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Represores argentinos y peruanos actuaron juntos en Lima durante los años de plomo del Proceso. Por primera vez, surgen detalles sobre cómo los grupos de tareas enviados por Buenos Aires operaban libremente y con apoyo total en Perú y hasta transportaban prisioneros clandestinos a España.
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Por Alicia Pierini y Ernesto Jauretche  Lima. Abril de 1977.
Carlos Alberto Maguid fue condenado a ocho años de prisión por su participación en el
secuestro del general Pedro Aramburu. Pero en 1977 era un asilado político bajo la
protección del gobierno peruano. Había ingresado con salvoconducto del gobierno militar
argentino y Perú le había extendido el Carnet de Extranjería Nº 44803. Tenía 34
años. Trabajaba en el Area de TV del Centro de Teleeducación de la Universidad Católica
y para la estatal Perucine. Estaba casado con Nora Nélida Arrostito, hermana de Norma
Esther, célebre montonera. A la hora de su secuestro en Lima, esperaban un segundo hijo.
Gabriela María nació en Estocolmo ese 29 de noviembre. Nunca conoció a su padre. Fue
secuestrado entre las 10.30 y las 11.15 horas del 12 abril de 1977 en la esquina de las
avenidas Petit Thouars y Javier Prado, a la vuelta de su casa.Carlos Alberto Maguid esperaba el ómnibus cuando fue introducido en un Volkswagen blanco patente LG1703 por tres hombres. Según información de periodistas peruanos, se trataba de los capitanes del ejército peruano Héctor Matta Rosingana y David Bravo Castrillón, y el comandante de policía Julio Vargas Martínez. El vehículo era conducido por José Vivero Arias, coronel y jefe del operativo. Habría sido llevado a dependencias del Ministerio de Guerra, donde lo esperaban algunos oficiales argentinos. Matta Rosingana, como Vivero Arias, no hicieron sino cumplir órdenes en tanto integrantes del SIEP (Servicios de Inteligencia Peruanos). Así parece acreditarlo un memorándum interno, que habría sido filtrado por agentes disconformes y entregado a periodistas locales. Ese documento, que encabeza un sello de SECRETO, fechado 15 de abril de 1977, está dirigido al comandante general del ejército peruano, general de división Guillermo Arbulú Galliani, y tiene por objeto dar cuenta del “operativo Maguid” siguiendo “su orden escrita del 14 de abril”. En él se dice que “fue entregado el cadáver del sujeto ‘Ar’ Carlos Alberto Maguid, al personal de Seguridad del Ejército Argentino que se encuentra en Lima con autorización de ese Comando desde los primeros días del presente mes”. Y agrega: “En razón de que el convenio bilateral de Inteligencia suscrito con el Ejército Argentino no prevé el caso de la muerte por interrogatorio de los extremistas capturados, solicito respetuosamente que el señor General de Brigada Director de Inteligencia lleve como ponencia este vacío para ser debatido en la próxima reunión bilateral “entre ‘Pe’ y ‘Ar’”. Por qué Maguid ¿Era Maguid un blanco tan importante? ¿Justificaba cometer tan aberrante transgresión al derecho y a las leyes en todos sus horizontes? No sólo fue una violación a los derechos humanos; también se holló la soberanía nacional de un Estado y se pisoteó el derecho internacionalmente consagrado de asilo político. Un delito probablemente sin precedentes. A pesar de lo afirmado en el Memorándum Secreto, respecto al destino final de Carlos Alberto Maguid hay versiones diferentes:  Que fue
enterrado en el cementerio El Angel bajo otro nombre. Que fue llevado
hasta un lugar en Las Palmas, en las proximidades de la División Aerotransportada, y de
allí probablemente embarcado en un avión a la Argentina. Esta versión coincide con
testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración argentinos, que afirman que
Maguid fue visto en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada.Se pueden confeccionar algunas hipótesis sobre los móviles del crimen. La primera es la obvia e histórica represalia contra todos los integrantes del comando que en mayo de 1970 secuestraron y ejecutaron al general Pedro Eugenio Aramburu. Hay quienes sostienen que el Ejército los condenó a muerte a todos, en una especie de juicio secreto o conjura corporativa. Otra hipótesis sobre el móvil se origina en la codicia sin fronteras de los represores argentinos. Desde principios del ‘77, funcionarios del gobierno de Videla estaban investigando el denominado “Caso Graiver”. El 19 de setiembre de 1974 Montoneros realizó el más redituable secuestro de la historia de la guerrilla: el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, del que obtuvieron el fabuloso rescate de 60 millones de dólares. Y David Graiver había pactado su know how en finanzas internacionales con