|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Eduardo Febbro desde París  Por primera vez en la historia
judicial francesa, tres responsables políticos de alto rango, entre ellos un ex primer
ministro, comparecen desde ayer ante una corte especial respondiendo a los cargos de
"homicidio involuntario" y "daños involuntarios a la integridad física de
las personas". Los socialistas Laurent Fabius, ex jefe de Gobierno de François
Mitterrand; Georgina Dufoix, ex ministra de Salud; y Edmond Hervé, antiguo secretario de
Salud, son las tres personalidades políticas directamente implicadas en el escándalo de
la sangre contaminada con el virus del sida distribuida a sabiendas en 1985. El juicio
sobre este desastre sanitario que provocó 1500 muertos es el anteúltimo capítulo de un
drama en cuyo desenlace se combinan los intereses económicos, la guerra entre un
laboratorio francés y otro norteamericano, Pasteur versus Abbot, el escaso conocimiento
que se tenía en los 80 sobre el sida y la responsabilidad de los dirigentes políticos en
materia de salud pública.
Los tres ministros socialistas --que ayer se declararon inocentes-- son juzgados por una jurisdicción especial creada para enjuiciar a los políticos, la Corte de Justicia de la República, y corren el riesgo de ser condenados con penas de hasta tres años de cárcel. Con diferentes niveles de responsabilidad, a los tres se les reprocha haber "frenado" voluntariamente el uso de un test de la sangre fabricado por el laboratorio norteamericano Abbot para favorecer así un procedimiento "nacional" elaborado por el Instituto Pasteur, dirigido entonces por el descubridor del virus del sida, el profesor Jean Luc Montagnier. El segundo cargo atañe la responsabilidad de uno de los tres políticos, Edmond Hervé, en la libre distribución, hasta setiembre de 1985, de productos contaminados con el virus en los medios hemofílicos de Francia. A causa de las transfusiones con sangre contaminada, unas 4000 personas resultaron infectadas con el virus. Recién en agosto de 1985 se empezó a emplear un test eficaz que permitía identificar con precisión a los donantes de sangre portadores del virus. Las víctimas, que protagonizaron un extenso combate para conseguir el proceso de los responsables políticos del caso, alegan que el gobierno de entonces demoró la generalización de los test por razones puramente económicas cuando en realidad, por poco que se conociera la realidad del sida, ya existían métodos para prevenir su contaminación a través de las transfusiones. Prueba irrefutable de ese argumento es la comparación de los porcentajes de contaminados con respecto de otros países. En Francia hubo un 60 por ciento más que en los demás países de Europa. Las implicancias del juicio que se inició ayer alcanzan proporciones insospechadas. Las familias de las víctimas y los contaminados que sobrevivieron ya habían obtenido a lo largo de 15 años de combate judicial que se condenara a los responsables del Centro de Transfusión sanguínea, a los hospitales y clínicas privadas que, aun estando al corriente del desastre, prefirieron usar la sangre contaminada. A varios niveles, la irresponsabilidad de los dirigentes ligados a la salud resulta espeluznante para un país del Primer Mundo. El escándalo de la sangre contaminada le costó a Laurent Fabius su carrera política. Considerado como el heredero de Mitterrand, Fabius lleva desde hace diez años el fardo de una acusación que le cortó las alas hacia la presidencia. Al vincular a los políticos con una falta colectiva de esa naturaleza, la Corte de Justicia, a la que Fabius se sometió a pedido de él, extiende la responsabilidad penal a la responsabilidad política. No son los electores quienes juzgan una acción política sino la misma Justicia. La larga cadena de responsabilidades en el seno del Estado y de los organismos de salud ya era conocida gracias a los juicios anteriores y a las investigaciones de la prensa. Sólo faltaba enjuiciar a quienes, secretamente, aportaron su caución política al desastre.
|
