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 Después del
impeachment norteamericano, llegó el paraguayo. Setenta y cuatro legisladores contra 38
votaron ayer en Asunción iniciar un juicio de destitución al presidente Raúl Cubas. Lo
acusan de violar la Carta Magna guaraní para proteger a su mentor político, el ex
general golpista y político populista Lino Oviedo. En su alegato ante las dos Cámaras
reunidas, el senador vitalicio y ex presidente Juan Carlos Wasmosy calificó a su sucesor
Cubas de “marioneta política”. Pero aunque los disidentes dominan en el
Congreso, no cuentan con votos suficientes como para destituir al presidente. Con la fórmula “Cubas al gobierno, Oviedo al poder”, Raúl Cubas arrasó en las elecciones de mayo de 1998 con el 54 por ciento de los votos. Pero desde entonces el Ejecutivo está librando una batalla contra los poderes Legislativo y Judicial. La oposición del aparato de poder paraguayo creció al mismo tiempo que el apoyo popular Lino Oviedo a partir de la victoria de éste en las internas del Partido Colorado en setiembre de 1997. El entonces presidente, Juan Carlos Wasmosy, decidió reencausar a Oviedo con la excusa del levantamiento de abril de 1996, por el que la justicia civil ya lo había condenado a 30 días de cárcel. Rápidamente, Wasmosy creó un tribunal militar especial para condenarlo a 10 años de cárcel. La sentencia fue avalada por la Corte Suprema en una reñida votación de cinco contra cuatro votos. La candidatura de Oviedo quedó así excluida, lo que significó en la práctica que su segundo en la fórmula, Cubas, quedara como candidato a presidente. Sólo tres días después de asumir, Cubas cumplió con su promesa electoral de liberar a Oviedo. Pero el Congreso, de mayoría opositora y que previamente había arrebatado al presidente la facultad de indultar, denunció a Cubas ante la Corte Suprema, la que a su vez declaró inconstitucional el decreto por el que Oviedo había sido liberado el 2 de diciembre. Cubas repudió el control constitucional de la Corte. La semana pasada, Wildo Rienzi, presidente del tribunal supremo paraguayo y amigo del vicepresidente Luis María Argaña, le dio un plazo de 72 horas al presidente para que encarcelara a Oviedo. El ministro de Justicia, Max Narváez, replicó que el presidente de la Corte “era un payaso”. El presidente Cubas adujo que Oviedo se halla libre al haber sido sobreseído por el mismo tribunal militar que lo había condenado durante la presidencia de Wasmosy. Esto era cierto: al asumir, Cubas había reconstruido al tribunal militar con la misma velocidad y eficacia que Wasmosy había demostrado al erigirlo, y los jueces castrenses probaron también aquí su coincidencia con los puntos de vista del Ejecutivo. Cubas fue más allá y acusó a Rienzi de integrar un grupo conspirador formado por los partidarios del ex dictador Alfredo Stroessner –quien gobernó Paraguay durante décadas– y por otros opositores para destituirlo y anular políticamente a su padrino político, Lino Oviedo. Los temores exteriorizados el miércoles por allegados de Cubas, que denunciaron que el Congreso llevaría adelante un “golpe parlamentario” para derrocarlo, no se cumplieron. Los oficialistas esperaban declaraciones muy hostiles por parte de los enemigos de Cubas, pero finalmente los mismos críticos acérrimos del gobernante hicieron algo parecido a un llamado a la pacificación nacional. Es que, una vez iniciado el impeachment, la oposición deberá votar los cargos o acusaciones concretas, y para ello calcula que sólo cuenta con 51 votos (y necesita 54 para alcanzar los dos tercios de los 80 legisladores de la Cámara baja). Su única esperanza sería que algunos seguidores de Cubas votaran por condenarlo, al considerar que la conducta del presidente “tipifica claramente mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, según la redacción del documento votado ayer. Desde Brasilia, donde está reunido con el presidente Fernando Henrique Cardoso, Cubas anunció que renunciará si el resultado de la votación del impeachment se lo pidiera. Pero esto por ahora es solamente una hipótesis, porque sabe muy bien con cuántos votos leales cuenta.
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