los montoneros. En Montoneros, sólo los miembros más antiguos o de mayor nivel estaban al tanto de las transacciones financieras. Norma Esther Arrostito era fundadora y de alto nivel orgánico. La captura de la cuñada de Carlos Alberto Maguid había ocurrido a fines de 1976 a manos de un comando de la ESMA. Los torturadores procuraron durante un año sacarle información y, al no lograrlo, la ultimaron en enero de 1978. Bucaneros al pillaje Un informe publicado en Lima, cuya veracidad no se ha elucidado, dice: “Maguid también era emparentado con un homónimo suyo de nombre Alberto Maguid, quien estuvo complicado en el Caso Graiver y a quien la policía sindicó como uno de los depositantes –a nombre de los Montoneros– de fabulosas sumas de dinero en el Banco de Graiver”. Pero no se han hallado pistas de ningún Maguid en el Banco Comercial de La Plata. También permite sospechar que el móvil de los secuestradores de Maguid fue dar con los millones de la guerrilla peronista un artículo firmado por Jorge Rocha, de la agencia Latin. Lo sugestivo es que la nota, titulada “El Caso Graiver: ¿Watergate argentino?”, fue publicada al día siguiente de ocurrido el secuestro. Rocha, que maneja nombres con esa típica relación causal que acostumbran los servicios, deduce que Carlos Maguid y David Graiver estaban conectados. Pero Jorge Rocha no puede atestiguar: falleció hace años de muerte natural. Por último, el general Genaro Ramón Díaz Bessone sindicó a Maguid como el enlace entre Montoneros y el banquero de La Plata. Queda por explorar la relación del Ministro de Planeamiento de Videla con el secuestro, ya que su declaración reconociendo públicamente la detención de ese ciudadano argentino en Perú coincide casi puntualmente con la fecha de los acontecimientos de Lima. La realidad es que Carlos Alberto Maguid se desplazaba libre e inadvertidamente porque muchos años antes se había distanciado de los montoneros: en 1974 adhirió a una disidencia de la JP que sostenía una posición más ortodoxa respecto de la conducción del general Perón. Y al poco tiempo abandonó toda forma de militancia política. La operación inscripta en el Plan Cóndor tuvo por objeto bastardo el enriquecimiento de militares de varias nacionalidades y tropezó con una finalidad de vindicación política. Los servicios de inteligencia de las tiranías del Cono Sur creyeron tener en Carlos Alberto Maguid una fuente de donde arrancar pistas para apoderarse del dinero con que se financiaba la resistencia a la dictadura. Y, frustrados, ejecutaron la condena reservada a todos los comprometidos en el histórico acontecimiento fundacional de los Montoneros. ¿Qué hicieron con él? Sus hijos esperan saber dónde ponerle una flor. Y la Argentina necesita de la verdad para ir cerrando las heridas del pasado. Lima. Junio de 1980. La primera semana del mes de junio de 1980 ocho oficiales del Ejército Argentino, con nombres supuestos y vestidos de civil, arribaron a Lima en una nave de Aerolíneas Argentinas. Traían un rehén (¿o dos?) desde Buenos Aires. Al mando venía un llamado coronel Ronald Rocha, entonces un hombre alto, de unos 45 años, con bigotes, elegante, siempre vestido con finos trajes de paisano. Pero desconocido en las nóminas de personal militar argentino de la época. Indiciosconcurrentes encauzan a vislumbrar cierta afinidad con el apellido Roualdes. Fue distinguido con la asignación de la habitación 226 en el área residencial del Círculo Militar. Se puso a su disposición el teléfono 71-9564, un auto VW naranja, un chofer y un guardaespaldas del ejército peruano. Tres de los oficiales argentinos se alojaron en el Hotel Plaza de Miraflores. Uno de ellos era alto y rubio y otro bajo, gordo, con papada. Los cuatro restantes se instalaron en el Sheraton. El detenido que trasladaban de Buenos Aires se llamaba Federico Frías Alberga, o Alberca. Un obrero metalúrgico de 28 años, activista sindical de larga militancia peronista. Supuestamente, había aceptado “marcar” a sus compañeros. Pero intentó fugar la mañana del 11 de junio de 1980. La segunda detención de Frías estuvo a cargo de un hombre corpulento de unos de 35 años. Persiguió al prófugo corriendo por las calles limeñas al grito de “al ladrón, al ladrón”. Disparó cinco veces al aire. Y en la intersección de las calles Shell con Grimaldo del Solar, lo atrapó con la ayuda de varios peatones. Entre ellos, Pablo Clavijo León, que al retornar de su trabajo recibió la visita de oficiales argentinos: “Mirá pibe, a vos te conviene callarte y no decir nada a nadie”, lo amenazaron. Herido por los culatazos inclementes, Frías fue llevado al Hospital de Emergencia de Miraflores. Lo recibió el guardia civil Mariano Escalante Galicia, con placa 432-32. Su ingreso