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Por Laura Vales  La
situación de los cuatro millones de afiliados al PAMI es día a día de mayor
incertidumbre. Ayer la Justicia suspendió la adjudicación de los servicios médicos de
la obra social a las tres empresas que ganaron la licitación, pero el directorio del PAMI
informó oficialmente que apelará el fallo y continuará con el proceso de
transformación iniciado. “El cronograma sigue igual; a partir del miércoles (por
mañana) los beneficiarios podrán elegir en qué red de salud anotarse”, dijo a
Página/12 un vocero de Víctor Alderete. En la práctica, esto significa que jubilados y
pensionados deberán optar por alguna de las tres administradoras aunque la calificación
de estas empresas no esté consolidada, la licitación permanezca frenada por la Justicia
y no se hayan firmado los contratos entre el PAMI y las gerenciadoras. El nuevo parate a la polémica licitación se originó en un recurso de amparo presentado por Susana Torello, una jubilada de 83 años que fue asesorada por cuatro diputados de la Alianza. En el escrito, Torello cuestionó dos cláusulas de los pliegos consideradas esenciales: la que fija el porcentaje que cobrarán las administradoras y la que les asegura una indemnización en caso de rescisión de los contratos. El viernes, ante la inminencia del traspaso, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Martha García hizo lugar a su presentación y dictó una medida cautelar con la que ordenó suspender la adjudicación, hasta tanto se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la nulidad o no de la virtual privatización del PAMI. Esta es la segunda vez en menos de 30 días que la Justicia frena una de las mayores licitaciones del año, en la que están en juego unos mil millones de pesos anuales. La primera ocurrió el 14 de enero, cuando la jueza María José Sarmiento suspendió –y luego ordenó continuar– el proceso, ante un pedido de la defensora del pueblo porteño, Alicia Oliveira. La diputada radical Elisa Carrió, quien junto a sus pares Eduardo Santín, Margarita Stolbizar y Cristina Guevara asesoraron a Torello, explicó así los fundamentos de la presentación: “Los pliegos determinan que las administradoras de salud se quedarán con un 15 por ciento de lo que el PAMI pague por cada jubilado, pero el propio Alderete admitió al ser interpelado en Diputados que el gasto total de las gerenciadoras nunca es mayor del 6 o 7 por ciento. Hay 9 puntos de diferencia, lo que para nosotros constituye un negociado. Pagarles el 15 por ciento nos parece antojadizo; las empresas tendrían así una ganancia limpia que ronda los 90 millones de dólares libres anuales”. Carrió recordó, por otra parte, que cuanto mayor sea el porcentaje que quede en manos de las administradoras, menor será el dinero disponible para dar prestaciones concretas a los jubilados. El segundo punto de la impugnación es el monto que recibirán las empresas en caso de rescisión de los contratos. “Ahora los acuerdos con las actuales gerenciadoras se renuevan por año y no hay derecho de indemnización”, explicó la diputada. “Con el nuevo sistema se les otorga un resarcimiento escandaloso, aunque el PAMI haya bajado su monto original de 600 a 160 millones.” Los legisladores de la Alianza consideran que las administradoras tendrán entre manos un negocio con ganancias aseguradas desde el primer día, por lo que no se les debería otorgarse el beneficio de indemnización alguna. El PAMI fue notificado de la suspensión ordenada por la Justicia federal cuando estaba a punto de consolidar la adjudicación. En una reunión prevista para hoy, el directorio de la obra social debía analizar las conclusiones del comité que calificó a las empresas Argentina Salud, Siglo XXI y Plan Azul, para dar o no su conformidad, un paso previo a la adjudicación definitiva del sistema. Según fuentes cercanas al organismo,el directorio realizará este encuentro a pesar de la medida de la jueza García, aunque a última hora de ayer no estaba confirmado si se firmará alguna resolución. Mientras desde la obra social se enmarcó el fallo judicial “en una clara maniobra política de la Alianza”, el bloque de diputados nacionales del PJ atribuyó la presentación de Torello “a la desesperación electoral de la oposición” y advirtió que exigirán a sus colegas de la UCR que “se hagan cargo de las consecuencias de estas acciones que impulsan contra los jubilados”. La decisión de fondo sobre el pedido de nulidad de la licitación podría conocerse en menos de diez días, porque tanto el PAMI como los denunciantes ya han presentado a la jueza García la documentación en base a la cual debe expedirse.
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