes y fronteras. Siemens se quedará por
lo menos con 200 de esos 720 millones como ganancia, y para que la obtenga el Estado se
compromete a publicitar la necesidad de cambiar la vieja documentación. La propaganda
política que convierte en cucos a peruanos y bolivianos asoma como el primer capítulo de
la operación más suculenta desde los contratos de IBM.
Los nuevos DNI, a la fabulosa cifra de 30 pesos por documento, forman la parte más
conocida del negocio. Pero también se desatará una catarata de trámites de residencia y
legalización para inmigrantes que en la mayoría de los casos no bajará de 200 pesos por
persona y por expediente.
Quien saque el DNI lo recibirá obligatoriamente en su casa, un trámite adicional que
sirve para justificar el precio mayor de la renovación de documentos.
Hoy sacar un DNI cuesta 15 pesos, la mitad del precio futuro.
Salvo que la imaginación oficial conciba otros negocios, se trata del último gran
contrato del Estado en la Era Menem. Y no deja ningún resquicio ni dato que escape al
nuevo sistema monumental:
 Siemens
controlará los documentos nacionales de identidad.
Centralizará
la información electoral.
Proveerá los
sistemas para informatizar las fronteras.
Y rediseñará
los mecanismos para normalizar la situación de los indocumentados, convertidos
repentinamente en la causa del desempleo de los argentinos nativos, que como se sabe hasta
diciembre disfrutaban de ocupación plena.
Es un negocio de riesgo muy bajo para Siemens, porque el Estado garantiza que deberán
emitirse 24 millones de DNI nuevos. Los DNI son el corazón del contrato. A 30 pesos cada
uno, 24 millones suponen una cifra garantizada para Siemens de 720 millones de dólares en
un plazo corto: el objetivo de máxima es el reemplazo progresivo de todos los DNI durante
50 meses a partir del primer documento entregado.
El contrato prevé una primera etapa de seis años y el derecho a la renovación por dos
períodos de tres cada uno. Doce años en total con ganancias aseguradas.
Ninguna norma constitucional obliga a renovar el DNI, y por lo tanto las esperanzas de la
empresa están puestas en los nuevos documentos, en el reemplazo en caso de pérdida, en
una posible ley que establezca nuevas condiciones de renovación y en un cambio eventual
de los requisitos para otros trámites, que exijan el DNI nuevo.
Para que este complicado país no produzca la quiebra de una gran empresa alemana como
Siemens es que el Estado garantiza una cifra mínima de documentos (aquellos 24 millones)
y que se obliga a cargar con el costo de una campaña publicitaria. Textualmente:
“Para poder alcanzar el número mensual garantizado de solicitudes de DNI, el Estado
deberá planear y llevar a cabo campañas informativas con el objeto de esclarecer al
público acerca de la obligación de solicitar el nuevo DNI, y desarrollar un programa de
solicitantes”.
Una familia tipo debería disponer de 120 pesos para renovar el parque de documentos. En
75 mil casos de pobreza probada por cada año los documentos se entregarán gratuitamente.
En otros casos, será el Estado el que se hará cargo del subsidio, pagando la suma
correspondiente a Siemens. Para los inmigrantes los números son sensiblemente mayores que
un simple DNI. El folio 146 de contrato, capítulo “Precios”, establece la
tarifa para cada trámite:
Solicitud de
admisión como residente permanente, temporario o transitorio, 205,70 pesos.
Renovación de
la admisión, otros 205,70.
Solicitud de
ingreso al país, lo mismo.
Rectificación
y duplicado, otro tanto.
Los permisos
para trabajo de temporada están tirados: 51,43 pesos.
Pero, como en un contrapunto que enriquece cada vez más a cada aspecto de la operación,
la xenofobia es negocio no sólo en sí misma. Deja dinero porque todo está concebido
como un gran paquete, y se caería si faltase un fragmento. El ataque a la inmigración
ilegal alimenta la necesidad de informatizar todo el sistema de datos personales, que a su
vez tiene el corazón en la renovación de los DNI, lo cual a su turno permite hablar de
la inmigración y la necesidad de que los indocumentados se documenten.