y salida del hospital está asentado en fojas 370/371 del libro de registros de la Guardia Civil del hospital. Se corroboró su detención en la 21 Comisaría. El mayor comisario Alfredo Ruiz Sánchez lo asentó en el libro de guardia. La rapiña continúa La militante montonera María Inés Raverta, en la ocasión bajo el nombre supuesto Julia Inés Santos de Acebal o Acabal, de 33 años, fue secuestrada en la puerta de la Iglesia Matriz del distrito de Miraflores, Lima, el 12 de junio de 1980. A plena luz y en lugar céntrico: frente al Parque Central. Fue sacada violentamente por varios individuos de un VW placa 3432. La trasladaron a su casa, en Benavídez 455, sexto piso “G”. Según Cristóbal Blas, portero del edificio, la mujer llegó con un hombre “que parecía llevarla a la fuerza”. Poco después entró otro argentino. Detrás de él, otros seis desconocidos ingresaron al departamento y se llevaron a los dos. El argentino era un ex preso político peronista recientemente opcionado: Julio César Ramírez. Ese mismo 12 de junio una mujer argentina de 54 años llamada Noemí Esther Gianetti de Molfino comunicó al recién electo diputado Antonio Meza Cuadra la noticia del secuestro de María Inés Raverta y pidió ayuda porque los alrededores de su casa de Madrid 146, en Miraflores, estaba rodeada por desconocidos. La madre de Plaza de Mayo fue arrebatada aproximadamente a las diez de la noche. Los legisladores llegaron demasiado tarde. Sólo pudieron verificar que la casa, revuelta, estaba vacía. Existe un testigo de la captura de la señora de Molfino. Es el periodista holandés Robert Sprenkls, miembro de la Asociación de Prensa Neerlandesa en ese momento vecino de Miraflores. Gracias al corresponsal extranjero y a Meza Cuadra el caso salió a la luz y se hizo la denuncia. Los prisioneros habrían sido llevados a Playa Hondable, 42 kilómetros al norte de Lima, al centro de esparcimiento del ejército. A Raverta se le sumergió desnuda e intermitentemente en el mar para provocarle ahogamiento. Se la golpeó. Se le aplicó picana eléctrica con aparatos importados ex profeso de la Argentina. Por fin, se practicó con ella el suplicio de Tupac Amaru, usando vehículos en lugar de caballos. La señora de Molfino y Ramírez recién empezaban a andar los caminos del horror. El destino de Frías quizás ya estuviera sellado a esas horas. La cobertura legal Según fuente segura, el 14 de junio se encontraron el embajador argentino Luis Sánchez Moreno y el general Pedro Richter Prada. El 15, Sánchez Moreno viajó de urgencia a Buenos Aires. En la ocasión, Mario Peschiutta, agregado de prensa de la embajada, declaró no tener información oficial sobre los secuestros. Sin embargo, el 19 de junio de 1980 el Ministerio del Interior del gobierno de Morales Bermúdez reconoció el operativo en el Comunicado Nº 00480. Aduce que los cinco detenidos, “miembros del Movimiento Peronista Montonero” habían ingresado al país ilegalmente. Agrega que fueron “extrañados, conducidos a Desaguadero y entregados a las autoridades de Migración de la República de Bolivia” el día 17. En este comunicado sólo figuran Julia Santos de Acebal, Noemí Gianetti de Molfino y Julio César Ramírez. De lo que se deduce que el caso Frías y el de un presunto quinto secuestrado formaron parte de otro operativo, a cargo exclusivamente del comando del Ejército Argentino. También se afirma la presunción de que el otro también habría sido traído desde la Argentina. La propia Lydia Gueiler, presidenta de la nación, negó el ingreso a Bolivia de los montoneros secuestrados. Pero el doctor Aníbal Aguilar Peñarreta, presidente de la sede boliviana de la Asociación Latinoamericana de Abogados de Derechos Humanos, denunciará los hechos. El día 17 de junio de 1980, Raverta, De Molfino y Ramírez fueron entregados a un denominado capitán Roldán. Se trataba en realidad de Fernando Riveros, un paramilitar dependiente del entonces coronel del Ejército Luis Arce Gómez, reconocido amigo de los represores argentinos que fue luego ministro del Interior del gobierno que el 13 de julio derrocó a Lydia Gueiler. En La Paz fueron interrogados por varios argentinos que estaban alojados en el edificio Indiana, 5 piso, de la capital boliviana. Dos murieron, según trascendió. Los verdugos habrían sido un tal Néstor Vignola y el coronel Osvaldo Chimeno. Por ahora, así termina esta historia: inconclusa. Para que el tiempo irreverente no haga lo suyo, hacemos lo nuestro. Madrid. Julio de 1980. El 16 de julio de 1980 dos argentinos alquilaron la habitación 604 del apart-hotel de la calle Tutor número 37, en Madrid. El 21 de julio la policía española dio cuenta del hallazgo en ese apartamento de un cuerpo femenino de unos cincuenta años, de identidad desconocida. Era