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 Como quien
busca a los responsables de un crimen –y es exactamente eso lo que quieren
decir–, los familiares de las víctimas del avión que cayó en Fray Bentos en 1997
ofrecen una recompensa de un millón de dólares “a las personas que suministren
información y pruebas ciertas sobre la responsabilidad de los directivos de Austral o
Aerolíneas Argentinas o de cualquier funcionario público” en el accidente. Según
los familiares existe una “cadena de encubrimientos” que incluiría a la Junta
Investigadora de Accidentes dependiente de la Fuerza Aérea: “Encubren a la gente de
Austral para encubrirse ellos mismos”.“Decidimos ofrecer una recompensa que permita hablar a quienes no hablan por razones como el miedo a perder el trabajo –contó a este diario Norberto Caputo, uno de los familiares–. Le pusimos precio a la cabeza de los directivos de Austral.” El dinero ya lo juntaron, entre todas las familias: “Cada una puso lo que pudo”. Según Caputo, “los pilotos no se atreven a decir que los directivos los aprietan para que vuelvan con el avión a Aeroparque en las condiciones que fueren”. Denunció también que “muchas veces los informes sobre fallas no se asientan en el libro donde deben registrarse, sino que les llegan a los técnicos en papeles aparte: es porque, cuando el avión va a verificación técnica, corre el riesgo de no ser habilitado si tuvo muchas fallas”. Los familiares también critican el informe de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina: “Están encubriendo a la gente de Austral para encubrirse ellos mismos”, sostiene Caputo. Según los familiares, ese informe “fue realizado con el único ánimo de exculpar responsabilidades que le caben a la Dirección Nacional de Aeronavegación, también dependiente de la Fuerza Aérea, por no haber cumplido sus obligaciones como ente de contralor de las empresas aerocomerciales”. Caputo observó que “el informe parece hecho, no por técnicos, sino por abogados, tratando de rebatir lo que la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos del Uruguay marca como errores de la Fuerza Aérea Argentina”. Según el informe de los peritos uruguayos, los pilotos cometieron el error de desplegar los slats, que, en la parte delantera de las alas, a bajas velocidades aumentan la sustentación de la nave pero a altas velocidades producen el efecto inverso. La Comisión uruguaya vincula esto con el mal funcionamiento de uno o más de los velocímetros, que marcaban de menos porque los tubos pitot, que miden la velocidad del aire en el exterior del avión, se habían congelado, porque su sistema de calefacción era defectuoso o no estaba activado, y el avión carecía de alarma que lo indicara. José Luis Fuentes, otro de los familiares, sostuvo que “desde 1978 los aviones ya se fabrican con esa alarma y, según las normas de Estados Unidos, los modelos anteriores –como lo era el avión accidentado– deben agregarla. En la Argentina, la Dirección Nacional de Aeronavegación lo dispuso también así en 1987, pero el avión de Austral no tenía la alarma, y ahora las autoridades dicen que lo dejaban volar porque tenía un permiso hasta el 31 de marzo de 1998. Instalar la alarma sólo cuesta 20.000 pesos”. Ahora las sumas en juego son mucho mayores. La demanda en conjunto de los familiares es por 300 millones de dólares, contra Aerolíneas Argentinas-Austral y, en forma personal, contra Manuel Moran (presidente de Austral en el momento del accidente) y Mario Sruber (entonces vicepresidente ejecutivo y hoy gerente general de la misma empresa). Ante la consulta de este diario, un vocero de Aerolíneas Argentinas-Austral respondió que “no vamos a hacer ningún comentario”. Anoche los familiares, nuevamente, hicieron un minuto de silencio en el hall de arribos de Aerolíneas-Austral, en el Aeroparque Jorge Newbery.
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