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Por Sandra Russo  De acuerdo a la
mitología de la que han dado cuenta innumerables telenovelas, siempre es la chica (mala)
la que usa un embarazo no buscado para “enganchar” al galán que, si es noble,
no sólo no osará insinuar la interrupción de la gestación sino que le hará honores y
estampará su firma en el acta de matrimonio. La realidad está plagada, sin embargo, de
muchos más matices. Esta semana trascendió un caso de La Plata –los nombres de
protagonistas se mantienen en reserva, aunque se sabe que son de clase media y de familias
católicas– en el que un hombre denunció a su novia después de que ella se
realizara un aborto sin su acuerdo. La denuncia, pese a que tiene pocas posibilidades de
prosperar y constituye en sí misma la evidencia de que las leyes argentinas promueven que
una decisión de pareja –íntima si las hay, como que se trata de decidir si se
quiere o no tener un hijo– se convierta en delito de acción pública, deja planteada
una pregunta para volver sobre la cuestión del aborto: cuando ante un embarazo no deseado
ella decide interrumpirlo y él no, ¿a quién le cabe la última palabra?El joven platense, de 24 años, es empresario y su caso fue conocido esta semana merced a una derivación inesperada, ya que el incidente con su novia tuvo lugar el año pasado. Una nueva denuncia, esta vez contra los padres de su ex novia, llevó la historia a los diarios. El joven los acusa de querer amedrentarlo y amenazarlo de muerte a través de sus custodios personales. Cierta o no, esta vuelta de tuerca acerca el caso al rubro policial y lo aleja de su costado más interesante, que es debatir si ante un embarazo no buscado la opinión y el deseo de la mujer y el hombre tienen igual peso, o no. Quieren la tradición y la naturaleza que el hombre le dé al hijo su apellido, mientras la mujer le presta el cuerpo, y los dos ponen en juego emociones profundas, desde el amor más incondicional hasta el rechazo. ¿Puede uno de los dos reservarse el derecho a dirimir, en una situación de conflicto como ésta, si llevar adelante o interrumpir la gestación? Si la respuesta es que la mujer tiene el derecho, ¿qué papel le cabe al padre, apenas el de espectador del proceso? Si la respuesta es que el derecho lo tiene el hombre, ¿por qué la mujer debería prestar su vientre a un embarazo que no buscó y no quiere? En ambos casos, no importa si se está en contra del aborto o a favor de su despenalización: el aborto, se opine de él lo que se opine, ocurre. Todo comenzó a mediados de 1998, cuando en una discoteca platense se conocieron él y ella, dos años mayor, profesora de chicos especiales. Empezaron una relación que incluyó rápidamente la presentación de las familias, y todo iba de parabienes hasta que tres meses más tarde una noticia cayó como un rayo: la confirmación de un embarazo. Siempre según la versión de él, los dos se entusiasmaron e hicieron planes, pero después de la primera visita al médico ella decidió que no era el momento de ser madre. El quiso convencerla, pero no pudo impedir –a pesar de que a fines de setiembre se presentó en el juzgado de turno para denunciar a su novia y al médico que la atendía– que el embarazo fuera interrumpido. La denuncia tiene pocas posibilidades de prosperar porque, como dice la abogada Julieta Masagüe, “hay que demostrar que la mujer estaba embarazada, y que al momento del aborto el feto estaba vivo. Eso es muy difícil”. La mayoría de las denuncias por aborto las realizan, para cubrirse, los médicos a los que las mujeres recurren para atenderse por las complicaciones derivadas de la intervención. La pena por el delito de aborto, tanto para la mujer como para el médico que lo realizó, puede llegar a cuatro años. Pero si la mujer fue mal atendida –el caso de los centenares de mujeres que llenan camas de obstetricia en los hospitales públicos– queda eximida de la pena: se considera que ya pagó el delito con el perjuicio a su propia salud. Producción: Soledad Vallejos
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