Cuando los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero cuestionaron que
el Estado licite al mismo tiempo el procesamiento de datos de frontera, los nuevos
documentos y la informática electoral, tres negocios en lugar de uno por vez, el
secretario de Población les contestó que estaba bien la licitación global.
“No puede fraccionarse, porque a la confección de los nuevos documentos se agrega la
primera base de datos para el control de migración”, dijo Aldo Carreras hace poco
más de dos años, en enero de 1997. “La impresión de nuevos padrones es el
resultado de todo ese trabajo”, añadió.
Fue la admisión con todas las letras de un vínculo que hoy aparece opacado por
declaraciones sobre el supuesto dumping social de los inmigrantes ilegales en perjuicio de
los obreros nacidos aquí.
Antes, inclusive, en 1994, cuando el Estado convocó a la licitación que terminó ganando
Siemens, ya utilizó a los inmigrantes como coartada. Uno de los voceros de aquel plan fue
el siempre presente Carreras. Otro, el entonces ministro del Interior, actual
vicepresidente y postulante a gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.
“No podemos permitirnos el ingreso de personas que vengan a trabajar
ilegalmente”, dijo Ruckauf. “El país está en un proceso de recuperación y los
puestos de trabajo que se creen tienen que ser principalmente para los que viven
aquí”, explicó, y dijo que “todo el territorio será inspeccionado
permanentemente” para evitar la presencia de indocumentados y su contratación por
parte de las empresas.
El ministro aprovechó su anuncio para añadir una noticia. Dijo que las empresas que se
presentaran a licitación deberían respetar el precio de entonces, o sea ocho pesos. Es
decir, poco más de la cuarta parte de lo que costarán finalmente los DNI made in
Siemens, a pesar de que en 1994 ya reinaba la Convertibilidad y la Argentina vivía la
época de la inflación cero.
Claves
La campaña contra los inmigrantes ilegales tiene una consecuencia inmediata: los
indocumentados deberán realizar trámites de residencia a un mínimo de 200 pesos por
persona.
El control de inmigración y fronteras está atado a la renovación de los DNI y a
la informatización de las elecciones.
Por contrato con la empresa Siemens, el Estado debe publicitar el cambio de los
documentos y cargar con el costo de la propaganda.
El corazón del negocio son los DNI nuevos. Cada uno costará 30 pesos.
El Estado se compromete a que se emitan 24 millones de DNI.
La facturación del negocio, según esos precios, será de 720 millones.
En 1991 cayó un contrato con una empresa francesa que emitiría DNI a 4,50 pesos
cada uno.
En 1994 el gobierno llamó a licitación y se comprometió a otro precio: ocho
pesos.
Hoy un DNI renovado es un trámite que insume 15 pesos. |
Los mismos personajes en ambos lados del
mostrador
|
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Rodolfo
Barra, entre el Gobierno y Siemens, y Armando Gostanian, una garantía.
Siemens se aseguró un gran conocimiento de los personajes y el estilo del Gobierno. |
Por M.G.
El contrato entre el
Estado y Siemens fue firmado el 6 de octubre último con un título pomposo:
“Provisión integral de un servicio para el diseño, puesta en marcha y soporte de un
sistema de control migratorio, de identificación de las personas y de información
eleccionaria”.
Por el Estado puso su firma el ministro del Interior, Carlos Corach. Por Siemens, Ernst
Michael Brechtel y Eberghard Georg Reichert. El Gobierno suma a la operación otros dos
funcionarios de confianza del presidente Carlos Menem. Uno es el director del Registro
Nacional de las Personas, Eduardo D’Amico, y otro el director nacional de
Migraciones, Hugo Franco.