Noemí Esther Gianetti de Molfino. El cuerpo mostraba evidencias de haber muerto tres días antes, sin encontrarse signos exteriores de violencia. Al realizar la autopsia, los médicos de la morgue madrileña comprobaron la presencia de sustancias extrañas en sus vísceras. Dictaminaron en su particular argot: “Muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria provocada por causas exógenas”. Junto al cadáver envenenado se encontraron dos pasaportes falsos, uno de los cuales fue utilizado por Gianetti de Molfino para ingresar a España. El otro, a nombre de Almirón. El dato extraño o tal vez siniestro: con una ficha dactiloscópica que llegó a Madrid con sospechosa celeridad, se comprobaron impresiones dactilares correspondientes a Julio César Ramírez, muerto en Bolivia muchos días antes. La prensa argentina complaciente con la dictadura había informado: “Hallaron en Madrid el cadáver de una presunta desaparecida”. Los Molfino/Gianetti radicaban en Resistencia, Chaco. El falleció en 1963. Era dirigente desarrollista; ella no se pudo dedicar a la política: tuvieron seis hijos. Hacia la década del 70, algunos se orientaron hacia la izquierda e ingresaron al PRT/ERP y otros se hicieron peronistas y se aproximaron a la JP y a los montoneros. Noemí Esther acompañó en su compromiso a sus hijos. Aprendió a convivir con la clandestinidad. Conoció todas las cárceles del país. Tomó contacto con los familiares de presos y con el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Colaboró con el peronismo montonero y en las campañas de denuncia de violación a los derechos humanos. Viajó repetidamente al exterior a concretar contactos con organismos internacionales. Hizo presencia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí dijo: “La experiencia que nos dio la lucha diaria de las Madres de Plaza de Mayo, menuda en sus logros, nos hizo madurar. Comprendimos que cada caso es todos los casos, que de lo individual debíamos pasar a lo genérico y que estamos en presencia de una violación masiva del derecho humano por antonomasia: el derecho a la vida”. A la hora de su captura en Lima, tres de sus hijos habían sido secuestrados. Una de ellas, casada con el dirigente montonero Guillermo Amarilla, está desaparecida junto a su esposo. Clamor unánime Al revelarse los hechos de Perú se desató una oleada de protestas: exigían a los gobiernos de Argentina, Perú y Bolivia el esclarecimiento de los secuestros. Y los dos países del altiplano sufrían para aquellos días grandes cambios. En mayo de 1980 –inmediatamente antes de los últimos secuestros– el arquitecto Fernando Belaúnde Terry había ganado las elecciones presidenciales. Con el nuevo régimen adquirieron vigencia las garantías del estado de derecho. Los legisladores de la izquierda peruana se lanzaron entonces a la investigación del escándalo desatado por la internacional del terror en Lima y Bolivia. Y varios viajaron a La Paz. En Bolivia, el 29 de junio de 1980 se celebraron elecciones presidenciales. Triunfó Hernán Siles Zuazo, quien prometió una revisión a fondo de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus antecesores. Al cambiar las condiciones políticas y tener noticias de la llegada de parlamentarios de Perú a Bolivia, los captores de la señora de Molfino la embarcaron en un avión comercial a España. Fue conducida en una silla de ruedas por una paramilitar vestida de enfermera. Llegaron a Madrid en el vuelo de Varig el día 18 de julio. A su llegada, según la policía, estaban esperándola dos personas, probablemente las mismas que alquilaron el departamento de la calle Tutor. El conocimiento de los agentes españoles sobre los movimientos de la señora de Molfino dio lugar a gruesas sospechas. ¿Cómo era posible que la policía supiera tanto de un pasajero común entre tantos millares de viajeros a Barajas? La prensa madrileña informó ampliamente sobre el “escándalo Molfino”. El portavoz del grupo parlamentario socialista, diputado Luis Yáñez, cuestionó “la impunidad con que los servicios de inteligencia argentinos parecen moverse en nuestro país”. El legislador del PSOE Pablo Castellano propuso denunciar a “quienes resulten responsables materiales y cómplices en el presunto asesinato”. El juez Baltasar Garzón tiene aquí un caso para investigar sin dificultades de competencia, pues el crimen ocurrió en territorio español. Recién el 10 de diciembre de este año fueron repatriados los restos de Noemí Gianetti de Molfino, que ahora reposan en el Chaco. Sus hijos, Miguel Angel, Alejandra Noemí, Liliana Estela, José Alberto y Gustavo Carlos, reclaman colaboración para esclarecer los hechos. * Colaboración: Claudia Allegrini y Mariano Carril.
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