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Por Laura Vales  La Justicia suspendió
por tercera vez la licitación de los servicios médicos del PAMI y prohibió al instituto
que afilie a los jubilados al nuevo plan de salud hasta tanto se les garantice un plazo
razonable para que puedan elegir a conciencia entre las tres redes que administrarán el
sistema. Pero el PAMI, en un abierto desafío al fallo judicial, ratificó que seguirá
adelante con el proceso y aseguró que a partir del lunes comenzará con las
inscripciones. La decisión fue confirmada oficialmente a este diario por Gonzalo
Panceira, secretario general de la obra social. El nuevo parate a la virtual
privatización del instituto fue ordenado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo
Federal, con un fallo que señala que, antes que nada, se debe asegurar la libertad de
opción a los usuarios o consumidores. La sentencia puntualiza que el marco regulatorio y
los pliegos de licitación redactados por el PAMI no salvaguardan el derecho de los
jubilados a recibir información cierta y completa, y por consiguiente sus posibilidades
para elegir “de una manera reflexiva y razonada” están vulneradas. Los jueces
Guillermo Galli, Alejandro Uslenghi y María Jeanneret de Pérez Cortes dieron lugar así
a un recurso presentado por la defensora del Pueblo Alicia Oliveira, que había sido
rechazado enprimera instancia. Por su parte, el titular del PAMI, Víctor Alderete, dijo
anoche en el programa de televisión “A dos voces” que la entidad presentará un
nuevo recurso contra este último fallo.El traspaso de los servicios médicos para cuatro millones de jubilados a manos privadas siguió ayer un juego de marchas y contramarchas. Pasado el mediodía los abogados del PAMI lograron que una orden que frenaba las adjudicaciones –dispuesta por la jueza federal Martha García– quedara en suspenso. Así obtuvieron un resquicio legal para firmar los convenios con Siglo XXI, Argentina Salud y Plan Azul, las tres gerenciadoras ganadoras del concurso. Los hombres de Víctor Alderete convocaron de inmediato a los representantes de estas gerenciadoras y a las cinco de la tarde comenzó la firma de los contratos. Mientras tanto, en una carrera contra reloj, el PAMI llamó a una conferencia de prensa. A las seis se anunció formalmente el lanzamiento del nuevo sistema. “Tenemos abierto el camino para continuar”, señaló entonces Carlos Santander, uno de los integrantes del directorio, quien agregó: “Nos apuramos a firmar los contratos para poder mostrar las redes prestacionales, para que los afiliados elijan sabiendo qué eligen”. Santander aseguró que los listados con los sanatorios y médicos de cada administradora estaban completos y en manos de los tres mil empleados del instituto que deberán informar a los jubilados. Pero una hora más tarde el directorio fue notificado de la medida cautelar de la Cámara, que dispuso otra vez la paralización del proceso. Desde la obra social se aduce ahora que, como esa sentencia fue notificada 55 minutos después de la firma de los contratos, su cumplimiento es imposible. “Todo seguirá su curso según lo previsto”, dijo a Página/12 el secretario general Gonzalo Panceira, quien ratificó que el lunes comenzarán los trámites de afiliación. Además, a través de un comunicado, el instituto acusó a los camaristas de perseguir “claros fines políticos”. La resolución conocida ayer es una medida cautelar, es decir que aún falta que los camarista se expidan sobre la nulidad o no de todo el proceso de licitación. En su presentación, la Defensoría del Pueblo porteño cuestionó puntos centrales de los pliegos de licitación, entre ellos que no existen mecanismos eficientes para controlar que las Redes de Salud brinden una buena calidad de atención médica. En segundo lugar, Alicia Oliveira indicó que tampoco está claro cómo se va a sancionar a los grupos empresarios en el caso de que no brinden prestaciones. Otro de los puntos de la impugnación está centrado en que los médicos y sanatorios subcontratados por las administradoras de salud no tenían una completa garantía de cobrar por sus servicios. Por último, se cuestionó el monto de la indemnización con la que se beneficiarían las redes ante la rescisión de los contratos; aunque esto fue modificado por Alderete –que rebajó este resarcimiento de 600 a 160 millones–, la cifra sigue siendo considerada excesiva. La batalla judicial en torno al cuestionado proceso de licitación tendrá nuevos capítulos. El Centro Nacional de Jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado comenzó a distribuir ayer un modelo de recurso de amparo, con la intención de que los jubilados comiencen a sembrar en los juzgados de todo el país presentaciones individuales reclamando la nulidad de la adjudicación. Mientras tanto, hay una decena de demandas sobre los escritorios de jueces de la Capital Federal, Posadas y Rosario, que esperan una resolución. Al cierre de esta edición Alderete admitió la existencia del fallo que suspende la privatización y anticipó que interpondrá un recurso extraordinario contra la decisión de la Cámara.
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