El asesoramiento jurídico estatal también estuvo en buenas manos, al menos para Carlos
Menem. Intervino Julio Comadira, el mismo abogado que el Presidente designó como
representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura. El mismo, también, que
había hecho carrera como auditor de la Armada, incluso durante la dictadura.
Siemens alcanzó como mínimo el mismo nivel de asesoramiento. Trabajó con la empresa
Rodolfo Barra, ex miembro de la Corte Suprema, ex ministro de Justicia, ex viceministro de
Interior y ex viceministro de Obras Públicas encargado, justamente, de la preparación de
pliegos de peaje. Barra suele definirse como “un soldado del Movimiento
Justicialista” y ahora imagina alternativas para la re-re mientras Alberto Lestelle,
Raúl Rabanaque Caballero y Roberto Fernández reparten cotillón de Menem ‘99 en la
costa atlántica.
Si entre los asesores no se ponen de acuerdo –chance difícil, por la fluidez del
paso del Estado a la empresa privada y viceversa–, las divergencias sobre la
seguridad de los sistemas serán resueltas por un auditor internacional designado por
ambas partes. Los honorarios del auditor serán pagados por mitades por el Estado y por
Siemens, aunque se supone que la empresa debería garantizar la seguridad y la
confidencialidad porque presuntamente sus habilidades pesaron en el momento de otorgar el
contrato.
El contrato comenzará a ejecutarse en el grueso de las renovaciones durante el próximo
gobierno, sea el de Fernando de la Rúa, el de Eduardo Duhalde, el de Domingo Cavallo o el
de Palito Ortega.
Será esa administración la responsable de ejecutar las medidas jurídicas, como reza el
contrato, que garanticen la renovación de DNI sin violar al mismo tiempo el principio de
que nadie está obligado a cambiar su documento antiguo. La redacción del capítulo de
garantías es convenientemente confusa. Dice que, para asegurar el mínimo de 24 millones
de DNI, el Estado realizará “los actos jurídicos necesarios para establecer dicho
reemplazo, para lo cual arbitrará todos los medios normativos y ejecutivos permitidos por
el ordenamiento jurídico”.
El buen consejo y el buen contrato no fueron los únicos recaudos que tomó Siemens para
obtener el contrato en octubre y garantizar la entrada en vigor en marzo, si es que nadie
presenta una impugnación antes del 19 de febrero. Ya se asoció con Ciccone
Calcográfica, una firma que es experta mundial en documentos, y acaba de absorber a
Itron, del Grupo Socma, con capacidad de diseño informático. Itron fue la perdedora en
la licitación por los DNI.
En un informe técnico, la Casa de la Moneda, al momento de presentar la oferta Siemens,
no disponía de capacidad instalada en arte, diagramación, preparación calcográfica,
armado del documento y equipos de impresión de padrones electorales. Itron, aliada a
Ciccone y Oca, la superaba en cada rubro.
INVERTIR EN DNI HUBIERA SIDO MEJOR QUE EL
PLAZO FIJO
Hasta la francesa resultó baratísima
Por M.G.
El negocio combinado de
xenofobia y documentación –un verdadero modelo de ingeniería para los contratos
públicos– hace que parezca una vieja caricatura el escándalo que desató en 1991
una primicia de Página/12: el entonces ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, había
otorgado sin licitación a una empresa francesa la provisión de los nuevos DNI.
La tapa del sábado 4 de mayo mostraba a un Mera Figueroa sonriente al costado de un
título: “Más caro que una francesa”. Dentro, tres notas de Julio Nudler
informaba los jugosos detalles del contrato entre el Estado y la Sociedad de Exportación
del Ministerio del Interior de Francia (Sofremi):
Cada documento
costaría 4,52 dólares (seis veces menos que el futuro DNI a 30 pesos).
El Estado
garantizaba a Sofremi una cantidad de documentos mensuales que debería llegar a los 275
mil.
