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 La
Defensoría General de la Nación hizo ayer una nueva presentación ante el juez en lo
Penal Económico Marcelo Aguinsky para que se declare incompetente en una de las causas en
que se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y, en consecuencia, eleve el
expediente a la Corte Suprema. El argumento de la defensoría es que ya existen elementos
suficientes que demuestran que la venta de armamento se hizo de gobierno a gobierno, lo
que implicaría que el caso debe estar ineludiblemente en manos del alto tribunal. A su
vez, dicen los voceros del defensor oficial Luis Cayuela, bastaría que uno de los tres
expedientes clave sobre armas llegue a la Corte para que pasen los otros dos, a cargo de
los jueces Jorge Urso y Julio Speroni. Esta no es la primera vez que la defensoría oficial trata de pasar la investigación judicial sobre venta ilegal de armas a la Corte. Es uno de los mayores anhelos del gobierno de Carlos Menem, en la medida en que están involucrados y con destino aún incierto el jefe del Ejército, Martín Balza, el canciller Guido Di Tella y el ex ministro de Defensa y actual titular de Trabajo, Erman González. Ya en noviembre Cayuela había pedido al juez Aguinsky que se inhibiera para pasar la posta al máximo tribunal, donde el oficialismo cuenta con mayoría a su favor. En ese entonces, el magistrado respondió que todavía no había ningún fundamento para hacerlo. El nuevo reclamo de la defensoría se basa en que el fiscal Roberto Leanza acaba de hacer la misma solicitud a Aguinsky. Lo hizo en función de publicaciones periodísticas que acreditarían que hubo trato directo entre los estados para concretar la venta de armamento, lo que sentaría la competencia cortesana. Leanza argumentó que ante la imposibilidad de obtener respuestas de las autoridades croatas “vuestra señoría debe declinar su competencia en orden a los hechos concernientes a la exportación de armas a la República de Croacia en favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Dice también que es “imperiosa” la intervención de los supremos ante “la mera posibilidad de que la atribución de responsabilidad de miembros del gobierno croata vea comprometido el buen entendimiento entre los gobiernos, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones”. Según un comunicado girado por Cayuela, si el expediente va a la Corte “también procedería a la unificación de las causas en las cuales se lleva el tema de la venta y/o contrabando de armas, incluida la de falsedad ideológica (...) si está comprometido el interés de un Estado extranjero en una causa, lo está en todas las referidas al mismo hecho”. También recuerda que los abogados de Luis Sarlenga, ex titular de Fabricaciones Militares, también pidieron la intervención del tribunal superior en la causa que lleva Speroni por la venta de pólvora. La última táctica del Gobierno para atenuar los efectos de la causa que están en manos de Urso fue anunciar que Balza, Di Tella y González se presentarían espontáneamente, en marzo, a declarar ante el juez. El nuevo golpe de timón de la defensoría podría evitar llegar a esa instancia. O tal vez sea sólo un intento más de estrategia en la que nunca se logró que un país extranjero se presentara como querellante.
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