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Por Victoria Ginzberg  El abogado
de Emilio Eduardo Massera, Marcelo Arce Aggeo, adelantó que expondrá hoy ante la Cámara
Federal porteña los fundamentos sobre “cosa juzgada y prescripción de la acción
penal” a favor de su defendido en la causa en que se investiga el plan sistemático
para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Sin embargo, la audiencia en que debía
realizarse esta presentación está suspendida hasta que la camarista Luisa Riva Aramayo
se expida sobre la recusación en su contra interpuesta por los abogados de seis abuelas
de Plaza de Mayo. Mientras tanto, sigue el ataque de los militares imputados contra el
juez Adolfo Bagnasco. En el escrito, Arce Aggeo lo acusa de “prevaricato”.“Los términos de prescripción se encuentran cumplidos a partir de que debe computarse dicho tiempo a partir del abandono del denominado aparato del poder estatal, que para Emilio Eduardo Massera, de haber participado, expiró a partir de su retiro como miembro de la denominada Primera Junta Militar”, consta en el documento que Arce Aggeo intentará presentar hoy. Para el abogado del dictador, los términos de la prescripción deberían empezar a correr desde el 15 de septiembre de 1978, fecha en que Massera dejó de ser comandante en jefe de la Armada, ya que, según afirma, “cuando abandona el aparato de poder, deja de tener control de la situación”. Sin embargo, en el mismo documento consta que “el autor resulta ser quien tiene el poder de hacer cesar el hecho” y Massera todavía guarda silencio sobre el destino de los bebés que fueron robados. Arce Aggeo sostiene también que los delitos por los que está procesado Massera no son permanentes. Para el abogado, no se tratan de “privaciones ilegales de la libertad” sino simplemente de “posible omisión en el control de la adjudicación del nacido”. Sobre la “cosa juzgada” el argumento es el mismo que se repite desde que Jorge Rafael Videla fue detenido por el juez Roberto Marquevich, es decir, que en el Juicio a los Comandantes se juzgaron todas las apropiaciones de menores, aunque sólo fueron considerados seis casos. Los fundamentos sostenidos por este abogado ya fueron rebatidos por el de la querella, por el juez Bagnasco y el fiscal Eduardo Freiler. Además, la fiscalía de Cámara ya se expidió contra estos argumentos en el caso de Videla. El fiscal subrogante Ricardo Sáenz afirmó en diciembre que los casos investigados “tienen carácter de permanente”, es decir que no pueden considerarse prescriptos mientras los chicos permanezcan en poder de sus apropiadores. En relación a la “cosa juzgada” aseguró que los secuestros de bebés que se investigan ahora “no se conocían puntualmente” cuando se condenó a los integrantes de las tres juntas militares y por lo tanto “no es posible que hayan sido juzgados”. El abogado de Massera tiene previsto presentar hoy su escrito, en el que se desliza una denuncia por “prevaricato” (es decir, dictar una resolución contra la ley invocada por las partes) pero –según se informó en la Cámara– aunque se reciba el documento el tema no se resolverá hasta que Riva Aramayo opine sobre su recusación. Los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo acusaron a la jueza por prejuzgamiento. Aseguraron que no investigó la desaparición de los únicos cuatro expedientes administrativos sobre desaparecidos que no fueron destruidos por el gobierno militar.
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