El contrato
duraría 15 años (sólo tres más que el actual, contando los seis años iniciales y las
dos renovaciones de tres años cada una).
La operación
fue acordada por adjudicación directa, y bendecida por un decreto presidencial que firmó
un Carlos Menem todavía con patillas notables.
El Estado
avalaba el contrato por medio de la sucursal Nueva York del Banco Nación.
Fuentes del
mercado especializado indicaban a Página/12 que un documento de alta seguridad no debía
costar menos de 1,20 y más de 1,80 dólares.
La primicia de este diario, naturalmente, provocó un gran escándalo público que llegó
a la Justicia. El juez Oscar Garzón Funes terminó decidiendo el 29 de julio de 1991 que
el negocio era “inconstitucional” y el contrato “lisa y llanamente
leonino”.
También cuestionaba la operación porque favorecía “monopólica y
exclusivamente” a una empresa extranjera y le aseguraba un mínimo de documentos
renovados mensuales “sin competencia directa” y sin que la empresa tuviera que
asumir riesgo alguno.
El juez criticaba que Sofremi fuese eximida “de nada menos que once contribuciones,
impuestos y tasas, sin que se encuentre razón alguna para ello”.
De sus labios |
| “Cada día hay menos trabajo, y es
necesario repartirlo entre los argentinos. Hay que pensar primero en los argentinos y
después en los extranjeros, porque no somos lo mismo”. Eduardo Duhalde, 18 de enero.
“A partir de ahora, aquellos que no estén documentados
como corresponde, tendrán que abandonar el país”. Carlos Menem, 20 de enero.
“Más del 60% de los delitos menores son cometidos por
extranjeros.” Hugo Franco, director nacional de Migraciones, 20 de enero.
“(las estadísticas) indican que de los detenidos por
delitos menores el 77 por ciento son extranjeros.” Carlos Corach, 25 de enero.
“No se trata de legalizarlos. Cada país tiene que
regular la afluencia de trabajadores extranjeros. Nosotros tenemos un 11 o 12 por ciento
de desocupación. Si no regulamos la cantidad de gente que entra al mercado, agravamos la
desocupación.” Corach, 25 de enero.
“...quien ingresa como turista no puede obtener una visa
de trabajo, salvo que vuelva a su país y la tramite allí. La Argentina es el único
país que permite el cambio de categoría. Entonces, ¿cómo pueden decir que somos
xenófobos?...” Franco, 31 de enero.
“Yo jamás podría dar una orden discriminatoria porque
soy bajo, gordo, pelado e hijo de inmigrantes gallegos.” Pablo Baltazar García, jefe
de la Policía Federal, 2 de febrero.
“Lo que pasa es que los controles poblacionales se hacen
en general y entonces no nos puede llamar la atención si se hacen dentro de una gran
cantidad de peruanos, que tienen cierto tipo de características físicas.” García,
2 de febrero.
“Voy a ir donde me digan que hay ilegales y ahí veremos
qué rasgos tienen. Nosotros no buscamos, encontramos.” García, 2 de febrero.
“...hacemos control de documentación pero no solamente
a los extranjeros sino a todo el mundo. Además, el argentino de Salta o de Jujuy muchas
veces tiene los mismos rasgos que el boliviano. ¿Cómo podríamos hacer
discriminación?” García, 2 de febrero.
“Todos los países han adoptado medidas destinadas a
defender la mano de obra nacional y, en este aspecto, no debemos diferenciarnos. Es deber
del Estado privilegiar al trabajador argentino, evitando que pueda ser discriminado a
favor de la mano de obra en negro.” Duhalde, 2 de febrero.
“Si la mayoría de los delincuentes son extranjeros, lo
mismo que si la mayoría corresponde a nacidos en nuestro suelo, todos deben rendir
cuentas a la Justicia. Se los debe juzgar, pero no prejuzgar su culpabilidad porque hayan
nacido fuera de nuestras fronteras.” Duhalde, 2 de febrero. |
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